Los vecinos de Las Góndolas dirán adiós a los malos olores

Ojalá sea verdad el titular y olvidemos los malos olores que nos han amargado la vida en los últimos veranos

Además de la infraestructura viaria de puentes o de canalizaciones de ríos sufrió importantes daños la infraestructura hidráulica. Todavía quedaban pendiente temas tan importantes como la mejora del sistema de impulsión de las aguas residuales desde el punto de concentración de la red de colectores, situada junto a la urbanización Las Góndolas y la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).

La rotura de la red provocó que se viera afectada la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) situada precisamente entre la citada urbanización y el paseo Reina Sofía que, ya de por sí, venía arrastrando desde su puesta en funcionamientos otros problemas, entre los que estaba la emisión de fuerte olores que provocó varias manifestaciones de los vecinos colindantes.

Ahora, tras la realización de los correspondientes trámites de proyectos y tal y como se comprometió la delegada provincial de Medio Ambiente, la Agencia Andaluza del Agua ha encomendado a la empresa pública Egmasa la ejecución de una obra que recoja las medidas necesarias para corregir los defectos del sistema de impulsión mencionado.

Los trabajos, que tienen un presupuesto de 1.697.245,20 euros, los lleva a cabo ya la empresa Alpi y consisten en que, sobre terrenos de la antigua EBAR de Las Góndolas, se construya una nueva estación que sustituya a la actual, situada bajo el paseo marítimo, «al quedar seriamente dañada por la riada mencionada anteriormente», según ha informado la delegación Provincial de Medio Ambiente

El nuevo proyecto recoge, entre las actuaciones a realizar, la demolición de la antigua EBAR de Las Góndolas, incluyendo obra civil y equipamiento, que es lo primero que ya se viene realizando. «Para esta actuación será necesaria la desconexión previa de las conducciones que se encuentran en servicio en el interior de las instalaciones, en concreto los emisarios submarinos y la tubería que conduce en la actualidad el efluente de la EDAR», según la Junta.

Posteriormente, se construirá una nueva EBAR. El proyecto señala que la obra civil incluirá el confinamiento del recinto.

 

Lógicamente, también esta previsto la dotación del equipamiento electromecánico de la nueva EBAR. En este sentido, esta previsto que se dispongan de siete nuevas bombas para el redireccionamiento de las aguas que lleguen a través de los colectores de la red de saneamiento de Almuñécar.

Junto a lo anterior se mejoraran las conexiones de las tuberías de entrada e impulsión de la estación de bombeo y se repondrán los servicios afectados.

Los malos olores que genera la EBAR, anunció en su día la delegada de Medio Ambiente, Marina Martín, en una visita que realizó a Almuñécar, se solucionarán con la sustitución de la estación de bombeo por una nueva. La solución, tantas veces prometida, llegará pronto. Los vecinos han visto por fin comenzar las obras que han esperado durante tanto tiempo.

No tienen vergüenza

Hace tres años que una empresa le ganó un pleito al ayuntamiento. Esto ya no es noticia porque rara es la semana que no ocurre algo similar. A pesar de tener cerca de veinte abogados en los que gastamos un dineral, pierden una y otra vez. La razón es clara: cometen tantas arbitrariedades que algunas no cuelan de ninguna de las maneras. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Desde que se dicta sentencia hasta que se ejecuta, hay mil maneras de dilatar los plazos para que la justicia no se aplique.

Esto es lo que pasa con la empresa en cuestión, Granada Sub. En enero de 2006 ganaron el pleito, pero aún sigue el señor Benavides dando vueltas y más vueltas, enredando y gastando nuestro dinero y pidiendo informes y más informes a técnicos que lo que tenía que estar haciendo es los proyectos y las gestiones para poner en marcha las obras con los seis millones de euros que nos han dado el gobierno y la Junta.

Dicen que hay un escrito del arquitecto, escrito que ni aparece en el acta ni lo conocemos, y ahora, después de ese escrito desconocido, se pide otro a la secretaria, y después le pedirán uno al asesor técnico de juicios perdidos, y luego otro a Tastet y después al señor Martín Recuerda para que valore el coste de la ejecución, y después, si la criatura que ha ganado el juicio, sigue con vida y no se ha ido a vivir a Santillana del Mar, pues igual deducen que es imposible ejecutar la sentencia y piden aclaración al juzgado. En fin, de pena y de cachondeo.

Esto es lo que dice el acta de la JGL del 15 de diciembre:

   2.- Se da cuenta de informe del Arquitecto Municipal en relación con acuerdo de la J.G.L. de 24.11.08, siguiente:

   “10º.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES.-

8.- Se da cuenta de Sentencia núm. 1615 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede en Granada, Sección Primera, procedimiento ordinario 183/2004, siendo recurrente GRANADA SUB, S.L., desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de Almuñécar contra sentencia de fecha 20.1.06 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Granada en el procedimiento núm. 183/04, y en consecuencia, se confirma dicha resolución judicial por ser ajustada da derecho.

 

   La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó dar traslado al Arquitecto Municipal y Técnico de Turismo para ejecución de la misma.”

   La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó dar traslado a la Asesoría  Jurídica.

 

El quinto recibo de la basura nos lo cobrarán en los primeros meses del 2009

700.000 euros nos van a cobrar por el quinto recibo de la basura. Este recibo ya la cobrará la nueva empresa de recaudación.

1.- Se da cuenta de Resolución de la Alcaldía núm. 3398/08 de 5.12.08, sobre aprobación Padrón correspondiente a la Tasa Fiscal de Recogida de Basura, 5ª bimestre 2008, por importe de 700.798,31 €, y baja de recibos de supuestos no sujetos a tasa, quedando enterada la Junta de Gobierno Local.

La Junta de Gobierno da licencia de primera ocupación a viviendas a las que el Pleno anuló hace cinco meses la licencia de obras

IU denuncia una actuación gravísima del equipo de gobierno en relación a diez viviendas construidas en Las Palomas de La Herradura. La Junta de Gobierno ha decidido dar licencia de primera ocupación a diez viviendas supuestamente ilegales, y ello a pesar de que el Pleno del ayuntamiento acordó, el 3 de julio de 2008, anular la licencia de obras de esa promoción.

