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Valderas: "Defenderemos el Estatuto y no permitiremos que Andalucía sea una comunidad de segunda"

El Coordinador General de IU LV-cA y vicepresidente, Diego Valderas, ha subrayado que Andalucía no va a ser una Comunidad de segunda categoría, ni en el plano de la financiación ni de las competencias que tienen las entidades locales y ha recordado el respaldo por “unanimidad” que los grupos políticos representados en el Parlamento andaluz dieron al Estatuto y en este sentido ha señalado que “no permitiré ningún retroceso en el desarrollo del mismo” además de interpretar que esta circunstancia le hace pensar que esta será “una reclamación común” de todos.

Valderas ha realizado estas declaraciones en Granada, donde ha mantenido sendos encuentros institucionales con el alcalde, José Torres Hurtado, y el presidente de la Diputación Provincial, Sebastian Pérez, en el marco de la ronda de encuentros con representantes de las instituciones locales.

Asimismo, ha asegurado que en la reunión que mantendrá con el ministro Montoro el próximo martes en Madrid, a la que también asistirán el viceconsejero del departamento, Jose Manuel Pérez Tapia y el director general de Administración Local, Antonio Maillo, le recordará al ministro “que los ayuntamientos también son Estado” y que no pude haber un paso atrás en la financiación y en las competencias de las entidades locales.

Igualmente insistirá, como ya le ha sido trasladado al ministro en la carta que la vicepresidencia le remitió el pasado día 29, que convoque ”cuanto antes” la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales, ya que dado el reconocimiento que esta órgano ha recibido como instrumento de relación multilateral y articulación política, es el marco adecuado para debatir cualquier cambio que afecte a los ayuntamientos.

Morales será el hombre fuerte de IU en el organigrama de la Junta

Granada Hoy

Los secretos a voces suelen confirmarse y éste no ha sido una excepción. Manuel Morales, coordinador provincial de Izquierda Unida en Granada, será el hombre fuerte de su formación en la Junta de Andalucía y tendrá las competencias en Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio. En esas áreas, en lo que respecta a la Administración autonómica en la provincia, será él quien mande.

El nombramiento de Manuel Morales aún no se ha producido, pero sí un paso decisivo. El miércoles por la noche, el consejo provincial de Izquierda Unida, reunido en Armilla y con presencia de aproximadamente un centenar de militantes y dirigentes de la coalición, aprobó casi por unanimidad la propuesta. Se confirmó así lo que también se sospechaba antes de que fuera votado: que las bases estaban abrumadoramente con él.

Lo que no se sabe todavía es cuándo podrá empezar a ejercer esas funciones. El consejo político de IU, su máximo órgano de gobierno interno en Andalucía, tendrá que ratificar la propuesta en una reunión que probablemente se celebrará hoy.

Superado ese trámite (lo cual no presentará problemas), para Morales comenzará una etapa difícil de explicar, porque será delegado sin serlo. La Junta de Andalucía todavía no ha terminado de definir su estructura de gobierno para las provincias, algo que está pendiente de la modificación de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía y eso, según fuentes de la administración autonómica, está resultando más complejo de lo que parecía. Los servicios jurídicos de la administración andaluza están trabajando para darle un encaje legal a esas modificaciones y también están pendiente otros pasos como el visto bueno del Consejo Consultivo de Andalucía.

Sin embargo, Izquierda Unida está decidida a designar a sus hombres fuertes en cada una de las ocho provincias antes de que se resuelva ese embrollo legal. De hecho, su líder en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, pretende revelar el próximo lunes los nombres de sus delegados provinciales, entre ellos el de Manuel Morales, con independencia de que puedan ejercer ya como tales. Se trata, según fuentes de la formación, de que se les identifique cuanto antes, de que se sepa quién es el interlocutor válido de la Junta en las materias en las que IU tiene las competencias, que como ha quedado dicho son Fomento, Vivienda, Comercio y Turismo, así como las relaciones con las administraciones locales.

