Izquierda Unida pide al Gobierno que se pronuncie sobre la necesidad de modificar la ley sobre desahucios y la aplicación de la dación en pago

Cayo Lara y Gaspar Llamazares registran sendas preguntas específicas por escrito dirigidas al Ejecutivo del PP, además de las solicitudes de comparecencia en el Congreso del ministro de Justicia y del presidente del CGPJ sobre esta cuestión

Izquierda Unida, a través del presidente portavoz de su grupo parlamentario en el Congreso y del diputado portavoz en la Comisión de Justicia, Cayo Lara y Gaspar Llamazares, respectivamente, ha presentado una completa batería de iniciativas en el Congreso dirigidas al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a raíz de las recomendaciones y críticas sobre el sistema de cobro de los créditos hipotecarios y los desahucios, así como la aplicación de la dación en pago, contenidas en el informe ‘Propuestas para la reforma y agilización de los procesos civiles’.

Estas nuevas iniciativas de Izquierda Unida van en la línea de las que esta formación lleva registrando desde la pasada legislatura sobre la figura de la dación en pago y los desahucios –rechazadas con la suma de los votos de PP y PSOE- y las que ha registrado en las últimas semanas planteando fórmulas similares. Entre ellas, están pendientes de debate las enmiendas que recogen la paralización de los desahucios y la aplicación de la dación en pago incluidas en la tramitación de los proyectos de ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito –también conocida como ‘Ley del banco malo’- y en el de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas.

Dado que el propio CGPJ ya ha decidido no asumir formalmente el contenido del informe encargado por el propio órgano de gobierno de los jueces a una comisión de siete magistrados, en las iniciativas registradas hoy se solicitan las comparecencias tanto del ministro de Justicia como del presidente del Consejo General del Poder Judicial ante la comisión correspondiente. En el caso de Alberto Ruiz-Gallardón, se quiere que explique en sede parlamentaria “qué medidas piensa promover el Gobierno” a la luz de este informe para hacer modificaciones “de fondo” en el marco jurídico que ordena los desahucios.

Además, en la otra petición referida a Gonzalo Moliner, Llamazares solicita que informe al Parlamento de forma detallada sobre la posición adoptada por el CGPJ sobre este mismo trabajo. Junto a estas peticiones de comparecencia se ha registrado formalmente también en la Cámara una solicitud parlamentaria de documentación para que se remita este estudio de inmediato a los grupos parlamentarios para conocer en toda su amplitud su contenido. Esta petición se ha hecho extensiva al presidente del Poder Judicial en una carta dirigida al mismo por el diputado de IU.

Junto a estas peticiones, y dada la conocida resistencia esta legislatura de los miembros del Gobierno a comparecer ante el Congreso cuando son requeridos por Izquierda Unida, Cayo Lara y Gaspar Llamazares han coordinado el registro de sendas preguntas escritas dirigidas al Ejecutivo.

En su iniciativa, entre otras cuestiones, Lara pide al Ejecutivo que aclare “si comparte las conclusiones de dicho informe” y si considera el Gobierno “que el actual marco legal en el que se desarrollan los procesos de desahucio es justo”.

De igual forma, el presidente portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA reclama explicaciones sobre si “¿Tiene previsto el Gobierno acometer la modificación y reforma del marco legal en el que se insertan los procesos de desahucio acorde con las conclusiones del informe?”.

Por su parte, como portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso, Llamazares entra al detalle en su iniciativa sobre las 18 propuestas avanzadas en el trabajo de la comisión de siete magistrados y pregunta cuáles de ellas tiene intención de promover. Así, interroga directamente si es favorable a que la dación en pago, es decir, la entrega de la vivienda como modo de cancelar el crédito, se convierta en una ‘regulación imperativa’, como señala el informe.

También se quiere que el Ejecutivo del PP aclare si está dispuesto a modificar la ley vigente que regula las ejecuciones hipotecarias para que el juez pueda establecer “periodos de carencia en el pago, ampliaciones del plazo de amortización, reducciones provisionales del tipo de interés y quitas de la deuda” que ahora no se contemplan.

Del mismo modo, se plantea si el Gobierno de Mariano Rajoy acepta que “una parte de las ayudas del Estado a la Banca se extienda a los clientes sobreendeudados ‘de buena fe’”, concepto que se incluye en el informe de los magistrados o “impedir que los bancos se puedan adjudicar las viviendas de los desahucios a precio de saldo”.

La iniciativa se completa indicando la “introducción de mecanismos que permitan que el deudor pueda permanecer en su vivienda satisfaciendo un canon o buscando fórmulas como el arrendamiento”, además de la “creación de unas comisiones mixtas que favorezcan salidas negociadas entre el banco y el deudor, y en las que estén presenten no sólo la Banca sino también los consumidores y la Administración”.