La historia se remonta a julio de 2005 en que se concede una licencia para construir viviendas en Cerro Gordo a la promotora Estel-Sud. Un año después, el 25 de julio de 2006, la Junta de Gobierno Local aprueba la modificación del proyecto dándose permiso para construir diez viviendas en una parcela, que según la Junta de Andalucía, sólo permite construir dos.

La intervención de la Junta se produce un año después y sólo porque una vecina denuncia las obras el 20 de marzo de 2007. Esta vecina denuncia que, además, las obras no cumplen la ordenanza residencial extensiva XIII porque, frente a los 6 metros de altura máxima se está levantando ‘un mamotreto de 15 m'. 

A raíz de esta denuncia, la Junta se dirige al ayuntamiento el 16 de abril pidiendo copia de la licencia, de los informes y del proyecto. Dado que el ayuntamiento no contesta al escrito de la Junta, esta se vuelve a dirigir al alcalde el 10 de octubre de 2007. Por fin, el 22 de octubre, el señor alcalde se digna contestar a la Junta con una respuesta sorprendente: ‘este ayuntamiento no dispone de medios técnicos suficientes para la copia de proyectos, siendo este el motivo del retraso en el envío de la documentación'.

Tras muchos dimes y diretes, la Junta exigió al ayuntamiento que anulara la licencia de obras y así se hizo el 3 de julio de 2008. El Pleno anuló la licencia por entender que estaba mal dada.

Sin embargo, todo cambia de repente y, basándose en un informe de Tastet, que desconocemos, la Junta de Gobierno decide ignorar el acuerdo del Pleno y concede la licencia de primera ocupación, eso sí, exigiendo al promotor que renuncie a cualquier pleito si los tribunales declaran que las viviendas son ilegales.

Entendemos que esa triquiñuela inventada por el Sr. Tastet, además de desmerecerle, de ninguna manera eximiría al Ayuntamiento y a los concejales que hayan tomado ese acuerdo de responsabilidades civiles y penales, si bien lo que nos preocupa en IU es las indemnizaciones y los gastos jurídicos que tendrá que pagar en su caso el Ayuntamiento por ese acuerdo ilegal.

Hay otros dos informes de Ingeniería de fecha 5.12.08 y de Arquitectura de 4.12.08 que tampoco conocemos y que el alcalde tendría que entregar a la oposición y a los medios de comunicación para que los ciudadanos conozcan los argumentos de unos técnicos y otros en torno a un acontecimiento insólito, como es el de que un órgano inferior tome un acuerdo radicalmente contrario al tomado meses antes por el órgano superior.

IU echa en falta un informe de la secretaria del Ayuntamiento porque es la persona facultada por ley para decir a los concejales lo que es legal y lo que no. Los informes externos encargados a un abogado particular pueden decir misa pero no son los que respaldan o desautorizan las decisiones de los concejales.

La actuación de la Junta de Gobierno dando licencia de primera ocupación a unas viviendas con la licencia de obras anulada por el Pleno constituye un delito de primera magnitud porque la Junta de Gobierno no es nadie para anular un acuerdo del Pleno. Es imposible dar licencia de primera ocupación si la licencia de obras está suspendida o anulada por el Pleno, máximo órgano del ayuntamiento. Primero tendría el Pleno que anular su acuerdo de julio y después la Junta de Gobierno, con todas las reservas hechas, podría dar licencia de primera ocupación, pero nunca al revés.

Por otro lado, al igual que ocurrió con unas viviendas en Cotobro hace alrededor de un mes, la renuncia de la promotora a interponer pleitos es papel mojado pues nadie podrá negar a los compradores de las viviendas su derecho a reclamar si los tribunales declaran ilegales las viviendas.

Este cúmulo de actuaciones, idénticas en el fondo y en la forma a las que se han desarrollado en Marbella o Estepona, están creando un grave perjuicio a la economía del ayuntamiento, que está gastando cantidades desorbitadas de dinero en juicios e informes de todo tipo. Asimismo, es posible que estas actuaciones acaben provocando cuantiosas indemnizaciones a favor de las personas que han comprado de buena fe una de esas viviendas, indemnizaciones que tendríamos que abonar los contribuyentes almuñequeros.

Pero lo que es innegable es la intranquilidad y desasosiego que noticias como esta generan en los hipotéticos compradores de viviendas que ya no saben a qué atenerse en nuestro municipio porque se corre un riesgo cierto de embarcar los ahorros de toda una vida en una vivienda que tiene todas las apariencias de legalidad pero que acaba siendo ilegal.

En IU entendemos que con este y otros muchos casos que ya hemos denunciado hay elementos suficientes para enjuiciar e inhabilitar al Sr. Benavides y a los concejales que están participando en sus ilegalidades; es necesario e inaplazable que la Fiscalía, la Junta de Andalucía y la Subdelegación del Gobierno, inicien de una vez los diligencias para inhabilitar a estos personajes antes de que cometan más ilegalidades y sigan poniendo en un serio compromiso a ciudadanos y al pueblo de Almuñécar. 

 Acta de la JGL del 9 de diciembre de 2008:

8.- D. Javier González Martín, en nombre y representación de ESTEL SUD, S.L., con domicilio en C/ General López Pozas 16, 28036-Madrid, solicita licencia de primera ocupación de la promoción de 10 viviendas unifamiliares en Las Palomas, y conocedora de la problemática existente, se compromete a no solicitar ninguna indemnización por daños y perjuicios al Ayuntamiento de Almuñécar, si en el futuro, debido a cualquier proceso, resulta que la Licencia de Primera Ocupación de las 10 viviendas unifamiliares en Las palomas, es declarada contraria a derecho.

   Asimismo se compromete a desistir del recurso contencioso-administrativo nº 548/2008, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº uno de Granada, dentro de los tres días siguientes a la concesión de la licencia de primera ocupación, ni a solicitar indemnización alguna al Ayuntamiento de Almuñécar por los daños económicos sufridos desde la finalización de las obras hasta la fecha.

