Desmontando los embustes compartidos por el PSOE y el PP:
1) “Esto es un agravio para 12.000 sevillanos que están en lista de espera”
- Esta medida da una respuesta urgente a familias en riesgo de exclusión social o con menores por mandato del juzgado nº 3 de Sevilla y del Defensor del Pueblo andaluz. El agravio es que el Ayuntamiento tenga más de 500 viviendas vacías cerradas a cal y canto. El agravio es que cuando IU llegó a la Consejería había más de 600 viviendas vacías de la Junta. La Consejería tenía 70 viviendas vacías en Sevilla, las pasó a alquiler y las ha entregado a familias que las necesitan.
2) “Numerosas familias de la Corrala no están en situación de exclusión social”
- Esta medida se ciñe por mandato judicial a las familias en riesgo de exclusión social o con menores. Existen los informes de asuntos sociales que así lo avalan.
3) “La medida no cabe en la Ley”
- La medida está perfectamente articulada y argumentada jurídicamente y responde a un mandato judicial imperativo. Es más, desde que forma parte del Gobierno, IU ha sido garantía de procedimientos limpios y reglados frente a los tiempos de opacidad y arbitrariedad de la mayoría absoluta del PSOE (caso ERE).
- No se trata de un realojo sino de un alojamiento transitorio en respuesta a una situación temporal
La Consejería de Fomento y Vivienda está actuando CON URGENCIA Y POR MANDATO JUDICIAL para realojar a familias que están en la calle, que han pasado dos años en un edificio sin luz ni agua y que el domingo fueron desalojadas.
La Consejería de Fomento y Vivienda ha actuado de manera impecable y fundamentada. Han sido meses de trabajo y búsqueda de las soluciones basadas en el mandato judicial y en los requerimientos reiterados del Defensor del Pueblo de Andalucía. IU en la Junta de Andalucía es garantía de transparencia y rigor.
La Consejería de Fomento y Vivienda, en cumplimiento del auto judicial de 25 de febrero, ha asumido el compromiso de realojar a las FAMILIAS CON MENORES O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL desalojadas de la Corrala la Utopía.
La Junta de Andalucía no sólo puede, es que debe realojar a estas familias, en cumplimiento de:
- Auto judicial.
- Compromiso de la comisión de trabajo con el Ayuntamiento.
- Indicación expresa del Defensor del Pueblo.
- Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
- Artículo 47 de la Constitución.
- Artículo 25 del Estatuto de Autonomía.
- Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Es falso que esta medida suponga un agravio para nadie, porque:
- La Consejería de Fomento y Vivienda hace todas sus políticas para garantizar el derecho a la vivienda de los andaluces: eso es la Ley de Función Social de la Vivienda, que obliga a los bancos a sacar sus viviendas en alquiler y por la que en su momento el PSOE sufrió el mismo ataque de histeria.
- La Ley establece mecanismos de excepcionalidad para familias en riesgo de exclusión social.
- Por primera vez, con IU en la Consejería, el parque de vivienda pública de la Junta, que estaba vacío, se está poniendo al servicio de las familias que lo necesitan.
- IU se encontró con más de 600 viviendas vacías de su titularidad. ¿Qué ha hecho? Pasarlas al alquiler, bajarle el precio y entregarlas a familias que las necesitan.
- La Junta tiene un parque de vivienda pública de más de 80.000 inmuebles de su titularidad que están habitadas.
- La Junta de Andalucía es referente de uso social de sus viviendas públicas, frente a otras comunidades que las están vendiendo a fondos buitre.
La democracia no necesita saltarse ninguna regla para garantizar los derechos de las personas que los han visto vulnerados.
IU en la Junta es garantía de procedimientos administrativos limpios y reglados, cosa que no puede decirse de pasadas legislaturas.
Esta medida tiene un perfecto anclaje legal:
- Ley del Derecho a la Vivienda de 2010
Artículo 20. Situaciones de alojamiento transitorio.
1. Las administraciones públicas andaluzas favorecerán el alojamiento transitorio de las personas con riesgo o en situación de exclusión social y vecindad administrativa en la comunidad autónoma de Andalucía, que no pueda acceder a una vivienda protegida y respecto de las cuales quede acreditada su necesidad habitacional a través de los correspondientes servicios sociales de los ayuntamientos de los municipios en los que residan.
- Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida
Artículo 13. Excepciones a la obligación de adjudicación mediante el Registro Público Municipal.
De acuerdo con este artículo, se excepciona:
b) La adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de exclusión social cuando se justifique su carácter de urgencia por los servicios sociales del ayuntamiento.
El PSOE sufrió exactamente el mismo ataque de histeria con la Ley de Función Social de la Vivienda. Hoy es el gran logro del Gobierno andaluz esta legislatura.
RELATO RESUMIDO
1) El juzgado de instrucción 3 de Sevilla emitió un auto el 25 de febrero en el que mandataba a las administraciones a “proveer lo necesario” para para atender “a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social”.
2) La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, y el Ayuntamiento de Sevilla acordaron el 5 de marzo la creación de una comisión técnica, con participación del Defensor del Pueblo, para buscar una solución a las familias.
3) En el marco de dicha comisión, el Defensor pidió a las administraciones realojo para las 22 familias.
4) En el marco de dicha comisión, el Ayuntamiento se negó a poner ninguna de sus más de 500 viviendas vacías a disposición de la solución.
5) La Consejería abrió una negociación con Ibercaja para encontrar una solución.
6) El desalojo de la Corrala el 6 de abril reventó esta negociación.
7) Las familias se quedaron en la calle.
8) La Consejería propuso una solución de urgencia al Ayuntamiento, que éste rechazó.
9) La Consejería ha asumido el realojo de las familias desalojadas en cumplimiento del mandato judicial (exclusión social y con menores).
ALGUNAS ACTUACIONES DE IU EN MATERIA DE VIVIENDA
Defensa del Derecho a la Vivienda
- Ley de Función Social de la Vivienda (medida pionera).
- Efecto disuasorio sobre todos los desahucios.
- 39 expropiaciones para evitar desahucios de familias en exclusión social en sólo tres meses en vigor.
- Inicio de sanciones de más de 100 millones de euros a la Sareb (banco malo) y las entidades financieras por incumplir la función social de sus viviendas protegidas.
- Medidas de promoción del alquiler a través de la intermediación, en un nuevo modelo que rompe con las inútiles ayudas a propietarios.
- Andalucía a la altura de los países más avanzados en materia de defensa del derecho a la vivienda (Suecia, Alemania, Francia...).
- Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda (medida pionera).
- Más de 4.300 desahucios evitados en 15 meses.
- Un tercio de los ayuntamientos andaluces se han sumado al bloque institucional contra los desahucios.
- Paralización de todos los desahucios en el parque público de vivienda (medida pionera).
- Ante situaciones excepcionales, una medida excepcional.
- Alquiler compensado para que las familias que no pueden pagar se responsabilicen de lo público mediante trabajos comunitarios.
- Cuidado y defensa del parque público.
- Cinco veces más inversión (2 millones en 2012, 10 en 2014) en mantenimiento del parque público.
- Alquiler compensado (medida pionera). Los inquilinos de las más de 80.000 viviendas del parque público que no pueden pagar pueden realizar servicios a la comunidad para compensar la renta.
El contraste con las comunidades del PP, que venden en masa viviendas del parque público a fondos buitre, es elocuente.
Tras años de olvido y marginacion, la Consejería por fin se ocupa del parque público, lo dignifica y reivindica su condición de servicio público tan fundamental como la sanidad o la educación.
- Plan de Acción de Viviendas Deshabitadas.
- Conversión al alquiler asequible de las más de 600 viviendas protegidas deshabitadas en venta que tenía colgadas la Consejería. En menos de un año se han alquilado más de 500.
De la especulación a la rehabilitación
- Frenazo en seco de la especulación en la política de vivienda.
- De EPSA (especulación, despilfarro y clientelismo) a AVRA (política social de vivienda-rehabilitación, eficiencia y transparencia).
- Triunfo de las tesis de IU sobre construcción frente a las tentativas de resurrección del ladrillazo.
- Del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2009-2012 (venta de humo, especulación, mercantilización y ayudas indiscriminadas) al Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación 204-2019 (realismo, rehabilitación, eficiencia energética, derecho a la vivienda, control de las ayudas).
- De la pretensión del bipartidismo de volver al ladrillazo a la renuncia definitiva mediante el Plan Marco y la Mesa de la Construcción Sostenible.
- Pese a estrechez presupuestaria, crece la inversión en rehabilitación: 140 millones en 2014 (11,2% más): prioridades claras.
