El todo o la nada
Parlamentarios de IU se consideran libres de votar en contra del dictamen de los ERE en el Parlamento, con lo que ni Francisco Javier Guerrero sería responsable político
Juan M. Marqués Perales. Granada Hoy
O todo o nada, así fue; el PP optó por salvar a los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández antes que permitir que la comisión de investigación de los ERE finalizase sus trabajos con un resultado coherente: más cercanos o más lejanos de la inalcanzable realidad, pero con una interpretación verosímil al fin y al cabo. Y en esta estrategia se encontró al PSOE de aliado, deseoso de no señalar a estos dos ex altos cargos, con lo que IU, su socio, se quedó solo y en minoría. El enfado conllevará una respuesta. Y pronto.
Cuando el Parlamento andaluz vote el próximo miércoles el dictamen de la comisión se puede dar el caso real de que sus trabajos, que comenzaron hace seis meses después de 17 años de ausencia de este tipo de controles, finalicen en nada. Es decir, que ni siquiera se apruebe el dictamen, ya que varios parlamentarios de IU están considerando si votar a favor de un texto muy diferente al que confeccionó el presidente de la comisión, Ignacio García; tan distinto -se han eliminado 68 artículos de un total de 196- que, incluso, su lectura resulta incoherente o, al menos, no aporta ninguna interpretación a los sucedido en el caso de los ERE. Cualquier persona ajena a estos tiempos que lea en un futuro el dictamen que el jueves pasado salió de la comisión sacará la siguiente conclusión: que el interventor general de la Junta, Manuel Gómez, es el único nexo de unión que integra al Gobierno andaluz, y que los directores generales son una suerte de soberanos que pueden, presuntamente, defraudar durante nueve años sin que nadie se dé cuenta: ni sus viceconsejeros ni sus consejeros ni sus compañeros ni siquiera aquéllos a los que el principal fiscalizador de la administración andaluza avisó en 2005 de una serie de irregularidades cometidas en el proceso de adjudicación de estas ayudas.
"Está claro que habrá un partido que vote al dictamen, el PSOE; otro que votará en contra, el PP; pero nosotros nos consideramos libres, con lo que nos podemos encontrar con que ni Francisco Javier Guerrero sea responsable político de los sucedido", explicó la misma noche del jueves a este medio un alto responsable de IU, que aseguró: "Esto ha sido una maniobra del PP que ha conseguido la connivencia del PSOE", sentenció. Otro parlamentario de IU explicó lo siguiente: "El dictamen aprobado no lo reconozco como nuestro, para hacer el ridículo en un 90%, que sea al 100%". Y otro señaló: "Esto lo tenemos que discutir". El PP es el grupo mayoritario en la Cámara, y bastaría la abstención de la mitad del grupo de IU para que no hubiera dictamen. La nada.
Volvamos al jueves pasado, a esa tarde-noche en el Parlamento andaluz para tratar de comprender lo sucedido. La comisión debía de votar la propuesta de síntesis elaborada por Ignacio García, de IU, que básicamente responsabilizaba de un modo genérico al Gobierno andaluz de las irregularidades de los ERE y señalaba cuatro responsables políticos: los ex consejeros de Empleo citados más el ex viceconsejero Agustín Barberá, y Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo durante casi nueve años y el hombre que, desde su despacho, daba las instrucciones al IFA o a IDEA, para pagar ayudas a trabajadores afectados por los ERE o a empresas. El Partido Socialista, desde un principio, sostenía que no iba a aceptar más responsabilidades que las de Guerrero. Así lo había declarado su vicesecretario general, Mario Jiménez, hacía una semanas, pero la noche anterior habló con este medio e insistió en ello: ni a Viera ni a Fernández, y ni mucho menos a Agustín Barberá, podían reconocerlos como responsables políticos. En caso de que el PP e IU apoyasen el dictamen de Ignacio García de modo íntegro, los socialistas se pensarían muy en serio su voto en contra.
De algún modo, Viera, actual diputado por la provincia de Sevilla, era intocable, a pesar de que no mantiene buenas relaciones con la actual dirección del PSOE andaluz: ni con Jiménez ni con Susana Díaz, secretaria provincial de Sevilla. Con anterioridad, y quizás por esto de las disputas dentro del PSOE, los socialistas habían barajado la opción de votar a favor del dictamen de Ignacio García, que es básicamente el de IU, pero realizando un voto particular para aclarar su posición sobre la inocencia política de los ex consejeros de Empleo.
