Los expresidentes con sueldo privado seguirán cobrando pensión pública
PP y PSOE rechazan la propuesta de las minorías para hacer incompatible el doble ingreso
Conservadores y socialistas reeditaron la alianza que les permitió tumbar en la anterior legislatura cualquier intento de los grupos minoritarios del Congreso por acotar las prerrogativas de los expresidentes del Gobierno. PP, PSOE y CiU cerraron el paso a la iniciativa de UPyD que pretendía limitar las pensiones públicas que acolchan su retiro y declararlas incompatibles con los ingresos privados.
Su proponente, Carlos Martínez Gorriarán, apeló a la "ética pública" para defender la iniciativa de su grupo. "Si al 99,9% de los ciudadanos se les prohíbe compatibilizar pensiones públicas y retribuciones privadas, estamos hablando de un privilegio y nosotros abogamos por el principio de igualdad ante la ley", justificó, invocando también la "ejemplaridad" que se espera de quien ha ostentado responsabilidades tan altas como las de un jefe del Ejecutivo.
"Los ciudadanos nos piden ejemplo" apela el portavoz de IU-ICV-CHA
La iniciativa ha recorrido ya varias veces el viaje de ida y vuelta en el Congreso, cobrando especial vigencia hace un año, después de que se hiciera público el fichaje del expresidente Felipe González por Gas Natural con un sueldo mínimo de 126.000 euros anuales y tras conocerse el desembarco de José María Aznar en Endesa por 200.000 euros que se suman a otros ingresos que superan el millón de euros anual en otras firmas privadas.
Ambos perciben del Estado, además, 80.000 euros anuales de pensión vitalicia en su calidad de expresidentes. Una u otra. O pensión pública o retribución privada. "Que tengan que elegir", resumió intenciones Gorriarán. Desde ERC, Joan Tardà consideró "impúdica" esta compatibilidad de ingresos. El diputado republicano reprochó a PSOE y PP que hayan "blindado la jubilación de oro de Aznar y Felipe González".
José Luis Rodríguez Zapatero, el último expresidente en abandonar la Moncloa, no se encuentra en esta situación al haber optado por incorporarse al Consejo de Estado limitando así su actividad a la esfera pública.
UPyD pide limitar el estatus de los expresidentes por "ética pública"
Simultanear ingresos públicos y privados es "injurioso e insultante para muchas familias y este sería el momento de dar ejemplo", criticó Joan Baldoví, de Compromís-Equo. José Luis Centella, portavoz de IU-ICV-CHA consideró oportuna la propuesta de UPyD para ayudar a que los ciudadanos "recuperen la credibilidad en los políticos". "Hoy nos piden ejemplo. Sean ustedes conscientes de lo que votan. Hoy tenemos que ser gente mucho más que políticos", apeló en vano al hemiciclo.
"A setas o a Rolex"
El representante del PNV, Aitor Esteban pidió a los expresidentes que estén "a setas o a Rolex". "Un político, un sueldo", simplificó, coincidiendo con el objetivo último de la iniciativa a pesar del tachón que hizo al grupo proponente, el partido de Rosa Díez: "Hoy traemos la política espectáculo al hemiciclo. Por el mensaje que se ha querido enviar desde el proponente, rodeado de moralina y demagogia, veo que las iniciativas de su grupo van a ir por la política espectáculo".
PP, PSOE y CiU rechazan la iniciativa por "populista"
El mismo planteamiento utilizó por parte de CiU Jordi Jané para desmarcarse de la iniciativa. Jané criticó a UPyD por la actitud "oportunista" de "buscar lo que en estos momentos puede vender, la política espectáculo de la que quiere apartarse CiU.
"Política leve", acuñó el diputado del PSOE, Ignacio Sánchez Amor para contraponer el distinto rasero de los partidos que tienen o han tenido responsabilidad de gobierno y los que nunca lo han desempeñado y no conocen la diferencia "entre predicar y dar trigo". Sánchez Amor acusó a UPyD de dejarse guiar "por el estado de opinión de las encuestas". "Puede ser muy popular, muy populista, pero aporta muy poco al sistema político este experimentalismo irreflexivo", argumentó el parlamentario socialista.
"Argumentos facilones"
"Mientras usted se ocupa de dos personas [Aznar y González], el PP se ocupa de 5.300.000 personas sin empleo en España. Evite los argumentos facilones", replicó a UPyD el diputado del Grupo Popular Pedro Gómez de la Serna, que minusvaloró la iniciativa defendida por Gorriarán tildándola de simplemente "efectista". "Tiene pegada, pero de ahí a decir que supone un paso en la regeneración democrática, no. No estamos de acuerdo", concluyó el diputado del PP.
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