Asalto a la caje

Estos Sres., son los que exhortan a que se baje el sueldo a los trabajadores, los que quieren que se quite la indemnización por despido improcedente, los que exigen el desmantelamiento de la Seguridad Social, que se pongan más requisitos al cobro de la jubilación de los trabajadores y trabajadoras, etc, etc, etc.

 

A día de hoy no hay nadie en la cárcel por esto, ni detenido ni retenido ni interrogado. ¿Por qué el PSOE se rasga las vestiduras ahora si lo ha venido permitiendo con su apoyo al capitalismo y sus leyes en defensa de los ricos?¿Será que hay elecciones pronto?

Hace un mes, aproximadamente, PPSOE votaron juntos en el Congreso para que no se les quitara a los expresidentes del gobierno la pensión vitalicia si cobraban de otros sitios, como Consejos de Administración. Más de lo mismo.

José Luis Méndez cobró de Caixa Galicia 16,5 millones por jubilación

Un contrato blindado con un retiro de 16,5 millones de euros. Ese fue el precio que pagó la antigua Caixa Galicia, ahora fusionada con Caixanova, para decirle adiós a quien durante 29 años fue su primer ejecutivo, José Luis Méndez. Descontados los impuestos, percibió 8,5 millones del fondo de pensiones de la entidad y otros 2,7 como indemnización por rescisión anticipada de su contrato. Las cantidades netas fueron avanzadas por El Confidencial

El retiro dorado se conoce el día en que la caja comunicó a los sindicatos que la obra social es "insostenible". No hay dinero para mantener el ingente patrimonio inmobiliario (93 edificios nobles y otras sedes) y más de 300 empleados, que temen despidos.

La de Méndez es la cuantía más alta -de las conocidas- recibida por un alto cargo de cajas en España. Sumada a las prejubilaciones en Novacaixagalicia, la entidad que aglutinó a las cajas gallegas, la cifra alcanza 40 millones. El proyecto recibió dos inyecciones de dinero público (3.600 millones) y está ahora en manos del Estado en un 93%.

Fuentes cercanas a Méndez señalan en su descargo que esa cifra es la acumulada para su pensión a lo largo de 29 años como director general en la caja, y que dejó su puesto renunciando a parte de la indemnización que le habría correspondido al tener un contrato blindado que le permitía alargar su vida laboral hasta los 70 años

Méndez, que presumía de haber convertido una caja provincial en una de las seis mayores del país, también fue el artífice de la expansión territorial de Caixa Galicia, que pagó caras sus inversiones en el ladrillo. Ahora arrecian las críticas, pero el 16 de septiembre de 2010, cuando con 65 años comunicó que se marchaba, el consejo le aplaudió. "No se habló de su jubilación, lo único que nos dijeron es que renunció a ciertas cantidades y que por razones de seguridad, la caja seguiría sufragando durante 24 meses la empresa que se encarga de vigilar su casa", recuerda un exconsejero.

"El consejo entendió la decisión personal de Méndez, agradeciendo y elogiando la ingente tarea de quien ha sido el primer ejecutivo de la caja gallega durante los últimos 29 años", dijo la nota oficial.

Su vinculación con Caixa Galicia continúa en la presidencia de la fundación Claudio San Martín, que le proporciona coche oficial y secretaria. También forma parte de varios consejos de administración en representación de Novacaixagalicia, como el de Sacyr (retribución anual bruta de 66.000 euros más 22.000 por la comisión de nombramientos) o el de Tecnocom (93.000 euros).

"Hay que levantar las alfombras y abrir las ventanas", reclamó ayer UGT, en referencia al también dorado retiro, en 2006, de otro exdirectivo de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, ahora copresidente de la entidad y consejero del banco resultante.

"En 2002 había más de 700 millones de pesetas en el fondo (cuatro millones de euros). No hace falta ser muy listo para saber que era de Gayoso", dijo José Ramón del Pliego.

Por otra parte, la exdirectora de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, ha sido denunciada ante la Audiencia Nacional por el abogado Diego de Ramón, que acusa a los directivos de estafa, falsedad documental y un delito societario. El caso está en manos del juez Fernando Grande-Marlaska, informa Manuel Altozano.