Pero no fue así. Los socialistas solicitaron que la ponencia se votase por partes: una parte común más tres bloques desagregados. El primero de ellos contenían las acusaciones más graves del texto elaborado por Ignacio García. Se mantenía que hubo una falta de coordinación y comunicación entre las distintas consejerías, que éstas se comportaban como "compartimentos estancos", que gran parte de la "responsabilidad política" residía en haber gestionado las ayudas de forma "opaca" e, incluso, se apuntaba al "clientelismo" en la concesión de subvenciones en la Sierra Norte de Sevilla. La teoría de los compartimentos estancos era compartida por el PP, aunque que la denominaba "la habitación del pánico": nadie sabía nada, y cuando el interventor general avisó en 2005 de una serie de irregularidades pocos se sintieron aludidos.
Pero el PP, en una estrategia incoherente con lo que había defendido, fue a por la nada: si no había más responsables políticos -y su obsesión era José Antonio Griñán-, nada merecía la pena. Así, que el PP votó en contra de ese bloque sustancial; es decir, que sacrificó una parte de sus posiciones por el todo. El voto negativo del PSOE y del PP tumbó la columna vertebral del dictamen, hoy más parecido a una ameba que a un vertebrado. Algo también pasó en el PSOE porque votó en contra de artículos contra los que ni siquiera antes había presentado alegaciones. En los dos bloques segregados siguientes, los populares también ejercieron su voto contrario y el PSOE se abstuvo.
El PSOE creía que el PP iba a colocarse junto a IU para señalar a Viera o a Fernández, pero los populares optaron por reventar una comisión en la que no creían porque no coincidía con su planteamiento general. Las acusaciones que el dictamen hacía sobre el Gobierno eran, realmente graves, y bien leídas, se establecía casi una responsabilidad general, pero el PP ya había marcado su estrategia: prefiere que sean los tribunales de justicia -y en concreto el número 6 de la jueza Mercedes Alaya- el que dirima las responsabilidades. Además, los populares han conseguido otro efecto: abrir la desconfianza entre los socios de Gobierno. Nadie, ni José Antonio Castro, de IU, ni el vicepresidente Diego Valderas, con el que este medio también habló, aseguró que el pacto corre peligro, pero se ha abierto una brecha, y es posible que la federación de izquierdas devuelva algún día este golpe.
El Parlamento ha perdido así una gran oportunidad de dar sentido a la institución y, además, de servir de ejemplo a otras comunidades, como la de Madrid, donde las comisiones se abren y se cierran como simples cremalleras.
Cuando el Parlamento andaluz vote el próximo miércoles el dictamen de la comisión se puede dar el caso real de que sus trabajos, que comenzaron hace seis meses después de 17 años de ausencia de este tipo de controles, finalicen en nada. Es decir, que ni siquiera se apruebe el dictamen, ya que varios parlamentarios de IU están considerando si votar a favor de un texto muy diferente al que confeccionó el presidente de la comisión, Ignacio García; tan distinto -se han eliminado 68 artículos de un total de 196- que, incluso, su lectura resulta incoherente o, al menos, no aporta ninguna interpretación a los sucedido en el caso de los ERE. Cualquier persona ajena a estos tiempos que lea en un futuro el dictamen que el jueves pasado salió de la comisión sacará la siguiente conclusión: que el interventor general de la Junta, Manuel Gómez, es el único nexo de unión que integra al Gobierno andaluz, y que los directores generales son una suerte de soberanos que pueden, presuntamente, defraudar durante nueve años sin que nadie se dé cuenta: ni sus viceconsejeros ni sus consejeros ni sus compañeros ni siquiera aquéllos a los que el principal fiscalizador de la administración andaluza avisó en 2005 de una serie de irregularidades cometidas en el proceso de adjudicación de estas ayudas.
"Está claro que habrá un partido que vote al dictamen, el PSOE; otro que votará en contra, el PP; pero nosotros nos consideramos libres, con lo que nos podemos encontrar con que ni Francisco Javier Guerrero sea responsable político de los sucedido", explicó la misma noche del jueves a este medio un alto responsable de IU, que aseguró: "Esto ha sido una maniobra del PP que ha conseguido la connivencia del PSOE", sentenció. Otro parlamentario de IU explicó lo siguiente: "El dictamen aprobado no lo reconozco como nuestro, para hacer el ridículo en un 90%, que sea al 100%". Y otro señaló: "Esto lo tenemos que discutir". El PP es el grupo mayoritario en la Cámara, y bastaría la abstención de la mitad del grupo de IU para que no hubiera dictamen. La nada.
