Un matrimonio bien avenido

Ignacio Martínez. Granada Hoy

Desde sectores liberales se reclama que el ajuste presupuestario no se produzca por la vía de los ingresos, sino reduciendo el gasto público. Por el contrario desde el Gobierno andaluz y desde Izquierda Unida hay satisfacción porque los presupuestos regionales pactados para el año que viene son diferentes. Diferentes a lo que se está haciendo en otros sitios, señalan fuentes socialistas. Diferentes también a lo que se hacía antes aquí, puntualizan desde IU para resaltar el sello izquierdista. Y también hay satisfacción, y una cierta sorpresa, por la buena avenencia con la que han negociado los dos partidos de izquierda, tradicionalmente enfrentados, estos primeros presupuestos que presentan en comandita.

El estudio de los presupuestos generales del Estado que acabar de publicar el Círculo de Economía bien podría valer como ejemplo de las posiciones liberales. Entre otras cosas, hace hincapié en que la prioridad es frenar el crecimiento de la deuda pública y rebajar su precio. Considera agotados los aumentos fiscales. Reclama una reducción de los gastos de personal en la Administración; menos empleados públicos y otro sistema de remuneración.

El Círculo presidido desde marzo por Mónica de Oriol, pide además una reforma estructural de las pensiones. Plantea la reducción del número y estructura de las empresas públicas. Propugna una reducción del número de ayuntamientos y una simplificación de los servicios de las diputaciones. Y estima que hay que modular el estado del bienestar. En su opinión, garantizar los servicios públicos no quiere decir que sean gratuitos, ni que la gestión sea pública.

El presupuesto andaluz está inspirado en la filosofía contraria. La consejera de Hacienda se ha visto, como siempre, con todos los consejeros. Ha empezado el proceso un poco más tarde que de costumbre, por el retraso del Gobierno en permitirle un régimen de endeudamiento similar al de otras comunidades autónomas, alguna mucho más endeudadas. La discusión estaba en dos puntos de PIB. De haberse llevado a cabo el empeño del ministro Montoro y el secretario de Estado Beteta, habría significado en los presupuestos andaluces de 2013 unos 3.000 millones de euros menos. Este planteamiento provocó un portazo de la consejera en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 31 de julio, al día siguiente de una cordial entrevista entre los presidentes Rajoy y Griñán en la que se prometieron lealtad.

Cuando el presidente andaluz pidió explicaciones a Rajoy dedujo que éste no sabía nada del tema. La consejera llegó a la conclusión aquella noche de julio de que a Montoro le sorprendieron sus explicaciones antes de marcharse, por la discriminación que se hacía a Andalucía. ¿Beteta desbordó a su ministro y al presidente del Gobierno? En todo caso, hubo marcha atrás. El resultado es que Aguayo pasó confesionario con todos los consejeros -también con los de IU- este año una sola vez, en vez de dos como solía con el anterior ejecutivo monocolor y más plazo.

A quien ha dedicado un tiempo suplementario el equipo de Hacienda es a una delegación oficial de Izquierda Unida, que estaba encabezada por el vicepresidente del Parlamento andaluz Ignacio García. Fuentes de IU hablan de contactos de Diego Valderas con Susana Díaz y el presidente. Pero en Hacienda de lo que tienen noticia precisa es de esta delegación que llegó con tres prioridades. Las de tipo social, entre las que se incluyen el banco de alimentos, dotado con 20 millones de euros, o el plan de rehabilitación de viviendas. Una segunda línea de compromisos de iniciativa legislativa. Ahí se incluiría la creación del banco de tierras y el de alimentos, medidas de transparencia y participación ciudadana y una ley de la memoria democrática. Izquierda Unida también ha pactado medidas fiscales sobre las grandes superficies para ayudar al comercio tradicional. El tercer grupo de peticiones era para las consejerías que regenta en la Junta. La mencionada rehabilitación de viviendas, los carriles bici, la conservación de carreteras, con el consiguiente empleo de pequeñas y medianas empresas del entorno, son algunas de las cuestiones pactadas en este campo.

El presupuesto total para el año que viene propuesto es de 30.706 millones, con una previsión de decrecimiento de la economía regional del -1,2% del PIB, que se separa de la que ha hecho el Gobierno para el conjunto de España de -0,5%. El déficit del año próximo tendrá que ser del 0,7% como máximo, si no cambia de criterio el directorio europeo. Los técnicos de Hacienda están esperanzados en cumplir el de este año el 1,5%, aunque en la última contabilidad de hace unos días iban por el 1,58%.

La Junta sigue discutiendo al Gobierno central el reparto del déficit que hace para el futuro. La Administración General del Estado se reserva casi todo el margen de déficit nacional de manera creciente en los próximos años, mientras que los dos servicios públicos básicos, sanidad y educación, suponen la mayor parte del gasto de las autonomías y del conjunto del Estado. En Alemania el déficit se reparte a partes iguales entre el Gobierno federal y los länder. Y otro problema que tiene Andalucía es que el déficit de las regiones se establece en función del PIB y no de la población, cálculo que perjudica a la comunidad más poblada de España.

La consejera desmintió con datos el lunes en la Comisión de Presupuestos del Parlamento andaluz que en España se haya disparado el gasto público a pesar del aumento de las prestaciones por desempleo. Ha pasado de 2007 a 2011 del 39,2% al 43,6% del PIB. Un aumento de 4,4 puntos cuando la media de la UE ha subido 3,7. Alemania ha pasado del 43,5% al 45,6%. Francia, del 52,6% al 55,9%. Reino Unido, del 43,9% al 49,1%. "En todos ha subido y en todos está más alto que en España", dijo Aguayo.

Y qué ha pasado con los ingresos. En Alemania han pasado del 43,7% al 44,7%, en Francia del 49,9% al 50,7% y en España han caído del 41,1% al 35,1%. No se está desmadrando el gasto, sino hundiendo los ingresos y mientras tanto hay una amnistía fiscal y no se revisa nuestro sistema impositivo. La consejera concluyó con una sentencia: "Nuestro problema no es de gasto, sino de ingresos". Esa es la fractura.