CARMENES DEL MAR: DE COMPLEJO RESIDENCIAL DE GRAN LUJO A RUINA URBANISTICA QUE HAY QUE DEMOLER
Desde IU se han denunciado, en multitud de ocasiones, las constantes irregularidades que han acompañado a la urbanización Cármenes del Mar desde su construcción en un terreno con graves problemas de estabilidad y un alto valor ecológico como es Cerro Gordo, alguna de cuyas rocas se conocen en la memoria colectiva como “la piedra que anda” haciendo referencia a los constantes deslizamientos tectónicos que se producen.
Desde que se diera vía libre a urbanizar este paraje, IU siempre ha estado en contra. Hoy, muchos años después, el tiempo nos da la razón. Desde hace años, el portavoz de IU se ha reunido en distintas ocasiones con las comunidades de vecinos que componen esta urbanización para buscar una solución a los graves problemas de estabilidad. Pero la solución es difícil y muy costosa.
Decenas de propietarios que compraron sus casas a precios elevadísimos, con unas promesas de infraestructuras que nunca se cumplieron, ven ahora como sus casas se vienen abajo sin que nadie les haya dado una solución. Las grietas producidas por los deslizamientos del terreno, han llegado hasta tal punto que suponen un gran peligro de hundimiento.
Un ejemplo reciente lo tenemos en el número 5 de las Casas Especiales, propiedad de Distransa Grupo Empresarial. Los daños son tan irreversibles que el Ayuntamiento ha tenido que reconocer que la rehabilitación no es viable por la imposibilidad de estabilizar la ladera así que los servicios técnicos han declarado ruina urbanistica para la vivienda y ordenado su demolición total. Los problemas se repiten, aunque con menos virulencia por ahora, en Citalsol.
Los promotores han hecho el negocio y ahora quedan ciudadanos arruinados que piden ayuda a las administraciones mientras los que se llevaron el dinero se quitan del medio ocultos tras una maraña de empresas que se crean y se hacen desaparecer con el único objetivo de que sea misión imposible reclamar.
Este es el desolador resultado de una política urbanística basada en la especulación más salvaje a costa de las ilusiones de los ciudadanos, esquilmando los parajes naturales que resultan atractivos para beneficio de poderosos promotores ávidos de poseer lugares tan “exclusivos” y tan privilegiados como los acantilados de Cerro Gordo. Políticos embusteros y empresas poderosas ganan. Los ciudadanos perdemos, asegura el portavoz de IU.
Lo peor de esta historia de especulación, avaricia y atentado medioambiental es que se esta volviendo a repetir en estos momentos. “La historia no nos está sirviendo para aprender. En el Peñón del Lobo, muy cerca de donde se declaran casas en ruina urbanística, la historia se repite”. De nuevo, la complicidad de varias administraciones que anteponen los intereses de una minoría, amenaza con llevarse por delante uno de los parajes naturales más bonitos del litoral. Una vez más, con la vieja y manida excusa de la creación de empleo y prosperidad, se repite una historia en la que ganan los poderes económicos y un pueblo pierde, de nuevo, la posibilidad de prosperar y crecer de verdad, con un crecimiento sostenible basado en el respeto al medioambiente y a la ciudadanía almuñequera.
No les gusta. No les gusta. No les gusta. No les gusta. No les gusta. Con tantos enemigos, con esos enemigos, será que lo estamos haciendo bien
Cayo Lara defiende a las víctimas (desahuciados) frente a los verdugos (los bancos)
Qué hace un ciudadano como tú en un escrache como éste
Activistas de la PAH ante la casa de la diputada del PP Rodríguez Salmones
Ayer estuve en mi primer escrache: el que la PAH de Madrid hizo ante el domicilio de la diputada del PP Beatriz Rodríguez Salmones, en el barrio de Chamartín. Es decir, estuve intimidando y acosando, con violencia, de forma ilegal y antidemocrática, y todo muy nazi.
Bueno, nazi, lo que se dice muy nazi, no me pareció, la verdad. No recuerdo yo que los nazis pusiesen pegatinas y luego se marchasen. De hecho, diría que hasta me aburrí un poco, es lo que tienen las expectativas: uno va esperando una batalla campal, y luego se encuentra gente que camina por las aceras, padres con niños y hasta alguna señora que pasea al perro aprovechando el escrache. Y no, tampoco parecía un perro nazi, si es lo que están pensando.
Arrancamos desde la Plaza de Castilla, una vez la policía terminó de identificarnos. Recorrimos uno de los barrios más ricos de Madrid, cantando pareados, poniendo pegatinas y repartiendo información a vecinos y comerciantes, y a los muchos porteros, que se mostraban cómplices. Ni siquiera cortamos el tráfico, eso se lo dejamos a las decenas de antidisturbios que nos escoltaban por el asfalto. Al llegar al portal de la diputada, la policía nos empujó hasta la acera contraria, donde un portavoz leyó un mensaje, y después de cantar unos minutos más, nos fuimos juntos.
