"Exigimos a los armadores y gobiernos la inmediata retirada de barcos que estén faenando en esas aguas hasta que definitivamente se den las condiciones necesarias para que conflictos como el del ‘Alakrana’ no se vuelvan a repetir", reclama LAB.

El sindicato ha dado a conocer un comunicado ante "la alarmante situación" en la que "incluso peligran vidas de trabajadores-arrantzales por la fatal gestión " por parte de "los gobiernos de turno con la ayuda y complicidad de las empresas armadoras".

Se dirige a los trabajadores-arrantzales que se encuentran en la zona para que reclamen el regreso a puerto seguro de los barcos en solidaridad con la tripulación del "Alakrana" y demanden a los ejecutivos de Madrid y Lakua, así como a los armadores, "una vía eficaz de negociación inmediata" y descarten "la vía armada del intervencionismo militar puro y duro".

LAB considera necesario realizar una "profunda reflexión sobre las causas del conflicto si queremos que no se vuelvan a producir situaciones" como la actual.

"Comprendemos que son momentos de tensión y de angustia para quienes necesitan buenas noticias, pero los auténticos responsables de esta situación deben adquirir compromisos en ese sentido".

Dos ex alcaldes de Monachil se sentarán hoy en el banquillo por una presunta prevaricación relacionada con la construcción de un edificio en Sierra Nevada, en una causa en la que también están imputados un ex concejal de Urbanismo del municipio y el arquitecto municipal.

El juicio, que se celebrará en el Juzgado de lo Penal 1 de Granada, ya sufrió un aplazamiento el pasado 9 de octubre debido a la incomparecencia de dos letrados y a la ausencia de uno de los cuatro acusados -el ex concejal de Urbanismo, Benjamín Rodríguez (PP)-, que alegó una cardiopatía.

Los ex alcaldes acusados son Francisco Lara (PSOE), que se enfrenta a una petición del fiscal de 10 años de inhabilitación, y Antonio Trinidad (PP), para quien la Fiscalía pide dos años de cárcel, otros diez de inhabilitación y multa de 57.600 euros.

Los otros dos imputados se enfrentan a una petición del Ministerio Público de dos años de cárcel, 20 de inhabilitación y la misma multa.

El origen del asunto está en el cambio de uso, de equipamiento sociocultural a residencial, y el aumento de edificabilidad de una parcela en la que se ha construido un bloque de 82 apartamentos.

Esa modificación se hizo mediante un estudio de detalle, lo que para los denunciantes -la comunidad de propietarios de un edificio colindante- vulnera la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que impide cambiar el uso e incrementar la edificabilidad mediante esa figura.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en Francia, consideró que la presencia obligatoria de crucifijos en las aulas constituye "una violación" de los derechos de los padres a la educación de sus hijos.

El alto tribunal de derechos humanos, que no es una institución de la UE, considera que la presencia de ese símbolo de la religión católica es una violación de la libertad de credo de los alumnos, según reza la sentencia. La presencia de crucifijos supone "una violación del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones", afirma la sentencia. El texto agrega que la presencia de ese símbolo religioso supone "una violación de la libertad de religión de los alumnos".

El caso se inició en 2002 cuando la ciudadana italiana nacida en Finlandia Soile Lautsi presentó una demanda ante los jueces de Estrasburgo al considerar que la escuela pública donde estudiaban sus dos hijos, de 11 y 13 años, en Abano Terme, el norte de Italia, violaba sus derechos como madre, al imponer a sus hijos una determinada presencia religiosa.

La corte de Estrasburgo -establecida en 1950 en el marco de la Convención Europea de los Derechos Humanos- dictaminó contra la escuela en cuestión por no considerar la libertad de padres y alumnos en este tema. Las autoridades de ese centro escolar se habían negado a quitar el crucifijo a pesar de un dictamen en contra de la Corte Suprema de Italia, de 2000, en el que se afirmaba que la presencia del crucifijo "viola el principio de Italia como Estado laico".

La Opinión. ROCÍO S. NOGUERAS

La actual situación económica obliga al ciudadano a hacer un auténtico ejercicio de cálculo para cuadrar las cuentas a final de mes. A los gastos mensuales de hipoteca o alquiler, agua, luz, comunidad, alimentación y gasolina, se añaden otros recibos con carácter anual o semestral que convierten la economía doméstica en un verdadero caos. Un ciudadano que tenga una vivienda en propiedad y esté pagando un vehículo deberá afrontar los gastos de la hipoteca y el coche cada mes, así como de los seguros de automóvil y hogar, la tasa de circulación y el impuesto de bienes inmuebles cada año. Si además cuenta con algún seguro de vida o un plan de pensiones (a los que muchas entidades financieras obligan a acogerse para conceder el préstamo hipotecario), las cifras se disparan.

