Izquierda Unida exige a la Mancomunidad que depure responsabilidades en la prórroga del contrato de Aguas y Servicios

La organización comarcal de Izquierda Unida ha vuelto a reclamar a la Mancomunidad de Municipios que esclarezca la legalidad de la prórroga de la concesión de la gestión del servicio básico de agua, poniendo toda la información disponible en manos de la administración de justicia para que investigue posibles prácticas de corrupción. Para ello ha presentado una moción con ésta y otras propuestas que se debatirá en el Pleno de la Junta General que tendrá lugar mañana viernes, día 19.

Representantes de Izquierda Unida a nivel comarcal han adelantado el contenido de la moción presentada, denunciando la falta de voluntad política de la presidencia de la Mancomunidad para esclarecer las circunstancias de la prórroga del contrato a Aguas y Servicios. Ello, a pesar de que un informe independiente de la gestión del servicio entre 2010-2013, pone en duda la legalidad de dicha prórroga señalando, además, determinadas deficiencias e incumplimientos de las condiciones contractuales de la concesión.

El pasado mes de noviembre IU puso en conocimiento de la Cámara de Cuentas de Andalucía el contenido del Informe, solicitando una investigación sobre las circunstancias legales de dicha prórroga. 

Los Grupos Municipales de Izquierda Unida en los diferentes ayuntamientos de la Costa han presentado mociones en el mismo sentido, exigiendo la recuperación de la gestión pública de este servicio y la depuración de responsabilidades en que se haya podido incurrir por las posibles malas prácticas cometidas.

A pesar de ello, El PSOE y el PP están actuando en connivencia para que no se lleven a cabo dichas investigaciones, dilatando el proceso y “mareando la perdiz”, según ha manifestado Inmaculado Omiste, representante de Izquierda Unida en la Mancomunidad.

Por este motivo, han reclamado que el Partido Socialista aclare su posición y diga claramente a la ciudadanía si es partidario de este modelo de gestión privada de un servicio básico, manifiestamente perjudicial para los vecinos y vecinas o, al contrario, defiende su recuperación.

Ángel Coello, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el ayuntamiento de Salobreña ha informado de que la privatización del servicio ha supuesto una importante financiación de los ayuntamientos gobernados por PP y por PSOE en la comarca y, también de algunas actuaciones de carácter partidista, a la vez que ha engordado la cifra de negocio e incrementado, en consecuencia, los beneficios de Aguas y Servicios.

En este sentido ha puesto un ejemplo de la indecencia y de la codicia empresarial de esta empresa que, en el caso del corte del agua a cualquier vecino/a por el impago de un recibo de 20 euros, éste deberá abonar 60 euros, más el IVA más los correspondientes intereses de demora.

Coello ha recordado la implicación de FCC y Acciona, empresas propietarias de Aguas y Servicios, en el masivo fraude de Acuamed la empresa estatal de gestión del Agua que ha destapado actuaciones irregulares, mordidas y sobre costes que podrían suponer el desvió de entre 20 y 25 millones de euros de las arcas públicas. Para que haya corruptos tiene que haber corruptores, ha manifestado.

La representante de IU en la Mancomunidad de Municipios, Inmaculada Omiste ha declarado que su formación va a seguir peleando para rescatar este servicio público y ponerlo al servicio de los ciudadanos. Según sus palabras el agua es un derecho, no un negocio, lo que justifica que Izquierda Unida vaya a seguir llevando a cabo todas las acciones legales a su alcance para la consecución de este objetivo.

Por ello ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, a las asociaciones, a las organizaciones políticas y sociales y, en definitiva, a la sociedad civil para que se movilicen en defensa de sus intereses y no toleren que sus derechos básicos se conviertan en negocios privados. Que nadie se enriquezca a costa de sus dineros. Y que denuncien esta forma de hacer política de los gestores públicos que actúan a favor de sus intereses particulares en muchos casos y no para el interés colectivo.