El nuevo equipo de la empresa pública de vivienda denuncia a gestores despedidos por irregularidades

Los altos cargos recibieron "privilegios de dudosa legalidad y moralidad", diseñados a medida para saltarse la ley y recibir cuantiosas retribuciones, según el relato de la Administración

Granada Hoy

La Junta de Andalucía ha denunciado ante los tribunales a cuatro ex directivos de la Empresa Pública de Suelo (EPSA) por el supuesto cobro de salarios y retribuciones indebidas mientras ejercían sus funciones. Estos miembros de la alta dirección de la empresa pública de vivienda denunciaron previamente a la Junta tras ser despedidos en julio en el proceso de reestructuración de los órganos directivos que llevan a cabo los nuevos gestores de EPSA, ahora en la Consejería de Fomento y Vivienda gestionada por Izquierda Unida. Los denunciantes entienden que tras el cese tienen derecho a una indemnización, negada por la Junta.

La Administración andaluza esgrime recientes decretos autonómicos por los que los altos cargos de las empresas públicas no tienen derecho a recibir indemnizaciones y se remite al momento procesal oportuno para explicar las razones por las que se opone a estas pretensiones. Pero lo novedoso en este tipo de conflictos es que la Junta de Andalucía se ha acogido a un instrumento jurídico poco frecuentado, la reconvención, una suerte de contraataque.

Si los denunciantes se presentan como empleados rasos y reniegan de su condición de altos cargos para tener derecho a la indemnización alegando despido improcedente, la Junta desestima ese argumento y les exige, en consecuencia, que devuelvan los ingresos salariales y dietas que recibieron por su condición de altos cargos. Estas reclamaciones han tenido un capítulo previo al judicial en el centro de mediación, arbitraje y conciliación de Sevilla, entidad dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Las cuatro vistas celebradas en las últimas tres semanas han concluido sin avenencia, por lo que el asunto acaba de entrar en vía judicial, por las dos partes. Hay un quinto ex alto cargo despedido que también ha denunciado a la Junta, por lo que el itinerario puede repetirse en su caso.

El conflicto ha permitido conocer algunas de las prácticas que se han llevado a cabo en esta empresa pública, una de las más importantes del oscurantista sector público andaluz, de actualidad esta semana por el recorte de 30 de sus directivos intermedios (se quedan en 68) decidido por el departamento que dirige la izquierdista Elena Cortés.

Los denunciados pertenecieron a la alta dirección de EPSA hasta el pasado mes de julio. Eran 10 y los puestos se han reducido ahora a cinco, tres ocupados por nuevos gestores de IU (incluido director y subdirector) y otros dos que se mantienen. De los ocho salientes, cinco denunciaron a la Junta y, por el momento, la Junta ha denunciado a cuatro.

El caso más llamativo de los que han pasado por el órgano de mediación es el de José Manuel Vergel, que fuera director de Recursos Humanos de EPSA. Según consta en los documentos a los que ha tenido acceso en exclusiva esta redacción, Vergel ingresa en EPSA mediante libre designación sin someterse a proceso selectivo alguno. La propia Junta asevera en el texto de reconvención que "ha sido práctica habitual en la empresa pública durante mucho tiempo que la selección de puestos de alta responsabilidad careciera de criterios objetivos y estuviera reservada a personas designadas esencialmente por su afinidad política".

En el caso de Vergel su selección viene motivada por su "estrecha vinculación personal y política" con el entonces director de EPSA, Jorge Cara, que ocupó el cargo de 2007 a 2010 y fue subdirector desde 2004. Cara es desde junio secretario general de Formación Profesional en la Consejería de Educación que dirige Mar Moreno.

Vergel y Cara participaban en la dirección del PSOE de Roquetas de Mar. Vergel compatibilizó el cargo en EPSA con la responsabilidad de la Secretaría de Empleo del PSOE de Almería.

La Junta expone que en septiembre de 2007 Vergel "da instrucciones" para que se le prepare un contrato indefinido desde diciembre de 2006, constando una antigüedad cuantificada en 1.285 euros, y estableciendo que, "habida cuenta que el desempeño de cargo de directivo supone su desplazamiento a Sevilla desde el domicilio familiar de Almería, se pacte expresamente el abono de 7.000 euros brutos anuales, distribuidos en doce pagas, en concepto de indemnización por traslado".

Un año después ordena que se le beneficie con una indemnización por vivienda. De 2007 a julio de 2012 recibe 53.073 euros en vivienda, una cantidad que la Junta, además, considera que responde a un criterio "absolutamente fraudulento" al tener domicilio familiar en Sevilla. El nuevo equipo de EPSA considera que estableció el abono de dichas cantidades para incrementar sus retribuciones y, además, pactó percibirlo en especie "para eludir las limitaciones establecidas legalmente" a partir de 2010, cuando los emolumentos no podían superar el sueldo del presidente de la Junta (68.981).

Vergel pacta incluso mantener estas retribuciones si abandona la alta dirección, "siguiendo una práctica habitual en la empresa de reconocer privilegios de dudosa legalidad y moralidad", según el escrito de la Junta. Este alto cargo pasó de cobrar 55.977 euros como directivo intermedio a 78.179 euros.

La Junta, además, le achaca "negligencia profesional" en la defensa de los intereses de la empresa. EPSA perdió dos juicios contra dos ex altos cargos (Manuel León y Antonio Barrios) y culpa a Vergel de la estrategia, que pudo estar diseñada para "allanar su posible itinerario judicial posterior".

La Junta también ha emprendido acciones legales contra otros tres ex altos cargos que han reclamado una indemnización tras su cese. Se trata de José María Salas, ex alcalde socialista del municipio jiennense de La Guardia, Federico Salmerón, ex director de Rehabilitación y Renovación Urbana de EPSA, y Antonio López Jiménez, amigo personal de Jorge Cara.