Pero los impuestos no son iguales en todos los municipios. En el caso del la Contribución (IBI), que grava la propiedad de los bienes inmuebles, ya sean rústicos o urbanos, y se devenga con carácter anual, las cifras varían considerablemente de un municipio a otro. La cuota tributaria se calcula a partir de una base imponible que parte del valor catastral del inmueble y un tipo de gravamen que viene establecido por cada ayuntamiento.

En Granada, los tipos impositivos más altos se dan en Almuñécar (con un diferencial del 1 para bienes de naturaleza urbana y del 0,75 para los de carácter rústico) y en Santa Fe (con un gravamen del 0,74 y el 0,9). En la misma línea se encuentra Atarfe (con un 0,73 y un 0,75 para inmuebles urbanos y rústicos, respectivamente) y Huéscar (con un 0,7 y un 0,65). En el otro lado de la balanza se sitúan Jun y Dílar, ambos con los tipos impositivos mínimos (0,4 para urbano y 0,3 para rústico), así como Alhendín, Cájar, Gójar, Ogíjares, Monachil, Pulianas o Cúllar Vega, cuyos valores oscilan entre el 0,4 y el 0,65.

Ideal

El concejal de Izquierda Unida, Fermín Tejero, ha denunciado que la privatización del servicio de cobro de multas le costará a los almuñequeros 155.000 euros anuales.

El acuerdo, adoptado en la Junta de Gobierno Local, adjudica a una empresa privada de origen gallego el servicio de gestión de multas. La adjudicación se ha hecho por dos años. La empresa que va a encargarse de estos trabajos se llama 'Jesús Foráneas Teijeiro' y va a cobrar por sus servicios 155.440 euros anuales.

IU mostró su rechazo frontal «a esta nueva privatización porque estamos en contra de dar datos confidenciales de los ciudadanos a una empresa privada». En opinión de Fermín Tejero esta nueva privatización de un servicio público «genera inseguridad jurídica porque pone en manos de empleados particulares y empresarios privados acciones y documentos que le ley reserva para los funcionarios públicos».

Daño a la hacienda

Por otro lado, el concejal de IU denuncia «el daño a la hacienda pública» que supone este acuerdo porque la empresa, que se ha quedado con este servicio va a cobrar «casi 26 millones de las antiguas pesetas al año». «Con este dinero hay más que suficiente para que el Ayuntamiento, contratando el personal necesario gestione de forma eficaz y legal el trámite de las notificaciones, archivo y cualquier tarea relacionada con las multas de tráfico», señala.  

La detención este martes del alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, del PSC, eleva a dieciocho el número de primeros ediles en ejercicio detenidos por implicación en delitos de corrupción urbanística desde la Operación Malaya, en Marbella, en abril de 2006.

Marisol Yagüe (GIL): Ex alcaldesa de Marbella (Málaga), detenida en marzo de 2006, en la denominada "Operación Malaya", imputada por cohecho, prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas, en abril de 2006 ingresó en prisión, de la que salió en septiembre, tras satisfacer una fianza de 60.000 euros.

Francisco Valido (PP): Ex alcalde de Telde (Gran Canaria), detenido en noviembre de 2006, en el "Caso Faycan", por el presunto cobro de comisiones por licencias de obras. Imputado por cohecho, quedó en libertad tras abonar una fianza de 80.000 euros. El PP suspendió cautelarmente su militancia, pero después levantó la suspensión.

Eugenio Hidalgo(PP): Ex alcalde de Andratx (Mallorca), detenido en noviembre de 2006, en la "Operación Voramar". Fue condenado en dos juicios a cuatro años de cárcel primero y a 7 años de inhabilitación después por construir un chalet ilegal y por prevaricación. Fue expulsado del PP.

Juan Martín Serón (PP): Alcalde de Alhaurín El Grande (Málaga), detenido en enero de 2007, quedó en libertad bajo fianza de 100.000 euros. La Fiscalía le acusó en 2009 en el "caso Troya" de corrupción urbanística. Sigue al frente de la alcaldía.

José Francisco González (PP): Alcalde de Mogán (Gran Canaria), detenido en la "Operación Góndola" en enero de 2007, imputado por malversación de caudales públicos y cohecho. En libertad sin fianza, se reincorporó a su puesto.

José Martínez Andreo (PP): Alcalde de Totana (Murcia), detenido en noviembre de 2007 en la "operación Totem", de corrupción urbanística. En febrero de 2008 quedó en libertad bajo

La junta de gobierno local del 19 de octubre ha aprobado adjudicar a una empresa privada el servicio de mecanización, grabación y tratamiento informático de la captación y emisión de datos y documentos, así como del registro y archivos de los generados por el Servicio de multas y de cualquier otra tarea similar o complementaria.