Volvamos al jueves pasado, a esa tarde-noche en el Parlamento andaluz para tratar de comprender lo sucedido. La comisión debía de votar la propuesta de síntesis elaborada por Ignacio García, de IU, que básicamente responsabilizaba de un modo genérico al Gobierno andaluz de las irregularidades de los ERE y señalaba cuatro responsables políticos: los ex consejeros de Empleo citados más el ex viceconsejero Agustín Barberá, y Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo durante casi nueve años y el hombre que, desde su despacho, daba las instrucciones al IFA o a IDEA, para pagar ayudas a trabajadores afectados por los ERE o a empresas. El Partido Socialista, desde un principio, sostenía que no iba a aceptar más responsabilidades que las de Guerrero. Así lo había declarado su vicesecretario general, Mario Jiménez, hacía una semanas, pero la noche anterior habló con este medio e insistió en ello: ni a Viera ni a Fernández, y ni mucho menos a Agustín Barberá, podían reconocerlos como responsables políticos. En caso de que el PP e IU apoyasen el dictamen de Ignacio García de modo íntegro, los socialistas se pensarían muy en serio su voto en contra.
De algún modo, Viera, actual diputado por la provincia de Sevilla, era intocable, a pesar de que no mantiene buenas relaciones con la actual dirección del PSOE andaluz: ni con Jiménez ni con Susana Díaz, secretaria provincial de Sevilla. Con anterioridad, y quizás por esto de las disputas dentro del PSOE, los socialistas habían barajado la opción de votar a favor del dictamen de Ignacio García, que es básicamente el de IU, pero realizando un voto particular para aclarar su posición sobre la inocencia política de los ex consejeros de Empleo.
Pero no fue así. Los socialistas solicitaron que la ponencia se votase por partes: una parte común más tres bloques desagregados. El primero de ellos contenían las acusaciones más graves del texto elaborado por Ignacio García. Se mantenía que hubo una falta de coordinación y comunicación entre las distintas consejerías, que éstas se comportaban como "compartimentos estancos", que gran parte de la "responsabilidad política" residía en haber gestionado las ayudas de forma "opaca" e, incluso, se apuntaba al "clientelismo" en la concesión de subvenciones en la Sierra Norte de Sevilla. La teoría de los compartimentos estancos era compartida por el PP, aunque que la denominaba "la habitación del pánico": nadie sabía nada, y cuando el interventor general avisó en 2005 de una serie de irregularidades pocos se sintieron aludidos.
Pero el PP, en una estrategia incoherente con lo que había defendido, fue a por la nada: si no había más responsables políticos -y su obsesión era José Antonio Griñán-, nada merecía la pena. Así, que el PP votó en contra de ese bloque sustancial; es decir, que sacrificó una parte de sus posiciones por el todo. El voto negativo del PSOE y del PP tumbó la columna vertebral del dictamen, hoy más parecido a una ameba que a un vertebrado. Algo también pasó en el PSOE porque votó en contra de artículos contra los que ni siquiera antes había presentado alegaciones. En los dos bloques segregados siguientes, los populares también ejercieron su voto contrario y el PSOE se abstuvo.
El PSOE creía que el PP iba a colocarse junto a IU para señalar a Viera o a Fernández, pero los populares optaron por reventar una comisión en la que no creían porque no coincidía con su planteamiento general. Las acusaciones que el dictamen hacía sobre el Gobierno eran, realmente graves, y bien leídas, se establecía casi una responsabilidad general, pero el PP ya había marcado su estrategia: prefiere que sean los tribunales de justicia -y en concreto el número 6 de la jueza Mercedes Alaya- el que dirima las responsabilidades. Además, los populares han conseguido otro efecto: abrir la desconfianza entre los socios de Gobierno. Nadie, ni José Antonio Castro, de IU, ni el vicepresidente Diego Valderas, con el que este medio también habló, aseguró que el pacto corre peligro, pero se ha abierto una brecha, y es posible que la federación de izquierdas devuelva algún día este golpe.
El Parlamento ha perdido así una gran oportunidad de dar sentido a la institución y, además, de servir de ejemplo a otras comunidades, como la de Madrid, donde las comisiones se abren y se cierran como simples cremalleras.
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