IU presenta su alternativa a la reforma para que "el trabajo sea un derecho, impedir que se abarate el despido y recuperar la negociación colectiva"

Gaspar Llamazares afirma que la enmienda a la totalidad registrada hoy sitúa la reforma de IU “en las antípodas de la del Gobierno”, ya que busca acabar con una “ley feudal que convierte a los trabajadores en siervos”, con la que el PP ha querido “romper la concertación y los equilibrios que existían en las relaciones entre empresarios y trabajadores”

Izquierda Unida ha registrado hoy en el Congreso la enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de ley de reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy, que defenderá a través de su Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA. La alternativa presentada a la reforma de la derecha busca alcanzar que el trabajo vuelva a considerarse “como un derecho y no una mercancía”, así como “impedir que se consolide el abaratamiento del despido impuesto por el PP y recuperar la pérdida de derechos producida, como la negociación colectiva o la posibilidad de concertación de las condiciones laborales entre trabajadores y empresarios”. 

El diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares ha abordado también esta cuestión en una rueda de prensa ofrecida en la sede de IU-Asturias en Oviedo, el mismo día en que en el Congreso concluía el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad. Llamazares ha situado la reforma que plantea IU “en las antípodas de la del Gobierno” y ha resumido que su objetivo es “recuperar los equilibrios perdidos” a partir del decreto-ley ya en vigor que ha dado paso al proyecto de ley que ahora se tiene que debatir.

El parlamentario asturiano ha valorado que el texto impuesto por el Ejecutivo de Rajoy significa una “ley feudal que convierte a los trabajadores en siervos”, además de “romper la concertación y los equilibrios que existían en las relaciones entre los empresarios y los trabajadores”.

En su opinión, de permanecer como está el texto de la reforma laboral del PP se consolidaría la degradación del “derecho a trabajar a simple mercancía”, junto a otras consecuencias prácticas como “la caída del consumo, el incremento de la recesión económica y la continuidad en el incremento del desempleo, que conduciría en los próximos meses a una perspectiva de seis millones de parados”.

En la exposición de motivos del texto alternativo registrado se señala claramente que su objetivo es “una impugnación de raíz” de las justificaciones con las que se han abordado hasta ahora las reformas laborales “de manera que sea la flexibilidad pactada y la negociación colectiva el mejor instrumento de ajuste, sin que ello comporte una mayor precarización de las condiciones de trabajo”.

IU busca recuperar “la propia razón de existir del Derecho del Trabajo” y que la regulación de los derechos laborales se ciña a “la función que le encarga el artículo 35 de la Constitución Española, que no es otra que la garantía del derecho al trabajo. Para lo cual es imprescindible que la legislación laboral recupere su función de generar equilibrios en la prestación de trabajo y no la de producir más desequilibrios a los ya existentes en la desigual relación de trabajo”.

Gaspar Llamazares destacó que la enmienda a la totalidad apuesta de forma razonada por “mejorar la calidad de los convenios incluyendo la posibilidad de una flexibilidad pactada en los mismos, por mantener el coste del despido en lugar de abaratarlo y por la eliminación de determinados contratos de formación o en prácticas, que sólo sirven para incrementar la precariedad laboral”.

El desarrollo del Capítulo II del texto, dedicado a las medidas de fomento del empleo, persigue evitar que “la legítima y deseable búsqueda del incentivo a la creación de empleo estable se convierta en medidas que bajo este nombre oculten claros mecanismos de fraude de ley”.

De esta forma, se denuncian los períodos de prueba de un año, “que superan claramente la propia naturaleza y función de la figura jurídica de la prueba”, el encadenamiento de los contratos temporales o las desigualdades en las condiciones de trabajo en función del tamaño de las empresas “en unos términos que perfectamente pudieran calificarse de discriminatorios y ser tachados de inconstitucionales”.

Las enmiendas a la totalidad de la reforma laboral serán debatidas en el Pleno del Congreso el próximo jueves día 12 de abril, a partir de cuya votación se abrirá la fase de Ponencia y Comisión.