   Habiendo sido presumiblemente finalizadas las obras en fecha anterior al requerimiento de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, con entrada en este Ayuntamiento el 22.5.08, para la revisión de oficio, dado que el certificado final de obras es de fecha 2.6.08, visado el 4.6.08, y, visto informe del Bufete Antonio Tastet de fecha 26 de noviembre de 2008, de Ingeniería de fecha 5.12.08 y de Arquitectura de 4.12.08, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó:

• 1) Aprobar el Informe del Bufete Antonio Tastet de referencia.
• 2) Conceder a ESTEL-SUD, S.L., Licencia Municipal de Primera Ocupación de la construcción de 10 viviendas unifamiliares en Las Palomas, teniendo en cuenta el compromiso de fecha 4 y 5 de diciembre de 2008 contraído por D. Javier González Martín, en representación de ESTEL-SUD, S.L, por el que se compromete a no solicitar ninguna indemnización por daños y perjuicios al Ayuntamiento de Almuñécar.
• 3) Devolver el aval del Banco Popular por importe de 72.000 €, previa presentación original de la carta de pago.

•4)    Dar traslado del Informe Jurídico al Pleno de la Corporación en la próxima sesión que celebre para que declare la caducidad del procedimiento de revisión de oficio del art. 102 de la Ley 4/99 de 1 de enero, y el consiguiente archivo de dicho expediente o proceda a la reapertura del procedimiento de estimarlo conveniente.

Cayo Lara insiste en la necesidad de dar una respuesta a la situación económica

En su primera comparecencia en Andalucía después de haber sido elegido coordinador general de IU, Lara se ha extrañado por la relevancia que ha cobrado su llamamiento a la huelga general y ha puntualizado que corresponde a los sindicatos y no a los partidos políticos convocar este tipo de movilizaciones.

Lara ha señalado que si el Gobierno del PSOE sigue aplicando las políticas de "sacarles los recursos a los ciudadanos de los bolsillos" para dárselos a "los banqueros ineficaces, incompetentes e insolidarios", se creará un estado de reflexión y debate en los movimientos sociales y sindicales. En su opinión, ya se está creando el "caldo de cultivo" de esta huelga general que, según ha dicho, no será una "revuelta" ni una "guerra de Troya", porque no pretende derrocar al Gobierno sino dar expresión, con un acto de "protesta masiva", a los trabajadores que se sienten asfixiados para que giren las políticas del país.

Respecto a los especuladores en paraísos fiscales, Lara ha sostenido que deberían ser tratados como "delincuentes" y ser llevados a prisión, y ha confiado en que se cree una ley que acabe con estos lugares. Lara ha lamentado que esa evasión de capitales debilite el erario, y ha acusado a quienes la practican de explotar los recursos del país y no pagar impuestos para que los hijos de los ciudadanos puedan tener escuelas y sanidad pública.

El coordinador general de IU ha querido dejar claro que "se ha acabado el gobierno y la oposición" en la casa de una IU, que ha definido como "unitaria", y ha anunciado "mil actos públicos" en movilizaciones permanentes durante los próximos meses, que pondrán de manifiesto una "refundación" de "propuestas" y "protestas" en las calles y las instituciones.

Lara ha asegurado que la ciudadanía no quiere escuchar más las "peleas internas" de IU, y ha apostado por reforzar el peso de la federación en las instituciones públicas con el objetivo de cambiar las leyes y redactarlas "al dictado de los trabajadores" y no de los banqueros, los altos empresarios y los especuladores.

En relación a las políticas económicas, Lara ha criticado las medidas fiscales regresivas de los últimos gobiernos del PP y el PSOE, y que hayan dejado al Estado sin dinero con unas ideas "negativas", "neoliberales" y "de derechas". "Nos han contado la gran mentira de la historia y nos han creado un estado de ilusión en este país que es la droga más dura que se les puede poner a los ciudadanos", ha dicho Lara, quien ha apuntado que ese proyecto estaba viciado, "tenía los pies de barro" y ahora se ha venido abajo.

Otra "gran mentira", para Lara, es la política de "atrapalotodo" del PP, que defiende que con pocos impuestos se pueden dar más servicios a la gente. "Los señoritos andaluces no quieren pagar impuestos para que los pobres y los trabajadores puedan ir a las escuelas y tengan una sanidad pública", ha subrayado.

Lara ha estado acompañado en esta rueda de prensa por el coordinador general andaluz de IU, Diego Valderas, su homólogo en Córdoba, Francisco Martínez, y el secretario de Política Autonómica, José Luis Centella. Valderas, quien ha resaltado que la nueva dirección tiene "todo el apoyo" de la federación andaluza, ha advertido de que el diálogo y la concertación social que reclama el Gobierno sólo serán válidos si dan salida a una mayoría social. En este sentido, ha recalcado que el modelo del PSOE "ha fracasado", por lo que ha propugnado una alternativa desde la izquierda y no desde la "orilla de la derecha".

IU dice tener pruebas de que un avión de la CIA hizo escala con presos a bordo en Rota

Izquierda Unida ha aportado hoy una documentación en la que se identifica a los 24 supuestos islamistas detenidos "ilegalmente" que fueron trasladados en un avión de la CIA desde Rota a Guantánamo en octubre de 2002, un vuelo que el Gobierno reconoció que se hizo pero negó que llevara presos

IU "desmiente", según ha puesto de relieve su portavoz en el Congreso, Gaspar Llamazares, al ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, quien en su comparecencia en el Congreso la pasada semana aseguró que en ninguno de los aviones que pararon en aeropuertos españoles se transportaron presos ilegales.

En una rueda de prensa en el Congreso, Llamazares ha aportado también una identificación detallada de otros 23 presuntos detenidos ilegales que viajaron en otro vuelo que salió de Morón con destino a Guantánamo efectuado el 11 de enero de 2002, el cual, de acuerdo con el ministro, "nunca pasó" por la base sevillana sino que la sobrevoló.