En su labor, Manuel Morales estará apoyado por dos personas que serán responsables de sus dos áreas de gobierno (Fomento y Vivienda por un lado, Comercio y Turismo por otro) y de los que no sólo no se conocen sus nombres, sino ni siquiera el de sus cargos. Puede que sean vicedelegados o que así se popularice su función, pero en todo caso no tendrán las mismas competencias que hasta ahora habían tenido los delegados provinciales de esas consejerías y su perfil será más técnico que político.

En la nueva estructura periférica de la administración autonómica que se está perfilando se contempla una significativa reducción del número de delegados en cada provincia. En Granada, según las previsiones, habrá un delegado del Gobierno, lo que viene a ser su cabeza visible (el cargo que ahora ostenta María José Sánchez), y otros cuatro, que se repartirán las siguientes áreas: Economía, Hacienda, Innovación, Ciencia y Empleo; Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio; Cultura, Educación y Deportes; y Sanidad y Bienestar Social.

La Junta estudiará recurrir la inconstitucionalidad de la liberalización de horarios comerciales que plantea el Gobierno

El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, avanzó hoy en Sevilla que su departamento estudiará la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley que está elaborando el Gobierno central sobre liberalización de horarios comerciales, en el caso de que "se materialice en los términos en los que está planteado en estos momentos", precisó.

En rueda de prensa, el consejero explicó que la norma redactada por el Ejecutivo nacional "invade competencias exclusivas" incluidas en el Estatuto de Autonomía de Andalucía en materia de regulación comercial y "pasa por alto" la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que, según recordó, ya ha dictado una sentencia en la que declara nulo un artículo de un Real Decreto-Ley del 2000 sobre horarios de apertura.

Rafael Rodríguez afirmó que "no vamos a asistir impasibles a una voladura controlada de la Constitución española" ni a la "invasión de competencias autonómicas", por lo que avanzó que los servicios jurídicos de la Consejería de Turismo y Comercio estudiarán la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley si se mantiene redactado tal y como está actualmente.

La propuesta del Ejecutivo central recoge un incremento del número de horas de apertura semanal en días laborables de 72 a 90 y de los domingos y festivos autorizados de ocho a 16, pudiendo reducirse la cifra hasta un mínimo de diez. Además, recoge nuevos requisitos para declarar Zonas de Gran Afluencia Turística a afectos de horarios, que en el caso andaluz afectarían a las ciudades de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.

El consejero recordó que la Ley de Comercio Interior de Andalucía vigente ya fija un régimen de libertad horaria para los locales de menos de 300 metros cuadrados, las tiendas de conveniencia y los establecimientos de estaciones y aeropuertos. También dispensa de la restricción determinados periodos de las zonas declaradas de gran afluencia turística, una figura que está en vigor en 24 municipios andaluces.

"Ya existe libertad para que los pequeños comercios puedan abrir, otra cosa es que lo hagan o no por una cuestión de rentabilidad", puntualizó Rodríguez. Por ello, señaló que el Gobierno central "no está inventando nada nuevo" y aseguró que es "mentira" que "quieran beneficiar al turismo y al comercio", ya que la experiencia en los sitios en los que se ha implantado la liberalización total es que "no aumentan las ventas".

En este sentido, incidió en que el propio el Ejecutivo nacional "reconoce que estas medidas no incrementan el consumo" y denunció que lo que hace el Real Decreto-Ley "es meter la mano en la cartera de los pequeños comercios" para buscar "una redistribución de las rentas en favor de la multinacionales". Al mismo tiempo, lamentó que "no se apoye" a las pymes con iniciativas para "facilitar el crédito, la promoción y la comercialización".

Modelo de consenso

El consejero defendió el modelo comercial andaluz, en el que el 94% de los establecimientos son pymes, por su capacidad "para generar empleo estable y de calidad" y por su importancia en la configuración de la "trama urbana de las ciudades". Asimismo, agregó que en este sistema, basado en el "consenso" con los agentes socioeconómicos, conviven "en equilibrio todos los formatos, incluidas las grandes superficies", apuntó.