No sé, a lo mejor cuando me metí en el metro, una vez marchados los muchos periodistas (incluida alguna tele extranjera), los activistas volvieron y tiraron piedras y cócteles molotov, pero mucha pinta no tenían. La gente iba tranquila, la policía también parecía relajada, y no vi miedo, ni siquiera a que en cualquier momento apareciese un ex diputado del PP enloquecido y te arrancase la cabeza por perroflauta. En resumen: fui al escrache sin decirle nada a mi madre, para no preocuparla; y una vez visto, pienso invitarla al próximo.
Ya lo he dicho alguna vez, pero repito: los gobernantes y los medios afines deberían felicitarse de la calma y el civismo que estamos demostrando los ciudadanos. Viendo la manera en que los ciudadanos están siendo maltratados y humillados, con familias asaltadas por el balcón y echadas a rastras, y miles de ahorradores estafados con descaro, es admirable lo pacíficos que seguimos.
Y sin embargo, algunos parecen empeñados en echar leña al fuego, a ver si consiguen que alguien sufra un calentón y acabe pasando algo, para así hacer buena la profecía de autocumplimiento que suelen aplicar a las protestas: los manifestantes son violentos, así que los criminalizo y reprimo, hasta que al final acaban siendo violentos y puedo presumir de “ya lo decía yo”.
Pero me temo que esta vez han pinchado en hueso, porque la campaña de escraches está siendo una perfecta demostración de la inteligencia colectiva de unos y la necedad orgánica de otros.
Inteligencia colectiva la de la PAH, que ha desbordado a la clase gobernante con una forma de protesta eficaz y muy hábil: llevar a las casas de los diputados la protesta enmarca la acción y su respuesta en el ámbito del domicilio, ese que algunos consideran sagrado salvo cuando te desahucian. Las repetidas imágenes de familias, niños incluidas, echadas a la fuerza a la calle con lo puesto, están tan presentes para los ciudadanos que cualquier pataleta apelando a la inviolabilidad del domicilio y la protección de los niños se diluye como azucarillo. Los escraches serían inaceptables para la mayoría hace cuatro años; hoy en cambio cuentan con un apoyo masivo.
Necedad orgánica, la de la clase gobernante, totalmente descolocada y con una cintura de granito. Desbordada por formas de protesta imaginativas, que rompen el clásico “manifestación autorizada”, y ante las que solo tiene una respuesta que ofrecer: más policía, más blindaje, más multas, más criminalización, más miedo.
Cuando crean que han acabado con los escraches, se verán otra vez desbordados por esa inteligencia colectiva que ya tendrá pensado el siguiente paso. Y esa inteligencia está siendo el mejor fruto de este tiempo terrible: la capacidad de los ciudadanos para organizarse, convocarse, reapropiarse del espacio público, protegerse, burlar la represión, ser autónomos, ser eficaces, construir comunidad. No todo son malas noticias.
Los gritos de las víctimas
Alberto Garzón
Publicado en La Opinión de Málaga
Recordaba el filósofo esloveno iek que es “mucho más difícil para nosotros torturar a un individuo que permitir desde lejos el lanzamiento de una bomba que puede causar una muerte mucho más dolorosa a miles de personas”. Y es que la clave de un acto violento no está tanto en el método con el que se ejerce como en sus efectos, que son los que verdaderamente permiten valorar el daño real causado a la víctima.
Estamos rodeados de actos violentos. No sólo de aquella violencia que vemos a través de imágenes en los telediarios y en las grandes producciones cinematográficas y que se refieren bien a eventos ficticios bien a eventos lejanos para nosotros. También nos rodea la violencia ejercida desde los despachos de los ejecutivos de las grandes empresas y desde las reuniones de los parlamentos nacionales. Esta segunda violencia no es que sea invisible, porque sus efectos son bien evidentes, pero sí que tiene la apariencia de estar desconectada.
A menudo no es fácil percibir que cuando un ejecutivo firma un despido está en realidad desposeyendo a un trabajador del único medio que tiene para sobrevivir y que, en consecuencia, está empujando al susodicho a un abismo del que quizás no pueda salir nunca. Similarmente, cuando los diputados del Partido Popular presionaron el botón verde para aprobar los recortes en sanidad, robando así a los inmigrantes su categoría de ciudadanos, el efecto real fue cerrarles las puertas de los ambulatorios y hospitales a miles de personas. Ejercieron, sin contacto físico, una violencia inigualable.