Según la relación de los 23 presuntos detenidos que viajaban en el vuelo C-141 del que informó el control aéreo de Portugal con indicativo RCH7502 y origen en Morón, siete eran yemeníes, seis afganos, cinco saudíes y los cinco restantes procedentes de Uganda, Australia, Túnez, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

Además del lugar de nacimiento, la lista incluye el nombre y apellido de cada uno de ellos, la fecha de nacimiento y el número de prisionero que le fue asignado en el penal que EEUU tiene en Cuba.

Estos mismos datos figuran en la relación que IU da de los 24 prisioneros trasladados en el avión C-17 con indicativo RCH319Y, que partió de Rota el 28 de octubre de 2002, un vuelo que el Ejecutivo "no me lo puede desmentir", ha subrayado Llamazares, "porque lo ha confirmado el propio Gobierno".

De los detenidos que figuran en el listado, catorce nacieron en Afganistán, tres en Yemen, dos en Pakistán y cinco en Uganda, Rusia, Mauritania, Canadá y Gran Bretaña.

El indicativo que figura en ambos vuelos, como consta en esta documentación, corresponde a la compañía aérea REACH (MCair Mobility Command-United States of America).

Aparte de estos dos vuelos que según el portavoz de IU hicieron escala en bases españolas entre enero de 2002 y octubre de 2006, el listado incluye otros diez, aunque en ninguno de ellos figura el número de pasajeros y únicamente consta que el presunto objeto del vuelo es el traslado de detenidos.

En todos se señala que de ellos informó el control aéreo de Portugal, salvo en tres, que no reflejan ninguna observación.

A la vista de esta documentación, Llamazares ha insistido en que el ministro de Exteriores "está intentando pasar página" a este asunto y ha señalado que o bien "no tiene toda la información o da una información sesgada".

Moratinos, en su comparecencia el pasado 10 de diciembre en el Congreso, explicó que de los 24 vuelos a Guantánamo que pasaron por España entre enero de 2002 y noviembre de 2006, once llegaron a hacer escala y los otros trece restantes sobrevolaron espacios aéreos internacionales sobre el Estrecho de Gibraltar, pero no sobre el espacio propiamente español.

Aseguró también que ninguno de los once aviones que pararon en aeropuertos españoles transportaban prisioneros ilegales, unos datos que el Ministerio ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga el caso, al igual que ha hecho IU, que ejerce la acusación particular en la causa, con la relación de detenidos.

IU ve con preocupación el futuro de la recaudación en el municipio

Previsiblemente, el Pleno va a dar su visto bueno a la adjudicación de la recaudación a una empresa privada que cuenta con un historial ciertamente preocupante. Nos referimos a la empresa Recam, una de las dos que compone la UTE que ganó el concurso para llevar la recaudación del municipio en sustitución de la Diputación.

Esta empresa es propiedad de los hermanos Polo, quienes están salpicados de irregularidades de todo tipo en sus relaciones con las distintas administraciones para las que han trabajado, casi todas ellas, por cierto, gobernadas por el PP.

No es motivo de tranquilidad saber que algunos de los encargados de recaudar los impuestos de los almuñequeros son clientes habituales de las páginas de distintos boletines oficiales donde son reclamados como morosos. Y aparecen en estos boletines porque quienes pretenden cobrarles no les encuentran al ser ilocalizables en sus domicilios. No es este un modo de actuar que parezca ejemplarizador para aquellos que van a manejar nuestros datos y van a recaudar los impuestos y tasas del municipio.

Así, según documentos aportados por el grupo municipal de IU, los hermanos Polo, propietarios de Recam, han sido requeridos en distintos boletines oficiales a pagar las cuotas de la Cámara de Comercio de Sevilla o a saldar deudas tributarias en Cádiz. También han recibido providencias de embargo, en este caso del Ayuntamiento de Madrid.

A uno de los Hermanos Polo, la Fiscalía le abrió diligencias por presunta apropiación indebida en la recaudación del Ayuntamiento de Granada, que le tenía confiado este servicio. En este caso, la actuación de la Fiscalía estuvo motivada por una denuncia de Pedro Revilla, concejal del PP y miembro del equipo de gobierno. Pedro Revilla era Concejal de Economía y acusaba a la empresa de apropiarse 43 millones de pesetas.

En el municipio canario de San Bartolomé, en 2006, el propio Secretario Municipal informó de la nulidad de su contratación por parte del Ayuntamiento, con el extravío de documentación esencial; el contrato de la Corporación municipal con la empresa de Rafael Francisco Alonso Polo tuvo que ser anulado dos veces.

En Alhendín, recientemente, un Juez ha imputado por cohecho en un caso de corrupción urbanística a los tres hermanos, Rafael, Mariano y Luis. En este caso, que es famoso en toda España gracias a unas escuchas telefónicas, hay varios concejales populares del Gobierno municipal imputados por prevaricación. Uno de ellos, Manuel Fernández Moreno, también tuvo que ver con la recaudación en el ayuntamiento de Granada.

Como caso más grave, IU aporta documentos que acreditan que uno de los propietarios de la empresa ha sido condenado, tras un largo proceso judicial que ha durado más de 8 años, a 18 meses de prisión menor como autor de tres delitos contra la Hacienda Pública por dejar de ingresar 151 millones de las antiguas pesetas. La Audiencia Provincial de Burgos impuso, además, a Luis Alonso Polo, una sanción de casi 2 millones de euros que debería pagar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, más los intereses y las costas del proceso.   

La sentencia consideró probado que Luis Alonso Polo defraudó más de 30 millones de las antiguas pesetas en 1989; más de 80 millones, en el año 90; y más de 40, en el 91, cuando ejercía su actividad como recaudador en los ayuntamientos de Adeje, en Tenerife, Valladolid, Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Burgos. Una de las cuestiones en que se basaron los magistrados de la Audiencia para condenarle por delitos contra la hacienda pública fue la contabilidad.  Dice la sentencia que esta contabilidad "no era ni ordenada, ni uniforme, ni correcta", lo que pone de manifiesto, según la sentencia, una actuación contraria a la transparencia en la presentación de la cuentas. Transparencia que era importante por la naturaleza de su actividad profesional que "exigía una especial claridad, un adecuado orden y una intachable transparencia".