En este punto, reclamó la "máxima unidad institucional y social" para alcanzar una "posición consensuada" sobre las medidas que se van a poner en marcha "en contra" de las medidas del Gobierno central y para estudiar el recurso de inconstitucionalidad. Así, emplazó al sector a la reunión del Consejo Andaluz de Comercio que se celebrará el próximo viernes en Sevilla para "defender el modelo" presente en la comunidad.

Finalmente, la directora general de Comercio, Mª Carmen Cantero, criticó las formas "incorrectas" y "poco serias" con las que el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, planteó el contenido del texto en la Conferencia Sectorial celebrada el 2 de julio en Madrid. Cantero denunció que este punto "no estaba" en el orden del día, lo que "dificultó que las comunidades autonómas pudieramos hacer propuestas", concluyó.

Los vecinos de Peligros paran el desahucio de una pareja y su hijo

Ana Hidalgo y Rubén Contreras viven en una casa de Peligros con su hijo de 13 años, una vivienda que pudieron comprar gracias a sus padres que ejercieron como avalistas. El matrimonio debía hacer frente a una hipoteca de 900 euros mensuales para saldar un deuda de 90.000 euros (con intereses asciende a 180.000). Sin embargo hace tres años Rubén se quedó sin trabajo y también Ana, en ese momento comenzó una batalla contra el Banco Santander que amenaza con quitarles su casa.

El 15 del pasado mes de enero les llegó la orden del juzgado de que debían dejar la casa antes del 6 de marzo. Antes la compleja situación el Ayuntamiento de Peligros y su alcalde, Roberto García (IU), también presente ayer a la espera de que se ejecutara el lanzamiento, puso a disposición de la familia un abogado que pudo retrasar el desalojo hasta el 3 julio, para que el hijo de la pareja pudiera terminar el año escolar.

Mientras tanto, los miembros del 15M han enviado un total de cuatro escritos para negociar con la entidad. En ellos se pedía que se redujera a 400 euros mensuales la hipoteca o que la pareja pudiera acojerse al Real Decreto Ley 6/2012, por el cual los deudores pueden solicitar una reducción del capital o la dación en pago y liberación de la deuda a los avalistas. Sin embargo el banco negó ambas peticiones por considerar la cantidad de 400 euros irrisoria ya que con el sueldo de Rubén, que consiguió trabajo hace tres meses y tiene una nómina de unos 1.000 euros, pueden hacerse cargo de la hipoteca, aunque ello les impida hacer frente a los demás gastos del hogar. Hasta hace poco la entidad bancaria se mostraba algo flexible ante la negociación, pero el martes de la pasada semana les comunicaron que solo negociarían cuando entregaran las llaves de la casa y que si no lo hacían no les quedaría otra opción que intervenir a los avalistas. " Si quieren quitarme la casa que lo hagan, pero que no dejen en la calle a mi madre y a mis suegros" aseguraba ayer Ana entre lágrimas.

Los miembros del 15M y componentes de la organización Stop Desahucios permanecieron en la puerta de la casa del matrimonio hasta que se confirmó que nadie iría a ejecutar el lanzamiento. "Los bancos no están cumpliendo el decreto de buenas prácticas del Real Decreto Ley, muy poca gente puede acogerse a él, los requisitos son muy difíciles de cumplir y contradictorios entre sí", afirmó ayer Gabriel, portavoz de la organización contra los desahucios.

También mostró su apoyo a la familia Roberto García, alcalde del municipio, que aseguró el apoyo del Ayuntamiento a la familias que se encuentran en una situación económica complicada, tal como refleja el cartel de bienvenida en la entrada del pueblo con el lema Peligros contra los desahucios. Finalmente nadie se presentó a ejecutar el desalojo y Rubén y Ana han podido respirar tranquilos por el momento y agradecer a todos los presentes el apoyo recibido.

