La Junta compensa el alquiler a cinco familias deudoras en Granada con el arreglo de zonas comunes

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La Consejería de Fomento y Vivienda ha puesto en marcha en el barrio granadino de Almanjáyar una experiencia piloto de trabajo comunitario en el parque público de viviendas de la Junta para compensar las rentas de arrendamiento de cinco familias deudoras "de buena fe".

El proyecto ha arrancado en esta primera fase con la selección de cinco familias inquilinas del portal 2 de la promoción de Casería de Aguirre con escasos recursos que, debido a su situación de desempleo, no pueden hacer frente al pago del alquiler y de la comunidad, que oscila entre los 100 y los 200 euros mensuales teniendo en cuenta ambos conceptos, ha explicado el delegado de Fomento y Vivienda de la Junta en Granada, Manuel Morales.

Las cinco familias participantes en la experiencia pintarán los elementos comunes del edificio, colocarán puertas para restringir el acceso a los patios comunitarios abiertos y renovarán las instalaciones eléctricas, deterioradas por actos vandálicos.

La Consejería de Fomento y Vivienda, que ha asumido el coste de los materiales, ha decidido en colaboración con la comunidad de vecinos comenzar con las obras consideradas prioritarias por los residentes en el edificio.

En el desempeño de estas labores, estarán supervisadas por personal técnico de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y por los trabajadores sociales que actúan en Almanjáyar.

La consejería trabaja en otros proyectos piloto en Andalucía, concretamente en Córdoba, Almería y Los Palacios y Villafranca (Sevilla), iniciativas a las que se irán sumando otras.

Morales ha señalado que desde junio del año pasado, la consejería "no desahucia a nadie en el parque público por no poder pagar" y atiende las situaciones de emergencia social.

"Nadie pierde una vivienda social por haberse empobrecido", ha señalado Morales tras precisar que eso no significa que hayan dejado de ejercer una labor del control "riguroso" del parque público.

"La inmensa mayoría de los inquilinos de las viviendas abonan su renta, pero hay una minoría que, aunque lo pretenden, no pueden materialmente hacerlo, y en ocasiones son ellas mismas las que nos exponen su voluntad de contribuir de otra manera", ha dicho.

La intención de la Junta es ampliar esta experiencia a otras familias deudoras de buena fe también residentes en la promoción de Casería de Aguirre, compuesta por 128 viviendas públicas en régimen de alquiler, en una zona especialmente afectada por el desempleo.

Para ello, la Junta realizará previamente una labor de inspección y verificación para constatar que existen razones justificadas para el impago del alquiler.

En la provincia de Granada, la Junta posee un parque público residencial de 7.700 inmuebles que garantizan el ejercicio del derecho a la vivienda a aquellas familias con escasos recursos que no pueden acceder a él en el mercado libre.

De ellas, en torno a un millar se ubican en el barrio de Almanjáyar de la capital granadina.

En el resto de Andalucía este patrimonio se eleva a más 80.000 viviendas repartidas en medio millar de municipios y en las que residen 350.000 personas.