La adjudicación se ha hecho por dos años. La empresa que va a gestionar este servicio se llama Jesus Forneas Teijeiro y va a cobrar por sus servicios 155.440 euros al año.

IU se opone frontalmente a esta nueva privatización porque estamos en contra de dar datos confidenciales de los ciudadanos a una empresa privada. Esta nueva privatización genera inseguridad jurídica porque pone en manos de empleados particulares y empresarios privados acciones y documentos que le ley reserva para los funcionarios públicos.

Por otro lado, IU denuncia el daño a la hacienda pública que supone este acuerdo porque la empresa que se ha quedado con este servicio va a cobrar casi 26 millones de las antiguas pesetas al año.

Con 26 millones de pesetas hay más que suficiente para que el Ayuntamiento, contratando el personal necesario, gestione de forma eficaz y legal el trámite de las notificaciones, archivo y cualquier tarea relacionada con las multas de tráfico.

Ideal

Las obras volverán a la avenida de Andalucía de Almuñécar a partir del próximo martes. Tras el amplio paréntesis previsto para el verano y que se ha alargado hasta noviembre ahora se retomará el proyecto de rehabilitación del centro comercial, que esperan tener listo a finales de noviembre «para que todo quede operativo de cara a la Navidad», según informó la concejala de Tráfico y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento sexitano, María Dolores Sánchez Montes.

El tráfico se cortará en la en el tramo comprendido desde la salida de la calle Sevilla hasta la calle Jaén, que quedarán libres.

Por su parte el concejal de IU, Fermín Tejero, lamentó ayer el retraso del reinicio de las obras «ya que en vez de comenzar el 15 de septiembre, como se prometió, va a reiniciarse en noviembre, con lo que se corre el riesgo, si hay algún imprevisto de los que son habituales, de que también se vea la avenida Andalucía en obras a principios de Navidad».

Granada Hoy

IU acusa a Benavides de perjudicar a los comerciantes al alargar la reforma de la vía

Tras su reapertura temporal con motivo de la temporada estival, el lunes volverá a cerrarse al tráfico la avenida de Andalucía, cuyas obras de reurbanización quedaron pendientes en el tramo sur. La intención es ejecutar las obras a lo largo de noviembre, con el objetivo de que la céntrica arteria esté operativa de cara a las fiestas navideñas.

El tráfico se cortará entre las calles Jaén y Sevilla, aunque también quedará cerrada temporalmente desde Sevilla hasta Lonja para depositar los materiales. El acceso a la calle Muller queda habilitado para los garajes y aparcamientos existentes en la zona.

Una vez cortado el tráfico en este tramo, los vehículos podrán entrar desde la avenida de Andalucía por la calle Sevilla hasta la avenida Juan Carlos I, y de allí volver a incorporarse por Jaén o Granada. Según informó la concejal de Seguridad Ciudadana, María Dolores Sánchez Montes, "la empresa adjudicataria prevé que las obras concluyan a finales de noviembre".

Por su parte, IU de Almuñécar manifestó que el hecho de que esta nueva fase de la obra dure un mes "pone de manifiesto que el alcalde fastidió sin necesidad a los comerciantes de esa calle al comenzar la primera fase en Semana Santa".

IDEAL

Los 33 trabajadores de ayuda a domicilio llevan cuatro meses sin cobrar porque el Ayuntamiento no paga a su empresa

«No nos tiembla el pulso a la hora de convocar huelgas en la basura o en cualquier otro sector cuando son necesarias, pero en este caso, la situación es más delicada que nunca. Estamos hablando de personas dependientes que están en una cama, humanamente es muy duro dejarles solos».

El secretario general de actividades diversas de Comisiones Obreras, José Miguel Sánchez, reconoce que plantear una huelga en el servicio de ayuda a domicilio de Almuñécar supone un auténtico dilema ético tanto para los cuidadores, los trabajadores de la empresa local Adhara, como para el sindicato que les defiende, Comisiones Obreras.

Por eso mismo los trabajadores llevan aguantando cuatro meses desde que comenzaron los problemas y dejaron de cobrar. Pero la situación personal de los 33 empleados de la empresa -que tienen cuatro nóminas pendientes- ya es asfixiante y «no les queda más remedio» que convocar una huelga indefinida que comenzará el próximo 15 de noviembre.

Según CC OO, la empresa Adhara no ha cobrado las correspondientes cantidades del Ayuntamiento, que tiene contratado este servicio, y al que culpan de la situación. Adhara, concesionaria del servicio de ayuda a domicilio, tiene 33 trabajadores -31 mujeres y dos hombres- la mayoría de Al muñécar.