IU deja pasar del Plan de Ajuste y denuncia que Andalucía no tiene el margen de maniobra que si tiene el Gobierno Central

Izquierda Unida ha votado a favor en el trámite de convalidación del Plan de Ajuste de la Junta de Andalucía aprobado hoy en el Parlamento andaluz. Sin embargo el parlamentario Ignacio García, en su intervención en el debate previo a la votación ha reiterado el rechazo de Izquierda Unida al que considera un “recorte impuesto” al Gobierno andaluz, señalando como responsables a las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno del PP y la Unión Europea.

El parlamentario de IU ha explicado que Andalucía “como unidad de gasto” no tiene más capacidad para reducir el déficit, y que el gobierno del PP “si tiene márgenes que no tiene Andalucía y que no quieren utilizar” en referencia a la necesidad de aumentar la presión fiscal.  “No interesa una lucha seria contra el fraude que podría recuperar 70 mil millones solo de las empresas,  pero se hace una amnistía para el blanqueo de dinero también inútil”, exclamó García.  En este sentido alertó acerca de “caer en el discurso fácil de que Andalucía justifica el recorte por Madrid, Madrid por Bruselas, y Bruselas  por los mercados”.

El parlamentario reivindicó el protagonismo de Izquierda Unida en los cambios realizados al decreto tras su presentación, calificándolos como “mejoras” y en la iniciativa para que se tramite como proyecto de ley. García defendió que existen dos formas de gestionar los ajustes: una con “ajustes medidos, con el menor daño social, salvaguardando los servicios públicos” y otra forma, “la del PP y Rajoy”, a través de  privatizaciones y despidos. “El PP dirá 20 veces “recortazo”, pero no hablarán seguro de privatazo y despidazo”, ironizó García.

En una línea similar reconoció el “sacrificio” del funcionariado y de las trabajadoras y trabajadores públicos entendiendo que con él “se están salvando” los servicios públicos. “Dirán que puede recortarse menos a los trabajadores públicos pero a costa de reducir el presupuesto farmacéutico, el gasto en hospitales y escuelas, o reduciendo más la inversión pública”, sentenció García. Además explicó que gracias a los cambios introducidos por IU el recorte será progresivo, no afectará a los “mileuristas” y que el recorte de jornada y salario del personal interino será de un 10 y no de un 15%.

García argumentó  que en muchas ocasiones los sindicatos aceptan reducciones salariales a condición de salvar puestos de trabajo, animando al PP a hacer lo mismo en casos como el del Ayuntamiento de Jerez. “Si en Jerez en vez de despedir a 400 personas, ustedes plantean un referéndum para bajar el sueldo, la gente lo aceptaría”, aseguró García.

En otra línea expuso que tras los recortes hay una doctrina ideológica “a la que no le importa la gente, el neoliberalismo, un dogma al que no le importa la realidad y que no lleva a ningún sitio, ni siquiera a cumplir los supuestos objetivos que persigue”. García recordó que IU fue la única fuerza que dijo no a Maastricht y a la Constitución Europea, y que “de aquellos polvos estos lodos de la crisis”, señalándolos como los mecanismos por los que “se ha renunciado a la soberanía de los estados a favor de los mercados”

La Junta creará un "banco de tierra" para generar empleo agrario

Ideal

La Junta de Andalucía está trabajando en la creación de un "banco de tierra" que permita dar un papel social a los terrenos de carácter público propiedad del gobierno regional para que ayuden a la generación de empleo y creación de riqueza para el sector agrario y ganadero.

El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, que hoy se ha reunido con el presidente de la Confederación de Entidades para la Economía Social (CEPES Andalucía), Antonio Romero, ha señalado a los periodistas que el gobierno regional está trabajando en la línea de "disponer de las tierras públicas de Andalucía, en la medida que sea posible, para que cumplan un papel social".