En resumen, no nos parece sensato que la gestión de nuestros tributos, hasta ahora llevada de manera impecable por los empleados de la Apat de la Diputación Provincial de Granada, pase a ser llevada por unas personas que tienen en su historial actuaciones tan irregulares y tan contrarias a lo que se supone que debe ser un administrador de recursos públicos. No es lógico que esas personas manejen nuestros datos confidenciales de cuentas corrientes, números de identificación fiscal y deudas tributarias.

IU lamenta que, además de poner en mano privadas un servicio que por su naturaleza es público y debe ser prestado por funcionarios públicos, esta confianza se otorgue a una empresa que no parece merecerla.

Por todos estos motivos, IU pide que se suspenda cautelarmente la adjudicación de la recaudación a esta empresa en defensa de los intereses generales de los contribuyentes y del propio ayuntamiento que quizá tenga que lamentar, en un futuro no tan lejano, esta decisión que hoy se va a tomar con la connivencia de Benavides y los concejales populares.

EL PP “TEME” QUE LA JUNTA PRIVATICE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD ANDALUCES

La vida no deja de dar sorpresas. Ahora resulta que el PP está preocupado por la posible privatización de un servicio público. Bien, no tenemos inconveniente en iniciar una campaña conjunta. A lo mejor la crisis les ha alterado las neuronas.

La parlamentaria popular andaluza Eva Martín comparecerá mañana, en la comisión de salud que se celebrará en el Parlamento de Andalucía, para preguntar a la consejera de salud de la Junta, María Jesús Montero, por la política que va a adoptar la consejería de salud, y las medidas concretas que va a poner en funcionamiento, en relación al personal de mantenimiento de los centros e instituciones sanitarias andaluces, a raíz de la Orden de cambio de las categorías de estos profesionales que entró en vigor el paso 30 de julio y que perjudica a los trabajadores eventuales que no cuentan con la titulación exigida por dicha Orden, y que no acumulan la experiencia de cinco años que se pide en el documento.

Martín sospecha que esta medida de regulación sea el inicio de la privatización del servicio de mantenimiento de los centros e instituciones sanitarias, como ya hiciera la Junta de Andalucía con el servicio de comida, que ahora depende de empresas externas, o una reducción encubierta de la plantilla.

La parlamentaria andaluza se ha querido hacer eco de las protestas de los 900 trabajadores de toda Andalucía, unos 100 en Granada, que se han visto afectados por esta Orden emitida por la Junta el 13 de julio de este mismo año, y que ha sido denunciada ante los tribunales por un sindicato, alegando que dicho documento no respeta lo acordado entre los trabajadores y la Junta de Andalucía en la mesa sectorial de negociaciones.

La dirigente popular ha denunciado el “mal trato” que los trabajadores eventuales de los centros e instituciones sanitarias reciben por parte de la Junta de Andalucía y recordó que los médicos eventuales siguen movilizándose y exigiendo la estabilización de su situación laboral.

Ayudas a domicilio

La Junta de Gobierno del 9 de diciembre ha decidido quitar el Servicio de Ayuda a Domicilio a unas personas que han conseguido, en función del grado de dependencia y situación económica y familiar, la ayuda a través de la Junta de Andalucía. 

Hacemos pública esta relación de personas que han estado recibiendo ese servicio del Ayuntamiento y que ahora tendrán la ayuda de la Junta. Ignoramos si hay otras personas con mayores necesidades a las que estas ayudas se niegan y suponemos que la valoración de las necesidades y de los recursos económicos se habrá hecho correctamente, aunque nos sorprende (tendrá su explicación, sin lugar a duda) ver en la lista algunas personas a las que se les supone un muy buen nivel económico familiar.

2.- Por la Delegada Municipal de Bienestar Social se da cuenta de relación de personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal que, tras solicitar valoración de dependencia y alcanzando un grado y nivel que les permite obtener el citado servicio a través de los recursos de la Junta de Andalucía han optado por solicitar la prestación económica por cuidados en el entorno, prestación que requiere de la atención continuada de una persona de su entorno para acceder a este recurso.

   Después de ser informados de la incompatibilidad de ambos recursos (SAD municipal y prestación económica) y de la suspensión, en su caso, del SAD Municipal toda vez produjera el inicio de cobro de la prestación y no habiéndose manifestado ninguno de los interesados en presentar reclamación o alegar otras circunstancias, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó:

   Proceder a la suspensión del citado servicio a partir de 31 de diciembre de 2008, a los siguientes usuarios de SAD con prestación económica de dependencia:

Rafael Barbero Antequera,      5 horas/semana.

Consuelo Franco Fernández,   5 horas/semana.

Isabel García Jerónimo,         5 horas/semana.

Francisca Martín Mingorance,  5 horas/semana.

Pascual Martínez Fernández,    5 horas/semana.

Esperanza Moreno Alaminos,   5 horas/semana.

Lucila Pavesio Cerceda,          5 horas/semana.

Mª Carmen Rodríguez López,   5 horas/semana.

 

Cayo Lara: un poco de biografía

Nacido en Ciudad Real en 1952, Lara es uno de los impulsores del sindicato agrario COAG. Fue alcalde de Argamasilla de Alba (Ciudad Real) entre 1987 y 1999. Desde 2000 ha sido coordinador general de IU de Castilla-La Mancha. Se ha destacado en la región por su lucha contra la especulación urbanística y su respaldo al alcalde de Seseña (Toledo), Manuel Fuente, frente al constructor Francisco Hernando, más conocido como El Pocero.

A ver si gastamos bien el dinero que nos corresponde al municipio

Cayo Lara coordina una nueva dirección en la que están presentes todas las sensibilidades de IU

La dirección de IU estará integrada por seis áreas y diecisiete secretarías que se han repartido proporcionalmente las distintas sensibilidades y en ella, entre otros y liderados por Cayo Lara (PCE), estarán Joan Josep Nuet y Rosa Aguilar.

La denominada desde hoy Comisión Ejecutiva ha sido consensuada por los diferentes sectores y ha obtenido el respaldo de 89 miembros del Consejo Político celebrado a lo largo de esta jornada, en tanto que 21 han votado en contra y 34 lo han hecho en blanco.