«Somos muy sensibles con este tema, sabemos que esta no es una huelga normal, por eso no hemos querido ir a saco y dejar de trabajar ya. Antes nos vamos a reunir con los familiares de los usuarios para avisarles y que estas personas dependientes no se queden desasistidas», apunta el portavoz de CCOO. Además, aseguran que intentarán darles orientaciones para que se las arreglen lo mejor posible mientras dura la huelga. «La pena es que hay personas que dependen totalmente de sus cuidadores, no tienen familia», lamenta.

Los trabajadores son conscientes de que necesitan presionar con la huelga, «ellos t

El anuncio por parte del ayuntamiento de que la segunda parte de las obras en la Avenida Andalucía va a durar apenas mes y medio pone de manifiesto que el alcalde fastidió sin necesidad a los comerciantes de esa calle al comenzar las obras de la primera fase en Semana Santa.

En aquella ocasión, el Pleno aprobó que las obras comenzaran después de Semana Santa para no perjudicar de forma innecesaria a los comercios de la zona. El alcalde incumplió de forma antidemocrática ese acuerdo del Pleno y mintió a los ciudadanos afirmando que si no se comenzaban las obras en ese momento las calles estarían levantadas en verano y en navidad porque tenían un plazo de ejecución de diez meses aunque intentarían acortarlo.

Dado que era imposible que las obras terminasen para el verano, se dividió la obra en dos partes. La primera parte se terminó a primeros de julio y ahora queda una segunda parte que supuestamente iba a comenzar el 15 de septiembre según anunció la concejal de Tráfico a principios del verano.

Habría bastado con que las obras de la primera fase se hubiesen acortado unos metros, alargando un poco la segunda fase; con ello se habría conseguido que las obras no afectaran a los comercios y a la circulación rodada en las épocas de verano y Semana Santa. De esta manera, y respetando el comienzo de las obras el 15 de Septiembre, las obras de la Avenida de Andalucía podrían concluir bastante antes de Navidad. Más incluso si, como ahora se afirma, el periodo de ejecución de la segunda fase se va a reducir de dos meses a mes y medio.

IU lamenta que en vez de comenzar el 15 de septiembre, como se prometió, se vaya a empezar en noviembre, con lo que se corre el riesgo si hay algún pequeño imprevisto, de esos que suelen darse cuando se levantan calles, de que también se vea la Avenida Andalucía en obras a principios de navidad.

La concejala de Tráfico debe explicar los motivos de este retraso de mes y medio en el comienz

La Opinión. ÁLVARO CALLEJA

El juez de Instrucción 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, ha iniciado el trámite de procedimiento abreviado contra Víctor Sánchez, alcalde de Atarfe, y el empresario Francisco Espartero, por su presunta participación en un delito de estafa contra los consumidores e infracción a la Hacienda pública.

El caso, cuya instrucción está a punto de cerrarse, guarda relación con la operación urbanística que permitió a la promotora Espartero adquirir unos terrenos de dominio público a bajo precio que no fueron desafectados y donde se construyó el residencial de mayores La Estrella, con 116 apartamentos.

El asunto tiene su origen en una denuncia presentada por IU y otros colectivos sociales que cuestionan que el consejo de administración de Proyecto Atarfe, una sociedad instrumental con participación del cien por cien del Ayuntamiento, aprobara en febrero de 1998 la venta de los terrenos dedicados a equipamientos a 1.500 pesetas (9 euros) el metro cuadrado.

La concatenación de irregularidades, según los denunciantes, no se limitó sólo a la tramitación administrativa sino al posterior proceso de construcción puesto que, en opinión de los peritos que han intervenido en la instrucción, hubo un exceso de edificabilidad y no se respetó el compromiso para la instalación de servicios comunes dirigidos a los mayores. Es más, muchas de las viviendas se vendieron a vecinos con diferentes edades, incluso jóvenes.

Los denunciantes han presentado un recurso de reforma al auto dictado por el juez instructor para que se incluyan también como imputados al arquitecto y al secretario municipales, a los que atribuye los presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

En contra de la actuación del gobierno municipal de Atarfe se ha pronunciado también el jefe d

NI tan siquiera una moto. El interventor del ayuntamiento, que por lo visto hasta ahora es el cerebro gris, o el pájaro, no tiene nada a su nombre, ni siquiera una humilde moto.

IDEAL

La trama económica que José Alemán pergeñó desde su despacho de la Intervención Municipal en El Ejido no se conocerá totalmente hasta que finalice el juicio que seguirá a la instrucción sumarial que lleva a cabo la juez Montserrat Peña, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería y que durante la última semana ha tomado decisiones que afectan a las 20 personas que, en principio, están imputadas en el caso destapado por la Operación Poniente y en el que se estima un posible fraude superior a los 100 millones de euros, cantidad acumulada en los últimos seis años. Se habla incluso de que el movimiento económico investigado ahora por la justicia está más cerca de los 200 que de los 100 millones de euros.

