IU ve con preocupación el futuro de la recaudación en el municipio
Previsiblemente, el Pleno va a dar su visto bueno a la adjudicación de la recaudación a una empresa privada que cuenta con un historial ciertamente preocupante. Nos referimos a la empresa Recam, una de las dos que compone la UTE que ganó el concurso para llevar la recaudación del municipio en sustitución de la Diputación.
Esta empresa es propiedad de los hermanos Polo, quienes están salpicados de irregularidades de todo tipo en sus relaciones con las distintas administraciones para las que han trabajado, casi todas ellas, por cierto, gobernadas por el PP.
No es motivo de tranquilidad saber que algunos de los encargados de recaudar los impuestos de los almuñequeros son clientes habituales de las páginas de distintos boletines oficiales donde son reclamados como morosos. Y aparecen en estos boletines porque quienes pretenden cobrarles no les encuentran al ser ilocalizables en sus domicilios. No es este un modo de actuar que parezca ejemplarizador para aquellos que van a manejar nuestros datos y van a recaudar los impuestos y tasas del municipio.
Así, según documentos aportados por el grupo municipal de IU, los hermanos Polo, propietarios de Recam, han sido requeridos en distintos boletines oficiales a pagar las cuotas de la Cámara de Comercio de Sevilla o a saldar deudas tributarias en Cádiz. También han recibido providencias de embargo, en este caso del Ayuntamiento de Madrid.
A uno de los Hermanos Polo, la Fiscalía le abrió diligencias por presunta apropiación indebida en la recaudación del Ayuntamiento de Granada, que le tenía confiado este servicio. En este caso, la actuación de la Fiscalía estuvo motivada por una denuncia de Pedro Revilla, concejal del PP y miembro del equipo de gobierno. Pedro Revilla era Concejal de Economía y acusaba a la empresa de apropiarse 43 millones de pesetas.
En el municipio canario de San Bartolomé, en 2006, el propio Secretario Municipal informó de la nulidad de su contratación por parte del Ayuntamiento, con el extravío de documentación esencial; el contrato de la Corporación municipal con la empresa de Rafael Francisco Alonso Polo tuvo que ser anulado dos veces.
En Alhendín, recientemente, un Juez ha imputado por cohecho en un caso de corrupción urbanística a los tres hermanos, Rafael, Mariano y Luis. En este caso, que es famoso en toda España gracias a unas escuchas telefónicas, hay varios concejales populares del Gobierno municipal imputados por prevaricación. Uno de ellos, Manuel Fernández Moreno, también tuvo que ver con la recaudación en el ayuntamiento de Granada.
Como caso más grave, IU aporta documentos que acreditan que uno de los propietarios de la empresa ha sido condenado, tras un largo proceso judicial que ha durado más de 8 años, a 18 meses de prisión menor como autor de tres delitos contra la Hacienda Pública por dejar de ingresar 151 millones de las antiguas pesetas. La Audiencia Provincial de Burgos impuso, además, a Luis Alonso Polo, una sanción de casi 2 millones de euros que debería pagar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, más los intereses y las costas del proceso.
La sentencia consideró probado que Luis Alonso Polo defraudó más de 30 millones de las antiguas pesetas en 1989; más de 80 millones, en el año 90; y más de 40, en el 91, cuando ejercía su actividad como recaudador en los ayuntamientos de Adeje, en Tenerife, Valladolid, Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Burgos. Una de las cuestiones en que se basaron los magistrados de la Audiencia para condenarle por delitos contra la hacienda pública fue la contabilidad. Dice la sentencia que esta contabilidad "no era ni ordenada, ni uniforme, ni correcta", lo que pone de manifiesto, según la sentencia, una actuación contraria a la transparencia en la presentación de la cuentas. Transparencia que era importante por la naturaleza de su actividad profesional que "exigía una especial claridad, un adecuado orden y una intachable transparencia".
En resumen, no nos parece sensato que la gestión de nuestros tributos, hasta ahora llevada de manera impecable por los empleados de la Apat de la Diputación Provincial de Granada, pase a ser llevada por unas personas que tienen en su historial actuaciones tan irregulares y tan contrarias a lo que se supone que debe ser un administrador de recursos públicos. No es lógico que esas personas manejen nuestros datos confidenciales de cuentas corrientes, números de identificación fiscal y deudas tributarias.
IU lamenta que, además de poner en mano privadas un servicio que por su naturaleza es público y debe ser prestado por funcionarios públicos, esta confianza se otorgue a una empresa que no parece merecerla.
Por todos estos motivos, IU pide que se suspenda cautelarmente la adjudicación de la recaudación a esta empresa en defensa de los intereses generales de los contribuyentes y del propio ayuntamiento que quizá tenga que lamentar, en un futuro no tan lejano, esta decisión que hoy se va a tomar con la connivencia de Benavides y los concejales populares.
2 comentarios
Ana -
Conocido -
Pero me he animado a escribir porque no entiendo como ningún partido político arma la mundial con este caso de clarísima corrupción al adjudicar a una empresa de delincuentes la recaudación de Almuñécar. No sé por qué nadie le dice claramente al Tesorero, Antonio Cara, que le van a llover los problemas con esta empresa (RECAM), y con su administrador, Rafael Alonso Polo. La actitud vuestra, aunque valiente, me parece demasiado tibia. Poruqe le van a robar al Ayuntamiento de Almuñécar, y además van a hacer una malísima gestión. Seguro que hasta venderán los datos personales de los contribuyentes a bancos y a compáñías de seguros.
A esta empresa habría que hacerle la vida imposible. Ellos son los que firman los embargos y hacen barrabasadas tales que no se pueden ni contar.
Decidle a la Diputación que no les entregue ni un dato, que todos los van a difundir para ganar dinero. Son unos delincuentes que les habrán pagado al Alcalde para que les dé el contrato.
HAced algo, por dios.