Además de la Coordinación Federal que dirigirá Cayo Lara, la Comisión contará con otras cinco áreas, de las cuales dos estarán encabezadas por miembros del PCE: la de Elaboración y Propuestas, a cargo de Marga Ferrer, y la Internacional, liderada por Willy Meyer.

Por su parte, el sector 'llamazarista' estará representado en la Comisión por la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, que dirigirá el área Institucional, y por Pablo Prieto en la de Política Territorial y Sostenibilidad.

La denominada 'Tercera Vía' también se ha hecho con una de las áreas, en concreto la Interna que encabeza Joan Josep Nuet, precisamente la otra candidatura a coordinador general que se ha sometido a votación hoy además de Cayo Lara.

En realidad, sólo en dos áreas se producen cambios: en la de Política Territorial y Sostenibilidad y en Elaboración y Propuestas.

También las diecisiete secretarías se han repartido proporcionalmente entre las distintas sensibilidades de Izquierda Unida, tal y como ha sido el deseo de los miembros de la formación que han mantenido sus candidaturas a coordinador general.

Uno de los que la retiró hoy mismo fue Eberhard Grosske, quien a partir de ahora ocupará la secretaría de Política Municipal.

Las otras 16 secretarías son las siguientes:
Comunicación Externa y Electoral: Angel Pérez
Refundación y Relaciones Políticas: Enrique Santiago
Política y Fundación de Estudios: Inés Sabanés
Organización: Miguel Reneses
Finanzas: Antonio Cortés
Comunicación Interna: Amanda Meyer
Política Autonómica José Luis Centella
Coordinación de grupos parlamentarios: Ramón Luque
Economía y Trabajo: José Antonio García Rubio
Areas y Programas: Dolores Sánchez
Políticas Sociales: Yolanda Díaz
Solidaridad y Derechos Humanos: Fran Pérez
Internacional y Europa: Isabel López
Cooperación Política: Diosdado Toledano
Medio Ambiente: Adolfo Barrena
Vivienda: Juan Manuel Sánchez Gordillo

IU pide consenso para gastar los 6 millones de euros que Gobierno y Junta dan al ayuntamiento para crear empleo

El Gobierno va a destinar una ayuda para Almuñécar de 4.792.134 €, a través del Fondo Estatal de Inversión Local. A esta cantidad hay que añadir el millón de euros que la Junta ha destinado para nuestro municipio. IU valora muy positivamente esta medida que, bien aplicada, puede ayudar bastante en la creación de nuevos empleos.

Este dinero debe ser gastado con dos criterios básicos: el primero, que haya el mayor consenso posible acerca de los proyectos a ejecutar; el segundo, que se haga un control riguroso del gasto vigilando que se consiga el objetivo buscado de crear empleo.

IU propone que se cree una Comisión Especial en la que estén presentes todos los grupos municipales y un representante de cada sindicato. Dicha comisión estudiaría las distintas alternativas y elevaría una propuesta de resolución al Pleno.

La finalidad de este Fondo es la creación de empleo por lo que sería conveniente establecer como prioritarias aquellas obras públicas que generan mayor número de empleos y no aquellas cuyo coste principal sean materiales y maquinaria.

Por otro lado, IU pide que no se aproveche esta inyección de dinero tan importante para una nueva operación de clientelismo político por parte de nadie. Para ello, hay que ser escrupuloso en la contratación, dando trabajo a través de las listas del INEM a las personas que más lo necesitan al margen de cuestiones políticas o partidistas.

Al margen de esta importante inyección económica, hay que resolver de una vez por todas el problema de la financiación de los ayuntamientos conjugando mayores ingresos con más control y menos permisividad con el derroche que practican algunos ayuntamientos, del que éste de Almuñécar es un ejemplo.

Entre las propuestas que el grupo de IU ha estudiado como de interés general para el municipio destaca una que siempre ha sido postergada por los distintos equipos de gobierno porque tiene un alto coste y no se puede inaugurar a bombo y platillo: se trata de la renovación total de la red de pluviales para evitar el lamentable espectáculo que todos los años tenemos en las calles de La Herradura y Almuñécar.

Junta a esta obra de interés general, hay una serie de obras que la Asamblea Local de IU ha considerado como importantes para ser debatidas y priorizadas en esa Comisión que se propone:

• Centro de Día en los terrenos del antiguo Centro de salud
• Tanatorio junto al cementerio
• Parque de Bomberos en una ubicación más adecuada
• Restauración del Parque El Majuelo
• Red de carriles bici por los caminos de la vega y los paseos marítimos
• Adecentamiento del acueducto en sus diversos tramos
• Adecentamiento de la necrópolis de Puente Noy
• Puente peatonal en Río Seco para enlazar con el Cerrillo y la Cerca
• Nuevo acceso al Moruno con un puente por el camino de la Ermita de Gracia
• Acceso al acueducto por El Cercado
• Nuevo Centro de Adultos en Almuñécar
• Asfaltado del Carril de Gelibra
• Adecentamiento de los columbarios de la Albina y la Torre del Monje

Salobreña: Playa de la Cagadilla

Playa Granada hace un año

Más Playa Granada

Playa Granada

ECOLOGISTAS PIDEN AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE QUE NO REGENERE CON APORTES DE ARENA PLAYA GRANADA, NI CONSTRUYA ESPIGONES

Las responsabilidades de la situación que viven los vecinos de esta zona son de los promotores y de las administraciones que han permitido estas construcciones.

 Ante la inutilidad demostrada de los aportes de arena y el daño que causan los espigones, que interactúan con las corrientes costeras cambiando las distribuciones de arena por todas las playas vecinas, pedimos que no se acometan estas actuaciones, porque no sirven para nada y  son un gasto inútil que pagamos todos los contribuyentes.

 Ya hace tiempo que se sabía -sólo los "muy listos" no querían verlo- las consecuencias de la presa de Rules sobre el retroceso de las playas vecinas. Ahora hay ciudadanos que se sienten perjudicados y piden una solución.