Con el sumario aún en fase de elaboración y, además, manteniéndose en secreto, lo que más llama la atención es el tinglado de empresas que los implicados habían constituido. La relación existente entre las mismas es lo que parece que tanto el fiscal anticorrupción como la juez han podido establecer ya a lo largo de los más de 15.000 folios de los que consta el sumario, fruto de un trabajo de prácticamente dos años.

Asimismo, es también sorprendente que a la hora de recabar información sobre las personas implicadas en este caso, aparezca José Alemán, considerado como el cerebro de la trama, en una amplia relación de empresas y, sin embargo, sin propiedades inmobiliarias a su nombre, lo que hace pensar que ha podido utilizar a terceros o son algunas de las sociedades de las que forma part

IU critica la actuación de la Junta, ya que, a pesar de tener constancia de que buena parte del recinto no cumple las condiciones legales que ellos tienen que supervisar, permiten que siga abierto. Estamos ante un caso claro de indolencia, dejación de funciones y complicidad con actuaciones ilegales.

No sólo han permitido que el parque esté abierto varios años sin permiso de ningún tipo, sino que incluso cuando dieron el permiso para abrir la zona ya abierta, la Junta incumplió con sus obligaciones. Ese permiso de apertura del parque zoológico se concedió el 10 de septiembre de 2007 a pesar de admitirse en la misma orden que el parque no reunía los requisitos legales que se exigen a todos los parques. La resolución, emitida por la Dirección General de Gestión del Medio Natural, daba un plazo de seis meses para subsanar las múltiples deficiencias encontradas en el parque.

Es absolutamente sorprendente que se dé este permiso sin que las deficiencias estén subsanadas, y que, además, pasen nueve meses más, y el 2 de junio de 2008, los técnicos que visitan el parque comprueben que sigue habiendo numerosas ‘deficiencias tanto en la documentación aportada como en las instalaciones, recintos de animales y dependencias del Parque'. Pero el parque sigue abierto porque la Junta lo permite.

El informe de  Medio Ambiente también ‘constata que el Parque ha efectuado numerosos cambios en sus instalaciones, con la creación de nuevos recintos y la introducción de numerosos animales, sin que se comunicase ni solicitase la ampliación del recinto, incumpliéndose así lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 31/2003, de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre en los Parques Zoológicos'. Pero la Junta no cierra y tampoco denuncia ni multa al que se salta la ley a la torera.

El 21 de julio de 2008, la Delegación Provincial emite un informe preceptivo que propone ‘no autorizar la a

La Opinión. ÁLVARO CALLEJA

Pese a los cinco asuntos de investigación con "suficientes" indicios de criminalidad en los que se centra el auto de procesamiento del ´caso Marchelo´ –el polígono industrial, las viviendas de FRAi, la gasolinera, la adjudicación del parque público y la violación de la servidumbre de la base aérea de Armilla–, el juez de Instrucción 2 de Santa Fe, Miguel Ángel Gómez Torres, deja fuera algunos asuntos que en su día resultaron controvertidos.

1. Patrimonio. El Ayuntamiento de Alhendín, que ejerce la acusación popular tras cambiar de signo político en las últimas elecciones municipales, ha fracasado, por el momento, en su intento de que se rastree el patrimonio de los imputados. Su reclamación ha caído en saco roto pese a la existencia de un informe de la Brigada de Delincuencia Económica de la Policía Nacional que desvelaba el número de cuentas bancarias de los principales políticos implicados –el ex concejal de Urbanismo, Manuel Fernández, y el entonces alcalde José Guerrero, ambos del PP–, un total de 50 entre los dos pero sin precisar las cantidades; así como numerosos pagos de promotoras (FRAi entre ellas), cancelaciones de préstamos y participaciones en sociedades.

Dicho informe también aludía a las trece empresas creadas por los familiares del alcalde y otras por Fernández; la mayoría de ellas dedicadas a la promoción inmobiliaria, construcción de viviendas, compraventas de terreno y gestión medioambiental, cuya actividad creció en época del gobierno del PP.

Los reveses sufridos por el Ayuntamiento de Alhendín para tratar de que se investigue el patrimonio de los principales imputados no le han hecho desistir de su propósito pero el juez ha estimado conveniente no demorar más la instrucción con independencia de la resolución que adopte la Audiencia Provincial sobre los re

Unas 5.000 personas se manifestaron en Londres contra la intervención de tropas británicas en la guerra de Afganistán. La manifestación, organizada por un grupo llamado Stop the War Coalition (Coalición para el fin de la guerra), contó con la presencia de un soldado que sirve en Afganistán y familiares de las tropas.