En este sentido se está trabajando "con tranquilidad", pero en los próximos seis meses el proyecto puede ser una realidad, según ha dicho Valderas, quien entiende que esta medida contribuirá a generar empleo y a dar "un nuevo impulso al papel de los jornaleros".

"Se está trabajando con tranquilidad pero también con paso sereno y cierto de cara al futuro", ha indicado el vicepresidente de la Junta, quien ha explicado que no se trata de dar marcha atrás en la subasta pública de tierras sino de "poner en valor las tierras de las que la Junta pueda disponer".

Ha asegurado que "todo el mundo sabe que hay tierras que se han quedado desiertas en ese proceso de subasta y otras que no fueron subastadas", y por ello la idea es ponerlas en valor para dar servicio a los jornaleros, a la agricultura, a la ganadería y a los ayuntamientos para planes de desarrollo.

Además, Valderas ha destacado que en los próximos meses es necesario poner en valor las posibilidades de trabajo en favor de una banca pública, por lo que la Junta debe hacer "un fuerte trabajo" para encontrar ese "vehículo financiero que se ponga al servicio de la economía y de las pymes".

Ha apostado por "aumentar e impulsar" la colaboración del gobierno andaluz con la economía social, que debe formar una parte "fundamental" del nuevo acuerdo económico y social que se debe llevar a cabo en la comunidad autónoma.

A propuesta de CEPES, la Junta también intentará establecer convenios de colaboración para poner a disposición de los ayuntamientos los instrumentos necesarios para incentivar la economía social, el cooperativismo y el papel de los instrumentos sociales en las instituciones locales, ha apuntado.

Por su parte, Romero ha destacado que la economía social se encuentra en casi el 80 por ciento de los municipios andaluces, por lo que ha apostado por empezar a desarrollar otro modelo a través de la creación de empresas de este tipo que den trabajo.

La reunión con Valderas trataba de buscar el "punto de encuentro" para llevar un mensaje a todos los ciudadanos que quieran "volver a emprender en sus municipios", ha añadido.

Vivienda pide al Gobierno que exija a los bancos la paralización de los desahucios para ser recapitalizados

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha pedido al Gobierno central que exija a las entidades financieras --bancos y cajas-- que paralicen "inmediatamente" los desahucios como condición para poder entrar en el plan de recapitalización del sistema financiero.

   La consejera ha indicado a Europa Press que, ante el rescate bancario ya solicitado por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, tanto la Junta como IU consideran que "debe haber condiciones y requisitos clarísimos para todas las cajas y bancos que pidan formar parte de esa recapitalización", y que se centran en "desahucios cero".

   De esta forma, Cortés pide que "todos los bancos y cajas que acudan a esa recapitalización paralicen de forma inmediata todos los desahucios de miles de familias andaluzas y españolas", al mismo tiempo que ha demandado que "se garantice un alquiler social para que las familias trabajadoras amenazadas con desahucios puedan tener una vivienda en la que desarrollar su vida".

   "Estas familias se están viendo triplemente castigadas por la crisis, con la pérdida de empleo, la amenaza de desahucio y la deuda que tienen contraída de por vida", ha agregado la consejera, quien considera que "sería más que interesante exigir que el Gobierno plantee la modificación de la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento civil para permitir la dación en pago, el alquiler social y la paralización de los desahucios".

   Considera asimismo que "no se puede premiar a la banca teniendo en cuenta que han provocado sufrimiento e injusticia y el inmenso beneficio obtenido por esas entidades en los años de la burbuja".

   Cortés ha recordado que "el Estado y el pueblo es el garante de la recapitalización y el artículo 128 de la Constitución alude al hecho de que la riqueza debe estar al servicio del interés general, por lo que es necesaria la paralización inmediata de los desahucios y el alquiler social que permita a las familias mantenerse en su vivienda".