Es acertado afirmar que estamos padeciendo una estafa, pero no lo es menos añadir que ésta es también de carácter violento. En nuestro país se están saqueando las arcas públicas para salvar los beneficios de los bancos internacionales, y para ello se están dinamitando los derechos sociales y económicos de los trabajadores. Y una de las manifestaciones más claras de todo este proceso ha sido la inacción de un Gobierno que ha permitido que las sagradas leyes del mercado expropiaran sus viviendas a personas que ya no podían seguir pagándolas. El Gobierno ha permitido, de esa forma, que miles de familias sufrieran que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado asaltaran sus viviendas y que con extraordinaria agresividad expulsaran a todos los miembros y solidarios vecinos del interior. Un acto, el del desahucio, que sólo tiene como objetivo transferir la propiedad efectiva de una vivienda a los bancos. Bancos, no lo olvidemos, que son los principales responsables de que nuestro país esté en bancarrota. Bancos, también, rescatados con el dinero fruto del esfuerzo de los trabajadores que pagamos impuestos honradamente y que no somos como los Bárcenas, Urdangarines y Borbones varios, cuyos corazones residen en Suiza.
Según las encuestas en nuestro país el apoyo a los escraches está por encima del 70%. Ese es uno de los rasgos de la solidaridad con las víctimas de los desahucios, y que son aquellos que sólo encuentran esta forma para expresar su desesperación ante la violencia ejercida por sus trajeadas señorías. Algunas de estas señorías disfrutan de varias viviendas y cobran 1.800 euros al mes para hacer frente a gastos de mantenimiento. Que ahora se enojen por escuchar los gritos de las víctimas de sus propias acciones es el colmo de la hipocresía y el cinismo. Que con la paz social dinamitada, con autoría en estas mismas señorías, exijan respeto a las instituciones que ellos mismos rompen e insultan, sólo puede servir para disfrutar del estruendo de una enorme carcajada colectiva. Es posible que a los diputados del PP no les guste expulsar a los trabajadores de sus casas, pero lo cierto es que lo promueven. Y, lo que es más importante, podrían evitarlo y no lo hacen.
No, manifestarse ante los diputados para exigir justicia no es un acto violento ni tampoco ilegítimo. Se trata de la reacción lógica de quienes aún desde el pacifismo responden a sus agresores y a quienes legalmente les arrebatan sus vidas.
Nuestra diputada De las Heras habla con el corazón y la verdad
Hugo Chávez, un ejemplo
Tres falsedades que circulan en el debate sobre el decreto de Vivienda
Desde Izquierda Unida Andalucía ofrecemos una serie de informaciones, ante las falsedades que se vienen difundiendo por las redes sociales tras su publicación en ciertos medios de comunicación, en el debate abierto entorno al Decreto-ley de medidas para asegurar la función social de la vivienda.
Estas falsedades aparecen tanto en el discurso del Partido Popular y de sus cargos públicos, como en la línea editorial de ciertos medios de comunicación conocidos por su tendencia reaccionaria y derechista,. Esta estrategia propagandística tiene la intención de desviar el foco del debate de la cuestión que nos ocupa, acabar con los desahucios y combatir a los especuladores, para centrarlo en cuestiones de procedimiento o sobre nuestra compañera Elena Cortés.
IU PIDE MEDIDAS PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE UNIDADES EN LOS CENTROS ESCOLARES
Izquierda Unida apoya la iniciativa del sindicato CGT proponiendo un reparto del nuevo alumnado de tres años de forma homogénea para evitar que la Delegación Provincial de Educación suprima alguna unidad el curso próximo.
Según los datos a que IU ha tenido acceso, sin contar Torrecuevas y La Herradura, ha habido en el casco urbano sexitano 179 solicitudes para escolarización en aulas de Infantil de 3 años.
Esta bajada de alumnado respecto a cursos anteriores pone en peligro la permanencia de una o dos unidades de Infantil de 3 años, circunstancia que se irá extendiendo año tras año al resto de cursos con lo que se perderán una o dos líneas educativas en Almuñécar.
Si se admite en algunos centros al máximo de alumnos que permite la legislación, esto es, 25, habrá algunos centros con un número de peticiones que se situará entre quince o veinte. En consecuencia, la Delegación tendrá las manos libres para suprimir una o dos unidades en alguno de estos centros que tengan menos demanda.
Dado que la orden de escolarización vigente dice que “se intentará homogeneizar las ratios en la localidad”, la coordinadora local de IU propone tomar en consideración la propuesta efectuada por el sindicato de Enseñanza de CGT pidiendo un reparto del nuevo alumnado entre los centros de la localidad.