El grupo dijo que se trata de la primera protesta contra las operaciones militares en Afganistán tras el comienzo del conflicto hace ocho años. Los manifestantes marcharon por el centro de Londres hasta Trafalgar Square.

El soldado Joe Glenton aseguró que no podía seguir sirviendo con la conciencia tranquila en Afganistán mientras mueren más y más soldados. Ahora podría enfrentarse a un proceso ante un tribunal militar por deserción. A las protestas asistió también la más anciana activista antibélica del país, Hetty Bowyer. "No le encuentro sentido a que continúen las muertes. He estado en cada una de las manifestaciones contra la guerra (...) Mientras mis piernas aguanten, continuaré haciéndolo", dijo Bowyer, de 104 años.

Entre tanto, la emisora Channel 4 TV dio a conocer los resultados de una encuesta que revela que el apoyo a la intervención de soldados británicos en el país asiático disminuye. La gran mayoría, un 62 por ciento de los encuestados, exige la retirada de las tropas de inmediato o para el próximo año. Casi la mitad de los encuestados (48 por ciento) estaba convencida de que es imposible obtener una victoria militar, a diferencia de un 36 por ciento que opinaba eso en 2007.

Reino Unido tiene unos 9.000 soldados estacionados en Afganistán. Hasta ahora han perdido la vida ya 222 efectivos británicos en el conflicto.

Costadigital

El concejal de Izquierda Unida, Fermín Tejero, ha exigido al Ayuntamiento que se pague a la empresa Adhara, concesionaria del servicio de ayuda a domicilio en Almuñécar, cuyas empleadas llevan cuatro meses sin cobrar.

“La empresa no puede hacer frente a los pagos porque lleva varios meses sin cobrar del ayuntamiento. La situación está así desde hace varios meses y podría acabar en una huelga y lo que es peor la desasistencia de los ancianos usuarios del servicio”, señalaba el portavoz de izquierdas.

Para Tejero, se esta produciendo la misma situación con estas trabajadoras, que ya sufrieron durante dos años los trabajadores del Mirlo. “El ayuntamiento cobraba la tasa de basura pero no pagaba a la empresa. Ahora, el ayuntamiento cobra puntualmente la subvención que envía la Junta de Andalucía pero desvía el dinero hacia otras urgencias y tiene a la empresa asfixiada, al igual que ocurre con otras pequeñas empresas almuñequeras”.

“El problema con el Mirlo” continúa Tejero, “lo solucionó el alcalde sustituyendo a esta pequeña empresa por otra de mayor tamaño que puede aguantar meses y años sin cobrar. De hecho, la empresa nueva de limpieza, FCC lleva sin cobrar casi un año, lo que significa que estamos acumulando más deuda para el futuro. Igual el objetivo de Benavides es forzar a Adhara a retirarse para que coja el servicio otra empresa más potente que pueda hacer de banco para un ayuntamiento cada vez más endeudado”.

Pero sus críticas van dirigidas directamente al alcalde al afirmar que “esta falta de sensibilidad sólo se puede entender si partimos del hecho de que una trabajadora de ayuda a domicilio apenas gana mil euros al mes mientras el señor alcalde cuesta al contribuyente 80.354€ al año a los que habría que añadir los 36.675 que nos cuesta su esposa”.

Según Fermín Tejero, se trata de un problema muy grave “porque quienes lo están padeciend

Las trabajadoras de la empresa Adhara, concesionaria del servicio de ayuda a domicilio en Almuñécar llevan cuatro meses sin cobrar.

La empresa no puede hacer frente a los pagos porque lleva varios meses sin cobrar del ayuntamiento. La situación está así desde hace varios meses y podría acabar en una huelga.

La situación de las trabajadoras es la misma que ya sufrieron durante dos años los trabajadores del Mirlo. El ayuntamiento cobraba la tasa de basura pero no pagaba a la empresa. Ahora, el ayuntamiento cobra puntualmente la subvención que envía la Junta de Andalucía pero desvía el dinero hacia otras urgencias y tiene a la empresa asfixiada, al igual que ocurre con otras pequeñas empresas almuñequeras.

El problema con el Mirlo lo solucionó el alcalde sustituyendo a esta pequeña empresa por otra de mayor tamaño que puede aguantar meses y años sin cobrar. De hecho, la empresa nueva de limpieza, FCC lleva sin cobrar casi un año, lo que significa que estamos acumulando más deuda para el futuro. Igual el objetivo de Benavides es forzar a Adhara a retirarse para que coja el servicio otra empresa más potente que pueda hacer de banco para un ayuntamiento cada vez más endeudado.