 Nosotros hemos propuesto a Costas que, junto a las administraciones autonómicas con competencias, afronte una reordenación de la línea litoral, donde se proceda a un nuevo deslinde del dominio público marítimo terrestre, en consonancia con la situación actual de la playa y de la que queda por venir,  y a una  intervención efectiva sobre  la servidumbre de protección en cuanto a su urbanización.

 Los daños que puedan sufrir los afectados, la mayoría de ellos compradores de buena fe, deben ser reclamados a los que se han enriquecido con esta ordenación urbanística de un litoral que debió de mantenerse natural.

 Esperamos que esta situación sirva de aviso a navegantes ante las previsiones constructoras junto al delta del Guadalfeo en la vecina Salobreña.

La recaudación pasa a estar gestionada por una empresa privada

Los escritos de IU pidiendo que se subsanaran las múltiples deficiencias del proceso de adjudicación de la recaudación a una empresa privada no han sido ni tenidos en cuenta ni contestados. Está claro que esta contratación había que sacarla como fuera.

El tiempo nos dirá por qué tanto interés. Y quizá algún funcionario tenga que arrepentirse de no haber puesto reparos de ningún tipo a una operación que se ha hecho incumpliendo todo tipo de exigencias legales (la más flagrante, la de haber modificado el pliego al aceptarse nuestras alegaciones pero, en lugar de volver a publicarlo en los boletines oficiales, saldar el trámite como si se tratase de una rectificación de errores).

El tema es un escándalo jurídico y va a ser recurrido, aunque ya sabemos ese refrán tan cierto en nuestro país de 'pleitos tengas y los ganes'. La impunidad que suele proporcionar la justicia (tan contundente en otros casos) da lugar a que se cometan todo tipo de tropelías que luego tienen difícil arreglo cuando hay una sentencia ocho años después. Pero es lo que hay.

El caso es que la Mesa de Contratación del ayuntamiento ha aprobado, con los votos en contra de IU y PSOE y la abstención del PA, proponer al Pleno que la recaudación municipal sea adjudicada a una Unión Temporal de Empresas formada por Ferroser y Recursos Camerales.

Ferroser es una empresa del grupo Ferrovial, una empresa potente del estilo de FCC y Sacyr Vallehermoso. Es el tipo de empresas que gustan a nuestro alcalde porque pueden aguantar sin cobrar lo que haga falta e incluso pueden adelantar. Lógicamente, esto se explica porque al final acaban cobrando sus intereses de múltiples maneras.

La otra empresa que compone la UTE se llama Recursos Camerales y muy pronto hablaremos de ella más extensamente. Como primicia, damos este adelanto sacado de un periódico canario:

Recursos Camerales en el municipio de San Bartolomé

26-4-2006

El contrato para la recaudación municipal en San Bartolomé tiene “vicios de nulidad” y desapareció documentación esencial del expediente

El informe del secretario del Ayuntamiento de San Bartolomé da cuenta de que ha habido importantes irregularidades en la contratación de una empresa privada para las tareas de recaudación municipal. Da cuenta también de la inexistencia de documentación esencial en ese expediente de contratación.

Un nuevo escándalo tiene como protagonista al Ayuntamiento de San Bartolomé. En este caso, el tema en cuestión es la recaudación tributaria que en ese municipio lleva una empresa privada desde el año 1999, y cuya contratación por parte del Consistorio tiene visos de “nulidad o anulabilidad”, según informó el secretario de la corporación en el pleno celebrado en la noche del pasado martes. Pero eso no es todo: en el expediente de contratación falta documentación esencial.

Desde el Grupo de Gobierno, el concejal de Hacienda Javier Betancort admite que hay unos “defectos de forma” a la hora de cerrar el contrato con esa empresa, y que por lo tanto puede ser nulo. En todo caso, ante el contundente informe del secretario de la Corporación, el concejal de Hacienda anticipó este miércoles a La Voz que desde el Grupo de Gobierno se pedirá ahora un informe al Consejo Consultivo -órgano regional conformado por una parte política y otra técnica, de juristas- para que se pronuncie sobre cuáles son los pasos que se deben ahora seguir tras corroborarse irregularidades en la adjudicación de la recaudación municipal.

La recaudación municipal de San Bartolomé corre por cuenta desde el año 1999 de la empresa privada Recaudación de Recursos Camerales S.A.. El contrato entre ambas partes y su correspondiente prórroga expiró en 2004, pero volvió a ser prorrogado por el actual Grupo de Gobierno. Javier Betancort admite irregularidades en la contratación pero en sus orígenes, porque “se hizo por cinco años y no tenía que pasar de cuatro”, al tiempo que destaca que se trata de “una situación heredada por el actual Grupo de Gobierno”.

El otro de los aspectos polémicos en torno a la contratación por parte del Ayuntamiento con Recaudación de Recursos Camerales S. A. es la ausencia de documentación muy importante en el correspondiente expediente, según informó también el secretario en el pleno de este martes. En concreto, son cuatro los documentos que faltan relativos a ese expediente de contratación: el pliego de cláusulas administrativas particulares y de condiciones técnicas particulares, el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya, la fiscalización de la Intervención que es el documento que certifican la legalidad de la contratación, y el decreto de aprobación del gasto del expediente de los citados pliegos.

 

 

El Pleno de San Bartolomé vuelve a anular el contrato con la empresa municipal de recaudación

10 de febrero de 2007

El Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé volvió a respaldar este viernes por unanimidad el inicio de expediente para la declaración de nulidad de pleno derecho del convenio firmado el día 24 de noviembre de 2004 entre la Corporación municipal y la Mercantil Recursos Camerales S.A. (RECAM, S.A.), en materia de gestión y recaudación de tributos de carácter municipal.

En su día el alcalde, Miguel Martín, no ejecutó el anterior acuerdo plenario trasladándolo hasta el Consejo Consultivo del Gobierno de Canarias, del que es necesario un informe positivo para anular el contrato, por lo que después de tantos meses ya ha prescrito el acuerdo plenario y por eso ahora ha sido llevado de nuevo a Pleno.

