Dos sentencias ordenan demoler parte del chalé del exarquitecto sexitano

Dos nuevas resoluciones judiciales favorables  al Ayuntamiento, aunque recurribles, avalan la nulidad de la licencia y obligan a restablecer la legalidad urbanística.

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Dos nuevos varapalos judiciales amenazan la casa del exarquitecto municipal de Almuñécar José Luis Rodríguez Passolas que, por el momento, ha perdido todos los procesos de índole contencioso que ha planteado contra el Ayuntamiento de Almuñécar, aunque aún tiene la posibilidad de seguir recurriendo.

El ayuntamiento de Almuñécar, en pleno celebrado el 3 de agosto de 2012, acordó anular la licencia de obras y primera ocupación de la vivienda del exarquitecto municipal y, posteriormente, en noviembre de 2012, le ordenó reponer la realidad física alterada, lo que obliga a demoler parte de la vivienda. Concretamente, el ayuntamiento entiende que la vivienda de 815 metros –que está a nombre de la esposa del exarquitecto- excede una planta lo establecido en el planeamiento y se pasa del techo edificable permitido, amparándose en la fórmula de no contabilizar la superficie construida en la primera planta, de 407,25 metros –que se calificó como sótano, a pesar de encontrarse la fachada sobre rasante- ni la superficie del torreón (51,13 metros cuadrados).

Los afectados recurrieron ambas decisiones por la vía contencioso administrativa y en ambos pleitos la justicia ha avalado la tesis del Ayuntamiento de Almuñécar, que ha sido defendido por el abogado Rafael Revelles.

La sentencia que obliga a reponer la legalidad urbanística alterada –el segundo proceso, cuya sentencia, no obstante, salió antes que la del proceso de nulidad de las licencias- fue dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Granada en julio de este año. La decisión judicial desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por la esposa de José Luis Rodríguez Passolas frente al acuerdo de la Junta de Gobierno del ayuntamiento que el 20 de noviembre de 2012 le ordenaba adaptar el chalé a la edificabilidad máxima permitida. La jueza ordenaba eliminar el exceso de metros existente en el plazo de un mes y a justificar el ajuste de la legalidad mediante un proyecto técnico que recoja las actuaciones realizadas.

La jueza considera que la actuación del Ayuntamiento de Almuñécar fue ajustada a derecho e impone costas al denunciante. Pero, además, hay una última sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 2, con fecha del pasado 27 de octubre, que vuelve a decantarse del lado del ayuntamiento y avala la decisión municipal que declaraba nula la licencia de la vivienda de 815 metros cuadrados, que fue construida en el año 2000, con una particular interpretación de las ordenanzas que permitía esta extensión.

La condena al aparejador

Fue el Ayuntamiento de Almuñécar el que, en agosto de 2012, acordó revisar de oficio las licencias de obras y primera ocupación del chalé de Cotobro, después de que el arquitecto técnico municipal, que informó favorablemente sobre la licencia solicitada por la mujer del que eran entonces su jefe, fuese condenado en firme por un delito contra la ordenación del territorio. Ahora, la sentencia de Juzgado Contencioso Administrativo número 2 con fecha de octubre avala la nulidad de la licencia de obras, basándose precisamente en que cometió un delito contra la ordenación del territorio que ya fue enjuiciado y en que existe una sentencia penal firme que condena al arquitecto técnico municipal por prevaricación urbanística.

Efectivamente, en 2009 las obras del chalé del señor Passolas ya le valieron una condena firme y la inhabilitación por siete años al entonces aparejador municipal Gerardo García –que contó con otro abogado del propio ayuntamiento de Almuñécar- al entender el Juzgado de lo Penal de Motril y después la Audiencia Provincial de Granada que consintió irregularidades en la construcción de la vivienda de su jefe.

Así, catorce años después de que se terminase el chalé, las acciones llevadas a cabo por el ayuntamiento de Almuñécar –y que hasta ahora van teniendo el aval de los tribunales- van encaminadas a la reposición de la legalidad urbanística. De hecho, independientemente de la vía judicial, el Área de Urbanismo del ayuntamiento de Almuñécar abrió un expediente urbanístico disciplinario que sigue su curso.