El Parlamento de Andalucía muestra su respaldo a la iniciativa de IU para apoyar la ILP sobre desahucios

El Parlamento de Andalucía acuerda mostrar su respaldo a la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago con carácter retroactivo, la paralización de los desahucios y el alquiler social, pendiente de ser debatida en el Congreso de los Diputados, y que responde tanto a la “voluntad social claramente expresada” como a los requerimientos planteados por la Justicia europea en torno a los déficit democráticos de la legislación española vigente para regular estas cuestiones.

Se trata de una proposición no de ley que IULV-CA ha defendido en el Plano del Parlamento y por la que además del respaldo a la iniciativa legislativa popular se insta al Consejo de Gobierno andaluz a intensificar sus esfuerzos por dar a conocer las oficinas en defensa de la vivienda, y por extender los convenios de colaboración con los ayuntamientos para que puedan profundizar en su labor de asesoramiento y mediación en favor de las familias andaluzas con amenaza de desahucio. 

La portavoz de vivienda de IULV-CA en el Parlamento andaluz, ha defendido que la ILP “ha llegado al Congreso avalada por casi millón y medio de firmas” lo que supone que el respaldo a sus “demandas de mínimos es abrumadoramente apoyado por la ciudadanía, hayan firmado o no, y así lo recogen todos los sondeos de opinión que se han hecho al respecto”. Por tanto, para IULV-CA “no asumir las propuestas de la ILP quiebra el mandato representativo que la ciudadanía soberana deposita en las Instituciones y en los cargos públicos”, pero también “genera una gran frustración social en quienes ya lo han perdido todo, incluida la confianza en las instituciones”. A esto ha añadido Nieto que el PP “se vio obligado a asumir el debate de la ILP”, pero que todo parece indicar que “no está dispuesto a asumir sus contenidos”

La proposición no de ley aprobada hoy también insta al Consejo de Gobierno a utilizar todas sus competencias para hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, “asegurando la protección de la ciudadanía frente a cláusulas abusivas tanto en la contratación de hipotecas como de otros productos financieros”. 

Por último, se insta también al Gobierno andaluz a realizar los cambios normativos necesarios para hacer efectiva la función social de la vivienda, lo que supone un preludio del Decreto Ley que la Consejería de vivienda prepara para los próximos días.