El Congreso debatirá la próxima semana la despenalización de la muerte digna a partir de la proposición de ley de IU sobre disponibilidad de la propia vida

El portavoz adjunto Joan Josep Nuet ha presentado hoy el texto de la iniciativa incluida en el orden del día del próximo Pleno y asegura que  “el sufrimiento extremo no puede ser un deber y hay que regular las fórmulas adecuadas para que las personas que así lo decidan libremente puedan morir con dignidad”

El portavoz adjunto de Izquierda Unida en el Congreso, Joan Josep Nuet, ha presentado hoy la Proposición de Ley sobre disponibilidad de la propia vida que esta formación, a través de su Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, llevará para su toma en consideración al Pleno de la próxima semana para que el Congreso se pronuncie sobre la despenalización de la muerte digna y sin dolor.

IU retoma así un importante tema que, como ha explicado Nuet en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, la pasada legislatura fue vetado tanto por el PP que estaba en la oposición, como “aparcado” por el Gobierno del PSOE, que sólo se decidió a presentar un proyecto de ley que tocaba parcialmente este tema en mayo de 2011 “cuando la legislatura estaba prácticamente agotada” y los socialistas “tenían la seguridad de que este asunto ni podía ser debatido ni daba tiempo a que fuera aprobado”.

La iniciativa de Izquierda Unida recoge planteamientos que ya están plasmados en las leyes similares más avanzadas de nuestro entorno europeo. La proposición de ley incluye una modificación del Código Penal para la despenalización de la asistencia a quien “mediante actos necesarios o de cooperación activa, permitiere, propiciare o facilitare la muerte digna y sin dolor de otra persona, a petición expresa, libre e inequívoca de ésta”. Esta posibilidad queda expresamente restringida únicamente a los casos en el que el paciente terminal sufra “una enfermedad grave que hubiera conducido necesariamente a su muerte o le produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, o que, siendo permanente, le incapacitara de manera generalizada para valerse por sí misma”.

“Pensamos –ha valorado Nuet- que es un tema importante, que en países de la UE ya está regulado y se va a seguir regulando”. El parlamentario de IU ha recordado el contenido de la iniciativa cuando hace referencia a la ‘interpretación integradora de vida y libertad’ y ha señalado que “la vida es un derecho, no un deber. El sufrimiento extremo no puede ser un deber. Por tanto, hay que regular las fórmulas adecuadas para que las personas que así lo decidan libremente puedan morir con dignidad”.

Del mismo modo, se plantea la regulación del derecho del paciente a decidir libremente “sobre su propia vida, una vez recibida la información médica que como regla general deberá comprender como mínimo la finalidad y la naturaleza de cada intervención y tratamiento, así como sus riesgos y consecuencias, que le presente el responsable médico. A negarse a consentir un tratamiento, lo cual no determinará el alta médica”. Para ello se debe modificar el texto de la Ley General de Sanidad.

En la exposición de motivos de la proposición de ley Izquierda Unida señala claramente que “la especial importancia de la vida, la irreversibilidad de las consecuencias de la decisión, la eventual implicación de terceros y la vulnerabilidad de los procesos de toma de decisión en determinadas situaciones y etapas vitales hacen necesario adoptar cuantas medidas sean posibles en orden a garantizar la plena libertad de la voluntad” del paciente.

En este modelo de muerte digna que se presenta se pretende salvaguardar también todos los derechos de los profesionales sanitarios ya que “en él se asegura que todo consentimiento cumpla unas ineludibles condiciones de capacidad y validez, se consolida la intervención subsidiaria de los representantes del paciente en condiciones claramente establecidas, y sólo excepcionalmente se permite intervenir médicamente a falta de la conformidad de los anteriores”.

IU pretende que la nueva norma, en caso de ser finalmente aprobada, sea completamente garantista. Así, busca regular la fórmula conocida como ‘consentimiento informado’ en relación a la interrupción o no iniciación de tratamientos cuando estos “se limiten a mantener de un modo temporal o permanente una vida carente de conciencia de modo irreversible, o a prolongar artificialmente un proceso irreversible de muerte”.

La proposición de ley de IU, que lleva la firma de sus diputados Gaspar Llamazares y José Luis Centella, incluye también una disposición adicional por la que se establece que “el Gobierno creará un ‘Registro Público de Voluntades Anticipadas’ para garantizar los derechos establecidos en la presente Ley a la ciudadanía de todas aquellas Comunidades Autónomas que no cuenten con tal registro”.

Para Joan Josep Nuet, esto “supone una importante garantía” para que, en el caso de perdida de capacidad de decidir sobre el final de su propia vida de una persona en estado terminal, “haya podido establecer con anterioridad su consentimiento en el momento en que tiene pleno uso de razón”.

Izquierda Unida hace también referencia en el texto a una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) donde se señalaba que el 65% de los médicos y el 85% del personal de enfermería “ha afirmado que alguna vez ha recibido la petición de un enfermo terminal de morir, bien a través de un suicidio asistido o de la eutanasia activa”.

El mismo informe muestra que “el 21% de los médicos reconoce que, a pesar de su ilegalidad, en España se practica la eutanasia”. Además, la comisión especial creada en el Senado durante la VI Legislatura “concluyó que en torno al 67% de las personas interrogadas estaban a favor de la legalización de la eutanasia”.