Para Luci Martín, coordinadora local de IU, el método es simple: si hay ciento ochenta niños y niñas de tres años, y hay nueve unidades entre los distintos colegios, no admitamos a 25 en cada clase, para que luego queden una o dos clases con falta de alumnado. Fijemos en 20 ó 21, el número de alumnos/as en cada clase, y el problema quedará resuelto evitándose la supresión de unidades y consiguiendo de paso que no haya aulas masificadas.
La Coordinadora Local de IU pide al Consejo Escolar Municipal y a los distintos Consejos Escolares de los centros que den su apoyo a esta iniciativa, lo que redundará, sin duda, en una mejor calidad de la enseñaza en el municipio.
Por la Tercera: Charla el viernes en La Herradura y Paella el domingo en el Parque Mediterráneo
La Junta concede en 2013 casi 49 mil euros al Ayuntamiento para el Centro de Atención a las Drogodependencias
Acta de la Junta de Gobierno Local del 2 de abril
Por la Concejal Delegada de Bienestar Social e igualdad se da cuenta de escrito recibido de la Consejería de Salud y Bienestar Social para mantenimiento del Centro de Atención a las Drogodependencias para los meses de abril a diciembre de 2013.
La memoria económica para el mantenimiento de este Centro estima una aportación de la Junta de Andalucía de 48.543,99 €, sobre la base de la cuantía concedida para el primer trimestre de 2013, que ascendió a 16.181,33 € para el periodo enero-marzo 2013.
La aportación municipal al mantenimiento del Centro de Drogodependencias se establecerá en 9.000 € para el periodo de abril a diciembre 2013, estableciendo la misma proporción del primer trimestre, lo que supone una aportación del 15´64% del total del proyecto.
Cayo Lara expresa en nombre de IU "nuestro más sentido dolor y pesar por la muerte de José Luis Sampredo, un hombre sabio, comprometido y solidarios con los más desfavorecidos"
El coordinador federal de IU, Cayo Lara, tras conocer el fallecimiento del “magnífico escritor, economista y gran persona José Luis Sampedro" expresó en su nombre y en el de toda Izquierda Unida a su familia y a su seres queridos "nuestro más sentido dolor y pesar ante la pérdida de un ser humano extraordinario”.
“Con la marcha de José Luis se nos va un hombre sabio, comprometido y solidario con los más dasfavorecidos. Nos lega una extensa y rica obra intelectual y literaria, además de un patrimonio ético que hizo de la dignidad su bandera”, destaca Lara.
Para el máximo responsable de IU, “los más jóvenes han sido afortunados por tener en él a un referente moral, intelectual y político sólido, brillante y cercano. Las futuras generaciones nunca podrán agradecer lo suficiente su gran influencia en el pensamiento de nuestro país del siglo XX y parte del XXI que deja la vida y obra de José Luis Sampedro, cuya magnitud, estoy seguro, que se engrandecerá con el tiempo”.
Izquierda Unida Andalucía felicita al Gobierno andaluz por la aprobación del Decreto Ley de Función Social de la Vivienda
Desde Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía no podemos ocultar, ni queremos, nuestra felicidad en el día de hoy Andalucía marca el camino, lo marcó el pasado 25 de marzo de 2012 en las elecciones autonómicas y lo marca de nuevo, de la mano del pueblo trabajador, víctima de esta crisis
Ante la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del decreto Ley para la Función Social de la Vivienda, el conjunto de Izquierda Unida de Andalucía con su coordinador general a la cabeza, Diego Valderas, así como desde nuestro Grupo parlamentario y en nombre de nuestra militancia, queremos expresar nuestra satisfacción por esta medida histórica que viene a garantizar el derecho a la vivienda que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas, acogiéndonos a nuestra Constitución, nuestro Estatuto de Autonomía y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Hoy merece mención aparte la labor que desarrolla el movimiento social, la movilización del pueblo andaluz reclamando políticas de justicia social, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Stop Desahucios, el 15 M y tantos otros movimientos que han sido capaces de poner en la primera línea la problemática de los desahucios. Sólo faltaba la voluntad política y hoy el Gobierno andaluz ha demostrado tenerla.
Andalucía ha sido valiente. Lo fue ya el pasado 25 de marzo de 2012, cuando logramos frenar al Partido Popular y a todo lo que sus políticas representarían para Andalucía. Tal y como ha señalado la Consejera Elena Cortés en su comparecencia, nos comprometimos, con nuestra participación en el Consejo de Gobierno andaluz, a poner todas las competencias que nos otorga nuestro Estatuto de Autonomía al servicio de los y las trabajadoras, a frenar los desahucios, a parar las políticas neoliberales.