   "En el nombre de la mayoría social no se puede consentir ni un desahucio más y el Gobierno debe valer por el interés general  y no por los intereses particulares", asevera la consejera, quien insiste en la necesidad de que las entidades "cuando acudan al rescate sean conscientes que una de las condiciones para optar al mismo debe ser paralizar los desahucios". Agrega que en el caso de entidades recapitalizadas, como Bankia, debe hacerse "exactamente lo mismo, esto es, paralización inmediata de los desahucios que Bankia ejecuta".

Cortés paraliza los desahucios públicos hasta nueva orden

La nueva consejera de Fomento traslada a las delegaciones provinciales que no se eche a ninguna familia del parque público

Granada Hoy

En el traspaso de poderes en la Consejería de Vivienda se dio una situación como la que se relata: en una delegación provincial, el nuevo alto cargo de IU avisó a su interlocutora, del PSOE: "Mientras tú y yo estamos hablando, hemos echado a dos familias".

El foco de los desahucios se ha centrado en la actividad de las entidades financieras por el impago de las hipotecas, pero también administraciones públicas como la Junta de Andalucía disponen de un gran parque público de vivienda. ¿Qué sucede cuando estas familias, que ya tienen una situación económica comprometida de por sí, no pagan?

Según ha podido conocer esta redacción, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha dado orden a las delegaciones provinciales y a las gerencias de la Empresa Pública de Suelo (EPSA) de que paralicen todas las ejecuciones de desahucios administrativos. IU eligió la Consejería de Fomento y Vivienda y marcó en trazos gruesos la palabra desahucio como eje prioritario de sus políticas sociales. En España se ejecutan casi 30 a la semana, según los datos de los que disponen las asociaciones nacidas al albur de este creciente drama social.

La consejera conoce de primera mano la situación de barrios cordobeses con un gran parque público de viviendas sociales como Palmeras y Moreras, donde en los últimos años se han abierto cientos de expedientes administrativos.

La Consejería quiere estudiar cada caso en particular y dar una alternativa. No sería coherente que al tiempo que se hace de la lucha contra el desahucio el principal pilar de la política de la Consejería, más aún con la falta de dinero para realizar inversiones en obra pública, se expulsen familias de viviendas sociales. "Hemos dicho que éste no es el camino; hay que buscar alternativas como sea", detalla Amanda Meyer, recién nombrada directora general de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura.

No se ejecutarán unos expedientes que en los últimos meses pueblan el BOJA casi cada día y eso que sólo aparecen las notificaciones que no han podido ser trasladadas a las partes. Sin embargo, la preocupación del alto cargo de IU recién llegado a la Consejería puede verse atemperado con los datos de los que se disponen.

No se ofrece información desde EPSA de cuántos expedientes hay en curso, pero sí de cuántos desahucios administrativos se han llevado a cabo: sólo 16 desde 2008, a pesar del volumen del parque público que gestiona.

Según los datos aportados por la propia Administración andaluza, se trata de un número muy residual si se tiene en cuenta el volumen del parque público.

La Junta gestiona más de 46.000 viviendas públicas en régimen de alquiler, con una población residente de unas 250.000 personas.

Las cuantías de los alquileres oscilan entre los 25 y los 60 euros mensuales. Según las mismas fuentes, en todos los casos de desahucio público se constató que la morosidad de estas personas no tenía causas objetivas y justificadas.

La Junta añade que previamente al lanzamiento se agotan todas las vías de diálogo. Un equipo de técnicos y trabajadores sociales de EPSA analizan si los casos de morosidad responden a una auténtica incapacidad para abonar los recibos de alquiler o tienen una justificación objetiva. Si responde a causas económicas, se intenta llegar a un acuerdo con el inquilino para que acepte un reconocimiento de la deuda y se comprometa a realizar el pago cuando mejore su situación económica.

Estas viviendas se vuelven a adjudicar a otras unidades familiares que tienen una necesidad urgente de residencia (están en riesgo de exclusión social o han sido previamente desahuciadas judicialmente por entidades financieras al no poder hacer frente a los préstamos hipotecarios que asumieron para adquirir sus viviendas en el mercado libre).

