Un Plan B para Europa

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En julio de 2015 asistimos a un Golpe de Estado financiero ejecutado desde la Unión Europea y sus Instituciones contra el Gobierno griego condenando a la población griega a seguir sufriendo las políticas de austeridad que ya habían rechazado en dos ocasiones a través de las urnas. Este golpe ha intensificado el debate sobre el poder de las instituciones de la Unión Europea, su incompatibilidad con la democracia y su papel como garante de los derechos básicos exigidos por los europeos.

Sabemos que existen alternativas a la austeridad. Iniciativas como “Por un Plan B en Europa”, “Austerexit” o DiEM25 (Democracy in Europe Movement 2025) denuncian el chantaje del tercer memorando de entendimiento impuesto a Grecia, el fracaso económico que supondrá y el carácter antidemocrático de la UE. Reconocido por el mismo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien declaró: “No puede haber decisiones democráticas contra los tratados europeos”.

También somos testigos de la respuesta insolidaria (en ocasiones hasta xenófoba), de las Instituciones Europeas y de los Estados Miembros ante la llegada de refugiados procedentes de Oriente Medio y África, y ante el drama humano que ello conlleva. Remarcando la hipocresía del discurso de la UE respecto a los DDHH, que de forma indirecta, a través de la venta de armas o con políticas comerciales, es un actor clave en los conflictos que han provocado las recientes crisis humanitarias.

El régimen de crisis de la UE, iniciado hace ocho años y basado en la austeridad, privatiza los bienes comunes y destruye los derechos sociales y laborales en lugar de hacer frente a las causas iniciales de la crisis; la desregulación del sistema financiero y la captura corporativa de las instituciones de la UE a través de los grandes lobbies y las puertas giratorias. La UE promueve soluciones falsas negociando, con gran opacidad y sin apenas control democrático, tratados de comercio e inversión como el TTIP, el CETA o el TiSA, que eliminan lo que consideran barreras al comercio: los derechos y normas que protegen a la ciudadanía, a los trabajadores o al medio ambiente. Es el golpe definitivo a nuestras democracias y al Estado de Derecho, especialmente a través de los mecanismos de protección al inversor.

La actual UE está gobernada de facto por una tecnocracia al servicio de los intereses de una pequeña, pero poderosa, minoría de poderes económicos y financieros. Todo ello ha provocado el resurgimiento del discurso de la extrema derecha y de posiciones xenófobas y nacionalistas en muchos países de Europa. Los demócratas tenemos la responsabilidad de reaccionar ante esta amenaza e impedir que los fascismos capitalicen el dolor y el descontento de la ciudadanía, la cual a pesar de todo ha demostrado solidaridad ante la tragedia humanitaria que sufren cientos de miles de personas refugiadas.

La sociedad ya se ha puesto a trabajar por un cambio radical en las políticas de la UE. Movilizaciones sociales, como Blockupy, la campaña NO al TTIP, el Alter Summit, la huelga general europea en 2012, las Euromarchas, o el ingente trabajo realizado por numerosas plataformas ciudadanas y ONG’s, suponen un valioso capital humano, intelectual e ideológico por la defensa de los Derechos Humanos, el respeto a la Tierra y a la dignidad de las personas por encima de intereses políticos y económicos. Creemos, sin embargo, que es necesaria una mayor coordinación y cooperación práctica para la movilización a nivel europeo.

Hay muchas propuestas en marcha para acabar con la austeridad: una política fiscal justa y el cierre de paraísos fiscales, sistemas de intercambio complementarios, la remunicipalización de los servicios públicos, el reparto igualitario de todos los trabajos incluidos los cuidados en condiciones de dignidad, la apuesta por un modelo de producción basado en las energías renovables, y reformar o abolir el pacto fiscal europeo – formalmente Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria.

El ejemplo de Grecia nos ha mostrado que para hacer frente a la actual coyuntura debemos aunar esfuerzos desde todos los Estados Miembros y desde todas las esferas: política, intelectual y de la sociedad civil. Nuestra visión es solidaria e internacionalista.

Por estos motivos, queremos generar un espacio de confluencia en el que todas las personas, movimientos y organizaciones que nos oponemos a al modelo actual de Unión Europea y consensuar una agenda común de objetivos, proyectos y acciones, con el fin último de romper con el régimen de austeridad de la UE y democratizar radicalmente las Instituciones Europeas, poniéndolas al servicio de la ciudadanía.

Para ello proponemos convocar una conferencia europea los días 19, 20 y 21 de febrero en Madrid, y llamamos públicamente a participar en los debates, grupos de trabajo y exposiciones que allí se organizarán.