Y, humildemente, estamos ante un gran paso, por lo que hoy toca felicitarnos a quienes formamos parte de ese movimiento social y político que está convencido de que hay otra forma de hacer política.
#VIVIENDAPORDERECHO #SÍSEPUEDE
Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía
Y en su nombre, el coordinador general
Diego Valderas Sosa
La Junta aprueba la expropiación temporal de viviendas vacías
Efe
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el decreto-ley sobre la función social de la vivienda, que aspira a convertirse en un "plan de choque" para frenar la "sangría social" de los desahucios, y que incluye sanciones de hasta 9.000 euros a bancos e inmobiliarias que no alquilen las viviendas vacías. "Por primera vez, un gobierno de España legisla desde la consideración de la vivienda como un derecho", ha destacado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha agregado: "Con este decreto hacemos justicia, llegamos a la raíz del problema".
En Andalucía hay alrededor de 700.000 viviendas desocupadas, de las que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas, y desde 2007 se han producido unos 86.000 desahucios, según ha destacado la consejera, que ha enfatizado: "Hoy, en Andalucía, decimos ¡basta! y defendemos la vivienda como un derecho humano". El decreto-ley incluye una disposición que posibilitará a la Junta expropiar temporalmente, durante un periodo máximo de tres años, el uso de inmuebles inmersos en procedimientos de desahucio, con lo que se pretende garantizar el derecho a la vivienda de aquellas personas con especiales circunstancias de emergencia social que se vean afectadas por procesos de ejecución hipotecaria. El decreto-ley, que se publicará el jueves en el BOJA y posteriormente será tramitado en el Parlamento como proyecto de ley, refuerza las ayudas al alquiler, que se detallarán en el futuro Plan Andaluz de Vivienda y estarán dirigidas a las personas físicas propietarias de inmuebles vacíos, a quienes además se incentivará con medidas fiscales y un seguro contra impagos y desperfectos.
En cuanto al régimen disciplinario, la nueva norma incluye un sistema de sanciones leves, graves y muy graves para las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que no destinen al arrendamiento su reserva residencial. "Hemos exprimido las competencias al máximo para cumplir el compromiso de que Andalucía sea ’insumisa’ a los desahucios y, modestamente, creo que algo hemos conseguido", ha destacado Cortés. Se considerará infracción muy grave no dar uso de habitación a un inmueble o arrendar, transmitir o ceder su uso con destino a vivienda sin cumplir las condiciones de seguridad establecidas por ley, casos en los que la penalización puede alcanzar los 9.000 euros, y cuya recaudación se destinará al patrimonio público de suelo de la Junta.
Para declarar como vacía una vivienda será necesario acreditar durante un periodo de seis meses la no habitabilidad, y la nueva regulación establece la creación de un Registro de Viviendas Deshabitadas como instrumento de control, al tiempo que dispondrá de un plan de inspección que, con una vigencia de dos años, fijará los criterios para priorizar la actuación de la Junta en este ámbito. Respecto a la expropiación temporal será de aplicación en procedimientos de desalojo instados por los bancos y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, y las entidades afectadas por la expropiación recibirán a cambio el 2% del justiprecio, que es lo previsto en la Ley de Expropiaciones.
Entre los requisitos que se fijan para aplicar esta medida excepcional destacan que el afectado tenga en la vivienda objeto del procedimiento hipotecario la residencia habitual y permanente, que la finalidad del préstamo sea el pago de la casa; que el desalojo pueda generar una situación de exclusión social y que las condiciones económicas de los afectados suponga un importante menoscabo y una situación de endeudamiento sobrevenido. Según la consejera, con esta nueva regulación Andalucía avanza "hacia un horizonte más justo, en el que las víctimas de la crisis ven como su gobierno autonómico ofrece respuestas". "La actual situación no es soportable desde un punto de vista ético", ha enfatizado la consejera, que se ha mostrado convencida de que la solución al problema del derecho a la vivienda "no va a venir por la construcción de más vivienda".
Preguntada sobre si ha habido "dificultades" con los socios del PSOE, para sacar adelante el decreto, la consejera ha dicho que los cambios profundos "siempre generan dificultades", pero ha recalcado que el decreto aprobado es "el que esta consejera esperaba". Ha subrayado que la nueva norma cuenta con "garantía jurídica plena como la luna llena", y ha confiado en la paralización "inmediata" de los desahucios por parte del Gobierno central y de "las dos leyes que han provocado esta injusticia social".