La empresa tendrá que desalojar las instalaciones municipales que a día de hoy ocupa en San Bartolomé para, posteriormente, aplicar o bien una gestión directa o bien indirecta, ésta última a través de un concurso público.

En manos de los banqueros

Juan Francisco Martín Seco

Estrella digital

" Parece evidente que cada cierto tiempo las entidades financieras entran en crisis y, bajo las amenazas de que se tambalea todo el sistema y la economía en su conjunto, enormes cantidades de fondos públicos tienen que acudir en su ayuda. Habrá que pensar que el crédito y el dinero son asuntos demasiado importantes para dejarlos en manos de los banqueros. Desde luego, no tiene sentido que, como en la antigua URSS, los taxis sean públicos, pero a lo mejor tampoco lo tiene que, como en nuestros países, los bancos sean privados".

Algunos son pertinaces e irredentos. Por ejemplo, Fernández Ordóñez que, con todo lo que está cayendo, centra el peligro en que el Estado intervenga. El 19 del pasado mes hizo unas declaraciones en las que alertaba acerca del riesgo que, según él, se produce en las capitalizaciones de los bancos con entrada de representantes del Gobierno en los consejos de administración, calificándola de nefasta si se cae en la tentación de obligar a esas entidades a conceder créditos: "En el momento en que obliguemos a un banco a dar un crédito a quien no lo va a pagar, nos habremos cargado el sistema financiero". El caso es que, para destruir el sistema financiero, se valen ellos solos, y ya lo hubiesen hecho si no llega a ser por la actuación de urgencia del sector público y por el dinero de los contribuyentes. ¿Nos olvidamos, acaso, de que han sido las propias entidades financieras y la autorregulación las que se encuentran en el origen de esta crisis? Son los bancos los que han concedido créditos a quien no podía pagarlos -las famosas hipotecas subprime- y han sido los bancos los que han titulizado esa basura, la han vendido a otros bancos y han contaminado el sistema.

Incluso, refiriéndonos a España, hay mucho que decir respecto al comportamiento de nuestras entidades financieras. Se ha pregonado su solvencia y buena salud en comparación con las de los otros países. La explicación es sencilla. No han tenido demasiadas ocasiones de contaminarse. Dado nuestro déficit exterior, nuestros bancos no podían ir a los mercados internacionales a comprar activos, ni de buena ni de mala calidad, sino a emitir pasivos, a endeudarse. Era difícil, por tanto, que adquiriesen en el extranjero activos de dudosa procedencia.

Otra cosa es la contaminación interior porque, sin llegar a la aberración de las hipotecas subprime, al conceder créditos con excesiva alegría y permitir el apalancamiento, las entidades financieras han sido, en buena medida, las causantes de la burbuja inmobiliaria y del brutal endeudamiento de nuestra economía. Esas personas tan sabias y expertas que dirigen los bancos quizás se han autoengañado pensando que las condiciones económicas iban a permanecer inmutables (buen ejemplo de ello son los préstamos a Sacyr); pero de lo que no hay duda es de que han engañado a los clientes y a la sociedad en su conjunto.

La cultura financiera de la mayoría de los ciudadanos es escasa y, por lo general, se fían de lo que les diga el banco, sin ser capaces de discernir muchas veces la verdad de la mentira. En unos momentos en los que los tipos de interés eran excepcionalmente bajos, las entidades financieras impusieron el interés variable con lo que el riesgo pasaba de éstas al cliente al que se engañaba, o al menos se confundía, presentándole una oferta que no era real. Casi todo el mundo, cuando va a demandar un crédito, en lo que se fija es en la cuota que va a tener que pagar todos los meses, y si ésta es asequible teniendo en cuenta sus ingresos. Pero, con interés variable y especialmente con largos plazos de amortización, esa cuota puede modificarse de manera sustancial, ya que casi todo lo que se paga en los primeros años son intereses, por lo que variar el tipo de interés, también lo hace y casi en la misma proporción la mensualidad. Tal escenario va a conducir a un fuerte incremento de la morosidad, y a crear una situación económica angustiosa en muchos ciudadanos.

Este comportamiento de las entidades financieras contrasta con el que están practicando en la actualidad. Desde la propia vicepresidencia económica se ha mostrado preocupación por que el crédito no llega a las empresas o a las familias y, cuando llega, lo hace con unas condiciones draconianas. En plena recesión, casi deflación, las entidades financieras están cobrando a sus clientes unos tipos de interés desmedidos, integrados por dos factores diferentes. Por una parte, el nivel del Euribor (tipo al que los bancos se prestan entre ellos), dado que presenta una diferencia anormal con respecto a la tasa de interés que marca el BCE, hecho que éste debería tener en cuenta al fijarla.

Pero el otro factor es que la banca, sin razón aparente, aplica un diferencial sobre el Euribor muy superior al que fijaba anteriormente, y, además, lo completa con domiciliación de la nómina, seguro de vida, del hogar, fondo de pensiones y no se sabe cuántas cosas más, lo que constituye todo ello un pago en especie. No se trata, por tanto, de que los bancos se hayan vuelto más cuidadosos a la hora de decidir a quién prestan, ni que exijan más garantías -lo que parecería lógico, dada la ligereza con la que se han comportado en la etapa anterior-. Se trata de que parecen querer compensar ahora, a costa de los clientes solventes, las pérdidas que pueden derivarse de las alegrías de antaño. Lo cierto es que están encareciendo el crédito y ahondando la recesión.

A quienes temen que el poder político entre en la banca, habrá que decirles que difícilmente lo hará peor que el poder económico y los llamados independientes. Además, al Gobierno se le pueden exigir responsabilidades; a los banqueros, nunca. Parece evidente que cada cierto tiempo las entidades financieras entran en crisis y, bajo las amenazas de que se tambalea todo el sistema y la economía en su conjunto, enormes cantidades de fondos públicos tienen que acudir en su ayuda. Habrá que pensar que el crédito y el dinero son asuntos demasiado importantes para dejarlos en manos de los banqueros. Desde luego, no tiene sentido que, como en la antigua URSS, los taxis sean públicos, pero a lo mejor tampoco lo tiene que, como en nuestros países, los bancos sean privados.