La Junta insiste en la flexibilidad que se les da a las familias para que puedan hacer frente a los pagos; incluso se contempla, en algunos casos, una minoración de las rentas de acuerdo con los límites que establece la Ley de Vivienda. Los ingresos que recauda la Junta se destinan a tareas de rehabilitación y a otras de carácter social como la eliminación de la infravivienda, subrayan.

La Oficina del Defensor del Pueblo confirma que el desahucio administrativo no es una de las preocupaciones frecuentes de la institución, ya que la Junta lo lleva a cabo de forma "muy excepcional". "No tendría sentido porque el desahuciado se convierte al minuto siguiente en demandante de vivienda", anotan.

Desde la institución que dirige José Chamizo añaden que muchas veces las viviendas sobre las que se dicta un desahucio están desocupadas y otras veces, aunque los arrendatarios tienen expedientes abiertos por no pagar durante años, "no existe certeza finalmente de que resulten desahuciados".

La ley de medidas para la vivienda protegida y suelo, de 2005, introdujo esta posibilidad del desahucio administrativo, que antes no existía. La falta de pago o no destinar la vivienda a domicilio habitual son las causas más recurrentes por las que se determina el inicio de expediente de desahucio administrativo de estas viviendas sociales.

Ahora la ejecución de los desahucios de la Junta queda en suspenso hasta nueva orden.

El Parlamento respalda la proposición de IU contraria al modelo urbanístico de Valdevaqueros

En la mañana de hoy, la comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente del Parlamento de Andalucía, ha dado el visto bueno, por unanimidad, a la Proposición no de ley presentada por Izquierda Unida en la que se manifiesta la oposición de la cámara andaluza al modelo de desarrollo urbanístico planeado por el ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) para la zona de Valdevaqueros y que ha provocado una notable controversia social en las últimas semanas.

El texto de la iniciativa aprobada contempla en su parte dispositiva que “el Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a utilizar cuantos medios legales tenga a su alcance para salvaguardar la protección de la riqueza medioambiental de la zona de Valdevaqueros en Tarifa y, en caso de que no se cumplan lo condicionantes impuestos por las distintas administraciones en base a la legislación vigente, garantizar la paralización del mencionado desarrollo urbanístico”.

La parlamentaria de IU por la provincia de de Cádiz, Inmaculada Nieto, ha manifestado la satisfacción de su grupo por esta decisión, “por cuanto viene a consolidar una posición política en el seno de la cámara andaluza contraria a un modelo de desarrollo urbanístico depredador con el medioambiente, que tan negativas consecuencias en nuestra comunidad autónoma durante las últimas décadas”.

Igualmente, la diputada de IU ha reiterado que “Andalucía ha conocido las consecuencias de un modelo turístico e inmobiliario claramente especulativo y depredador en nuestro litoral. Consecuencias que se concretan en paro, desmanes urbanísticos y merma de la calidad de vida en los municipios afectados”, concluyendo que la experiencia vivida debe servir para alejarnos de ese modelo que ve en el proyecto de Valdevaqueros una reedición, apostando por otro que restablezca un equilibrio entre la actividad productiva y el respeto a nuestro entorno, para generar empleo y garantizarlo a generaciones venideras.

Desde Izquierda Unida recuerdan que este proyecto inmobiliario se pretende realizar en base a un planeamiento urbanístico que, dada su antigüedad,  no tiene en cuenta las reformas legales introducidas en los últimos años en materia medioambiental y de ordenación del territorio.

“En la mañana de hoy el Parlamento de Andalucía ha dado un paso firme para cerrar la puerta a un modelo urbanístico que representa al pasado, abriendo la puerta al desarrollo sostenible, respetuoso con el medio ambiente y generador de riqueza y empleo de futuro” ha sostenido Nieto.