El derecho a la insurrección
Jesús Páez
Asesor de cooperativismo
El juez José Castro, que instruye el caso Nóos por apropiación indebida de fondos ha imputado a la infanta Cristina Federica de Borbón y Grecia como copropietaria de Aizóon y directiva de Nóos. Su marido, yerno del Rey, aprovechándose del paraguas de la Casa Real, ha demostrado tener una jeta como el cemento. Bajo la sombra de la Corona ha pegado sablazos, sobre todo, en el área mediterránea. Ya lo decía Jaume Matas a Évole: “hombre, es el Duque de Palma, es el yerno del Rey, cómo le vamos hacer pasar por un concurso público?”
Menos mal que la Infanta y marido, además de los beneficios colaterales consecuencia de su pertenencia a la Casa Real, disfrutaban de dos puestos de trabajo, bien remunerados y vistosos. Si no llegan a disfrutar de ese estatus hubieran afanado hasta los cubiertos de los restaurantes.
Al día siguiente de la imputación su hermano, el Príncipe Felipe, se dirigía a la nueva promoción de jueces y les decía “Nuestros tiempos precisan de una Justicia accesible y eficiente”. No sé si estaba aliviando peso a la Corona o estaba enfadado porque el yerno es un pelín más alto que él. Los nuevos jueces asistentes pensarían: pues no nos lo digas a nosotros díselo al Ministro Gallardón que es el que ha puesto las Tasas para dificultar la accesibilidad y no da presupuesto para poder quemar los legajos en una hoguera y trabajar con tecnologías de hoy.
La otra infanta, Doña Elena de Borbón y Grecia, cuyo estado civil se transformó el 13 de noviembre de 2007 en ‘cese temporal de la convivencia’, dos años después, a divorciada. Según parece, vive una vida plácida al no ejercer su derecho al trono por ser la primogénita. Su hermano, el Príncipe Felipe, es la pieza clave. Un hombre joven que no le ha hecho ascos a la Ley Sálica que impusieron sus antepasados, al aceptar ser el heredero de la Corona, pero que ha sido muy del siglo XXI, para aceptar el matrimonio morganático, ampliando el mercado matrimonial más allá de la sangre azul. Yo soy un poco daltónico y un poco republicano y lo mismo me dá. Pero si llevar la Corona conlleva unos privilegios que no tienen los demás mortales, entiendo que debiera cargar, así mismo, con los inconvenientes que pueda acarrear el cargo, como es casarse con alguien que no haya escogido o le guste poco.
El Rey tiene mala suerte, pero él tampoco se queda corto en meteduras de pata propias. Y el año 2012 ha sido para él un año más bien horribilis. Si sonado fue el tiro al elefante en Bostwana, su traspié, mucho más fue la puesta en escena de la rubia Corina de la que el pueblo llano no conocíamos su existencia. Al salir del taller, con cara compungida, se limitó a decir: “Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir”. Nadie, o muy pocos, sabemos si se refería a que no mataría más animalitos, a que pondría más cuidado en no caerse tanto, o que pondría más celo en que la Corina no robase tanta cámara en las fotos. Otra frase suya que se hizo treding topic en navidad, aparecidos ya los tejemanejes de su yerno, su hija y el exsocio, es la de: “La justicia es igual para todos”. No sé quien o quienes le preparan los discursos navideños, pero sabiendo lo que se venía encima, ¡se lucieron! Ahora que el juez ha imputado a la Infanta Cristina parece que dicho aserto no es tan categórico, cosa, por otro lado, que la mayoría del pueblo, ya bien escaldado, ni se creyó en la navidad, ni se cree ahora. Más importante que el Monarca nos haya vacilado con lo de su yerno; con lo de Corina y ahora nos vacile con lo de su hija, es que el Rey de España y Jefe del Estado resulte que está defraudando a la hacienda pública al no declarar una buena cantidad de dinero que tiene hace años en un banco suizo. Y si así esta la primera casa de España, la familia de las familias, la preeminente Institución monárquica, el mascarón de proa de la Marca España y baluarte de la unidad de España, ¿Cómo estará la situación por debajo del Rey?.