Esta falta de sensibilidad sólo se puede entender si partimos del hecho de que una trabajadora de ayuda a domicilio apenas gana mil euros al mes mientras el señor alcalde cuesta al contribuyente 80.354€ al año a los que habría que añadir los 36.675 que nos cuesta su esposa.

Estamos hablando de un problema muy serio porque quienes lo están padeciendo ahora son trabajadoras con salarios bajos y dificultades para sacar adelante su familia, y quienes lo van a padecer si la huelga se realiza serán las personas que cada día son ayudadas por estas trabajadoras.

Es una vergüenza que haya dineros para simposiums y jornadas de todo ti

En este caso están imputados Luis, Rafael y Mariano Alonso Polo. Estos hermanos son los dueños de la empresa que lleva la recaudación en Almuñécar. En su momento, IU repartió un dossier demostrando que estos hermanos han sido denunciados y condenados en varios sitios por los pufos que han ido dejando allá donde se quedaban con la recaudación. El caso más sonoro fue el de Burgos, pero no es el único. Esos argumentos, lógicamente, no fueron tenidos en cuenta por el PP ni por la secta de Benavides. Y es lógico. Posiblemente, todo lo que IU denunciaba, ya lo sabían ellos más que de sobra.

Según se desprende del auto, hay delitos evidentes que el juez instructor ha pasado por alto porque no los considera relevantes. Por desgracia, es algo a lo que estamos acostumbrados. Aún así, son tantos los delitos cometidos que puede ser que paguen por alguno de ellos. Y tal y como está el patio judicial, parece que con eso ya tendremos que darnos por satisfechos.

La Opinión

P.MARISCAL / A. CALLEJA Dádivas en especie, contratos ficticios, ilegalidades urbanísticas y administrativas, pasividad dolosa de cargos públicos, prevaricaciones, favoritismos, dejaciones maliciosas de funciones y mucho lucro. Estas son algunas de las consideraciones que realiza el juez del ´caso Marchelo´ acerca de la actuación de los 15 imputados sobre los que considera que hay indicios más que suficientes como para sentarlos en el banquillo.

En un auto de fecha 21 de octubre, el juez Miguel Ángel Gómez Torres acuerda convertir en procedimiento abreviado la investigación que durante tres años ha intentado destapar una trama continuada de corrupción urbanística en el municipio de Alhendín consolidada por el gobierno del PP y un buen número de empresarios.

El ex alcalde José Guerrero, tres

La Junta de Gobierno Local ha aprobado cambiar el criterio para fijar el precio de las plazas de aparcamiento en Velilla y San Cristóbal.  El equipo de gobierno ha acordado que se pague en función de la superficie de cada plaza. Esta decisión se ha tomado en la Junta de Gobierno del 5 de octubre, con posterioridad al sorteo celebrado para elegir las plazas.

En principio, la medida sería razonable si así se hubiera recogido en el pliego inicial para la venta de las plazas de garaje, pero no parece legal por cuanto que en el polémico pliego de condiciones se fijaba un precio único cuyo coste final dependía sólo del coste total de las obras. Variar los criterios de fijación de los precios cuando se tienen vendidas más de la mitad de las plazas no es ajustado a derecho salvo que se consensúe con los compradores.

Por otro lado, las plazas más grandes, las que se reservan para minusválidos, son las que suelen tener mayores problemas de accesibilidad, algo que no se ha tenido en cuenta al aplicar sólo el criterio de superficie.

Es significativo que el alcalde tampoco asistiera a esa Junta de Gobierno, en la que se tomaron bastantes acuerdos polémicos. Todo parece indicar que Benavides se va de viaje para evitar acudir a Plenos, Comisiones y Juntas de Gobierno en las que se han de tomar acuerdos de dudosa legalidad y así endosarle las responsabilidades a otros. 

En lo relativo al número de plazas vendidas, el ritmo sigue siendo muy lento. Si en agosto se habían vendido 108 plazas, en el mes de septiembre se han vendido 17: cuatro en Velilla y trece en San Cristóbal. Eso quiere decir que aún quedan por vender 349 plazas.

En otro orden de cosas, IU informa que la empresa Telefónica ha presentado una reclamación al ayuntamiento por rotura de la instalación en las obras del aparcamiento de Velilla. El ayuntamiento ha dicho a Telefónica que no tiene nada que ver en este tema y que dirija la reclamación contra la Cooper

El Presidente de la Cooperativa de Frutas Hercofrut, Timothy Fear, en un escrito remitido a los medios de comunicación, lamenta profundamente la manipulación que se está haciendo con motivo de la solicitud para instalar una gasolinera en el recinto de la cooperativa, “lamentablemente todo éste procedimiento se ha convertido en un ataque personal contra el vicepresidente de la misma”.

