Las medidas contra los desahucios son para mejorar la imagen del poder

Alberto Garzón estuvo el pasado viernes en la sede de IU en Granada, donde ofreció los datos de 2012 sobre los desahucios en la provincia donde se producen cinco cada día. Un tema candente que ya no deja indiferente a nadie.

-En los últimos meses no dejan de producirse desahucios casi a diario, ¿qué ocurre?

-En concreto el dato es de 500 desahucios de media al día en toda España. Es la consecuencia de la explosión de la burbuja inmobiliaria y de que estemos en un proceso recesivo donde la ciudadanía carece de trabajo y de ingresos suficientes para pagar unas hipotecas muy elevadas. Es una consecuencia natural y dramática de un modelo de crecimiento insostenible propulsado por el PP y el PSOE, que fueron los que han gobernado durante esa época.

-IU ha propuesto alternativas para solucionar esta problemática.

-En primer lugar hablamos de la dación en pago de carácter retroactivo, un alivio financiero para las personas que ya han perdido su vivienda. En segundo lugar, una moratoria ampliada a todos los años que hagan falta para todos aquellos que no puedan pagar su hipoteca. Durante ese período el Estado habilitaría mecanismos que proporcionen una vivienda con un alquiler social muy barato. Es muy sencillo en términos técnicos puesto que hay entre cinco y seis millones de viviendas vacías en España, pero en términos económicos no porque eso significa tocarle el corazón al sistema financiero y a sus negocios.

-Gobernando IU en Andalucía junto al PSOE, ¿pueden hacer algo desde su posición?

-Hay margen, pero muy escaso porque las competencias legislativas sobre la Ley Hipotecaria y las competencias del sistema financiero residen en el Estado. La comunidad autónoma lo único que puede hacer es paralizar los desahucios en aquellas entidades que son públicas y de la Junta de Andalucía, algo que sí se está haciendo. No hay ningún desahucio desde la administración pública, es decir, si una vivienda es de la Junta de Andalucía y deja de recibir dinero no echa a la familia. Pero son muy pocas las viviendas de origen público. La gran mayoría de los desahucios que se producen en Andalucía tienen como origen una entidad privada, un banco que se somete a una legislación que va más allá de las competencias de la comunidad autónoma. El Gobierno es verdaderamente el que tiene la sartén por el mango.

-¿Las medidas anunciadas por el Gobierno para frenar los desahucios son suficientes?

-Se trata de una ampliación del código de buenas prácticas, un parche, no son medidas legislativas. Es casi pedirle a los bancos que, por favor, se comporten. El propio Gobierno ha reconocido que no ha funcionado lo que existía y ahora lo que tenemos es esta ampliación para aliviar un poco a determinadas familias en circunstancias muy extremas. El gobierno intenta que no vaya a más, no porque le preocupe la ciudadanía, sino para que no se desate un mayor grado de alarma social. El gobierno debe decidir entre la ciudadanía y los bancos, y de momento no se ha atrevido porque está sometido a la presión de la banca y de las instituciones financieras europeas, por eso esto se va a quedar como un proceso de maquillaje. Este nuevo plan nunca va solucionar el problema. Solo es una fórmula que utilizan para mejorar su imagen.