El Estado, en sus tres áreas principales, no solo no hace de contrapeso con su comportamiento ejemplar, su eficiencia, su honestidad y honorabilidad sino que viene a añadir más podredumbre. Tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo, como el Judicial, no están en sus mejores momentos. Para empezar, el partido que gobierna con mayoría absoluta y ha enterrado su Programa electoral sin pestañear, gobierna por Decreto Ley, dejando al poder legislativo, pillando moscas y jugando con el i-Pad. En esta legislatura no pinta lo más mínimo. Si ya de por sí el Poder legislativo es un juguete roto, en el año largo que llevamos con la apisonadora PP, es como un alma en pena. El empeño del Gobierno por hacer de España una nación dependiente y pobre como las ratas y a la mayoría de sus habitantes unos zombis, no tiene parangón. Pero el bambi se ha convertido en hiena. Siendo trágico en sí mismo, que sea una apisonadora, más trágica es su voluntad de hacer de este país un yermo en el que los derechos cívicos y sociales no tengan la más mínima relevancia. Acabando con tales derechos por Real Decreto y con la ayuda de un autoritarismo que parecía ya desterrado. Y no digamos nada de su comportamiento ante las reivindicaciones o las manifestaciones de protesta sean estas pasivas, activas, no violentas o de color verde, blanco o violeta. Da igual, este Partido y este Gobierno son absolutamente insensibles al dolor y al sufrimiento de las personas. Millones de familias en las que no entra ni un euro que tienen destrozada su vida y sin el menor atisbo de mejora, no solo les deja totalmente impasibles, sino que les pone contentos. ¡Que se jodan! gritan y aplauden con alborozo. Empeñados en esta tarea, impone expresa y conscientemente, una medida tras otra, para hacer más pobres e indefensos a los más indefensos y pobres, sin el menor escrúpulo en aplicarlas a rajatabla. Este poder Ejecutivo actual ha perdido, la más mínima autoridad moral, y, creo, que la legal, dado que mintieron absoluta y conscientemente para alcanzar el poder. Pero ahí están, haciendo desgraciadas a millones de personas y re-cortándole todos los caminos para que no puedan volver a vivir una vida digna. Mientras, de manera compulsiva, destrozan el Estado, la cohesión social, los derechos básicos, la educación, la sanidad, empobrecen a toda la sociedad, incrementando las desigualdades, admitiendo la herejía de los desahucios, etc. Este Gobierno está fuera de la legalidad y fuera de la realidad. Solo vive para realimentar su orgía destructora.
Y ¿dónde está el poder judicial? ¿Ese tercer poder judicial no se siente corresponsable de este desastre? ¿Dónde está el Tribunal Constitucional? ¿De qué sirve el Tribunal Supremo compuesto por grupos ideológicos? ¿De qué la Fiscalía teledirigida desde el Ejecutivo? ¿De qué el Consejo del Poder Judicial compuesto por cuotas y con semanas caribeñas? Otra vez nos tendremos que poner el pueblo a que, todos estos ganapanes, no nos hundan definitivamente al país en un fangal putrefacto, con nosotros dentro. Nos tendremos que poner porque “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes.” (Marqués de La Fayette
Actos en Motril en conmemoración de la República
La Junta sancionará las viviendas vacías de bancos e inmobiliarias. La Consejería de Fomento ultima un decreto para sacar al mercado los pisos sin ocupar de entidades jurídicas e incentivará a los particulares
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará previsiblemente el próximo martes un decreto social sobre la función social de la vivienda con el que el Gobierno andaluz de coalición PSOE-IU quiere dinamizar la iniciativa política tras un primer año pobre en iniciativas.
La principal novedad de este decreto, que se guarda entre algodones hasta el martes y del que poco ha transcendido, será la inclusión de un apartado sancionador para las entidades jurídicas que dispongan de viviendas vacías y no las hagan accesibles al mercado. Tras meses de tira y afloja entre los socios de Gobierno, no se contempla multar a particulares.
El decreto de la Consejería de Fomento y Vivienda, que dirige Elena Cortés (IU), contará con un procedimiento sancionador para entidades financieras e inmobiliarias con stock de viviendas, aunque el detalle no se conocerá hasta el martes. Para los particulares, IU era la más interesada en aprobar algún tipo de medida, pero el PSOE puso muy alto (más de cinco) el número de viviendas por el que se podría empezar a sancionar. Finalmente IU ha desistido en la intención de gravar a los particulares con patrimonio inmobiliario. Para éstos se dispondrán incentivos para fomentar que pongan en carga las viviendas desocupadas, preferiblemente en alquiler. Estos incentivos serían generales y también podrán acogerse las entidades jurídicas.
Además, en una disposición adicional, el decreto declarará el carácter inembargable de la vivienda cuando se den una serie de circunstancias, como las que sufren la mayoría de las familias que están siendo desahuciadas, informó ayer la cadena Ser. En esos casos, no podrán ser desalojadas en tres años como mínimo hasta que se les ofrezca una alternativa.
IU crea una caja de resistencia para los "represaliados" en las protestas
Granada Hoy
La crisis económica y la actuación de los gobernantes ha llenado la calles de Granada de actos reivindicativos de protesta. Manifestaciones, concentraciones, caceroladas e incluso ocupaciones de edificios se han convertido en el pan de cada día de la ciudad. Como también lo han hecho las multas y sanciones a los manifestantes, cada vez más comunes.
Si hace apenas unas semanas el sindicato UGT criticaba la actuación de las fuerzas policiales del Estado contra los sindicalistas -a la famosa incautación de las octavillas para la manifestación del 28 de febrero le siguieron dos altercados con trabajadores de Santa Bárbara y la retirada de un coche del sindicato-, ahora es IU quien ha tomado partido.
El último consejo provincial de la formación de izquierdas ha aprobado la creación de una 'caja de resistencia' que, con aportaciones voluntarias de las asambleas y afiliados del partido, servirá para hacer frente a la multitud de multas "con las que las autoridades están sancionando a los participantes en las asambleas ciudadanas".
Esta es una consecuencia de la propuesta de resolución aprobada por unanimidad por la formación en la que muestra su apoyo incondicional "a todas aquellas personas que están siendo multadas y condenadas por participar en las huelgas, manifestaciones y acciones de protesta en las calles de la capital granadina".
Los miembros de IU ha vivido esta situación en carne propia. De hecho, el consejo provincial no contó con la presencia de uno de sus componentes, que cumple en la actualidad parte del arresto domiciliario impuesto por un juzgado de Granada por su participación en la huelga general. La formación de izquierdas que ya ha denunciado públicamente en varias ocasiones "el acoso y persecución política que vienen padeciendo algunos de sus miembros de forma reiterada, acumulando multas por importe de varios miles de euros por su participación en muchas de las acciones contra los desahucios, manifestaciones o su participación en las huelgas", anunció ayer que no se dejará "amedrentar" y continuará apoyando todo este tipo de protestas con más fuerzas si cabe "por ser justas y necesarias".
Desde Izquierda Unida aprovecharon para lanzar un mensaje claro a los representantes del Gobierno en Granada, "si quieren acabar con las protestas en las calles, que escuchen y atiendan a los ciudadanos, pero sobre todo que cambien sus políticas. Que comiencen a tomar medidas a favor de las personas y que dejen de trabajar para los bancos, con la persecución y la represión lo único que conseguirán serán más protestas y malestar social".
El consejo provincial, que se celebró el pasado viernes por la tarde, es el último de la actual dirección de IU de Granada, ya que a partir de este momento da comienzo la XIX Asamblea Provincial y Andaluza, iniciando de esta forma un proceso de debate político interno que desembocará el 1 de junio en Granada con la elección de la nueva dirección provincial.
IU DENUNCIA LA POLÍTICA DE CONTRATACIONES DEL AYUNTAMIENTO
Izquierda Unida pide un cambio en la política de contrataciones del ayuntamiento.
Es cierto que el Ayuntamiento tiene una gran limitación para contratar personal por imposición del gobierno de la nación. El Real Decreto-ley 20/2011 prohíbe la contratación de personal en las administraciones públicas salvo en los cuerpos de seguridad. De esta manera el ayuntamiento solo puede contratar el personal previsto en ofertas públicas de años anteriores o a través de colaboración social.
En opinión de IU, es una norma legal muy injusta que, con la excusa de recortar la deuda, impide aumentar el personal municipal pero, contradictoriamente, da vía libre a la contratación de empresas privadas para que gestionen servicios públicos.
Las matemáticas demuestran que esta forma de contratar es más costosa que la contratación directa ya que tenemos que pagarle a las empresas un porcentaje de beneficio razonable y el IVA, lo cual supone que estamos pagando alrededor de un 40% de más por cualquier servicio que nos presta una empresa.
Es cierto que el marco legal es así de restrictivo, pero aún así, el equipo de gobierno está aplicando incorrectamente las opciones de contratación que la ley le permite. En opinión de IU se están realizando contrataciones externas innecesarias como por ejemplo, un contrato de asesoramiento en comunicación, publicidad e imagen institucional cuando ya existe un contrato de protocolo con otra empresa. Pero es que, además, ambas contrataciones se solapan con las funciones de técnicos municipales que supuestamente están dedicados a estas mismas tareas. Estamos gastando demasiado dinero por una mala planificación.
Otro ejemplo de contratación innecesaria, según IU, es la adjudicación a una empresa para pintar 6 farolas por 1.754 euros cuando el ayuntamiento posee varios pintores cualificados en plantilla y en colaboración social.
IU pide al equipo de gobierno que sea más riguroso a la hora de contratar con empresas servicios que podrían realizar empleados municipales o personas en paro con graves necesidades si no se estuviese dilatando tanto la puesta en marcha de la Bolsa de Empleo.
IU vuelve a pedir al equipo de gobierno que dé prioridad absoluta y ponga el personal suficiente para baremar, publicar y activar la bolsa de empleo social de forma inmediata. Ya sabemos que la situación económica es la que es y que hay pocas oportunidades de ofrecer empleo, pero hay bastantes trabajos de mantenimiento que ya los podían estar haciendo personas de la Bolsa de Empleo.