Ante ésta situación, el presidente de la cooperativa quiere dejar claro que su empresa es ajena “a las guerras políticas entre los partidos que conforman la corporación municipal, no tenemos porque aguantar acusaciones que no tienen nada que ver con la marcha cotidiana de una cooperativa de frutas. De puertas hacia fuera, todos los miembros de Hercofrut pueden hacer lo que estimen oportuno y lo que les permita la ley.”

Timothy Fear señala en su escrito que “el Sr. Tejero ha sido elegido democráticamente por unanimidad de los socios reunidos en asamblea, como miembro del Consejo Rector de la Cooperativa, siendo uno más de los 150 cooperativista que conforman Herco-Frut, por lo que  la solicitud para la instalación de la gasolinera no es una decisión personal del Sr. Tejero, sino que es una solicitud que presento yo como presidente del Consejo Rector con el apoyo de los socios de la cooperativa.”

Igualmente se ha querido dejar claro que “Herco-frut se pudo construir en la ubicación actual porque la Comisión de Gobierno de 3 de febrero de 1987, acordó declarar de “interés social y utilidad pública” las instalaciones, suelo calificado de no urbanizable en el PGOU del 87. Curiosamente la actual ubicación de Hercofrut, ha sido calificada por el propio ayuntamiento en la aprobación provisional del PGOU que está en trámite como suelo comercial, estando pendiente de la aprobación definitiva.”
   
Según Fear, “desde 2005 las cooperativas agrícolas pueden vender combustible a sus socios y al p&uacu

La ausencia del alcalde al pleno de hoy 3 de octubre constituye una falta de respeto a la ciudad de Almuñécar. Al parecer, el alcalde se encuentra de vacaciones, otra vez, en Marruecos. Después del esfuerzo de responsabilidad hecho por la corporación en pleno para sacar adelante el tema del Aquatropic, no es de recibo que el alcalde presidente falte al Pleno sin dar una sola explicación.

Un alcalde que cuesta al pueblo de Almuñécar la friolera de 80.354€ al año no puede quedarse de vacaciones en Marruecos en un tema de vital importancia para el municipio y que no se había resuelto hasta ahora debido, también, a su falta de dedicación.

IU considera al alcalde como único responsable de que la concesión de los terrenos donde se asienta el Aquatropic pudiera perderse. La oposición ha dado una prueba más de su responsabilidad al acordar de manera unánime la convocatoria de un Pleno Extraordinario Urgente para tramitar la petición de esta concesión ante Costas. Pero ello no puede ocultar la desidia y el pasotismo del alcalde que tenía la obligación de haber resuelto este tema convocando el Pleno Ordinario previsto para el 21 de septiembre.

Nunca las fechas han sido un problema para ponerse de acuerdo. Cuando ocurrió la riada en el municipio el alcalde solicitó el cambio de fechas de un pleno y todos los grupos dieron permiso al alcalde para fijar la fecha que más conveniente le pareciera. Lo mismo podía haber hecho en esta ocasión si hubiera tenido esa voluntad de diálogo y respeto que en aquella ocasión demostró.

La concesión del Aquatropic está caducada desde hace más de un año sin que el ayuntamiento haya hecho los deberes y este verano ha estado abierto gracias a una prórroga extraordinaria dada por Costas. El alcalde conocía perfectamente que el plazo para solicitar una nueva concesión vencía en Octubre pero ha dejado pasar todo el verano para ahora venir con prisas de última hora. El alcalde actúa como un niño caprichoso que está toda la tarde jugando y cuando el padre lo manda a la cama a las diez de la noche le dice que por su culpa no podrá llevar los deberes y el maestro le va a regañar.

El concejal de IU asegura que tras los contactos mantenidos con el equipo de gobierno está a la espera de que le llegue esa convocatoria para celebrar el Pleno cuanto antes aunque manifiesta su preocupación por un motivo que aparentemente es una cuestión formal pero que podría ser peligroso para el futuro del parque. Parece ser que el alcalde está de nuevo descansando en Marruecos y que por este motivo no se va a formalizar una convocatoria de nu

Granada Hoy

La condena al alcalde de La Línea, Juan Carlos Juárez, a seis meses de inhabilitación, que ayer adquirió firmeza con la ratificación del fallo por parte de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, provocó de manera inmediata la renuncia del edil a sus cargos municipales.

Con ello cae, de nuevo por la acción de la Justicia, el último icono que quedaba del GIL, que obtuvo arrolladores triunfos en los comicios locales de los años noventa; precisamente uno de los primeros que optó por abandonar el barco gilista cuando empezaron los escándalos en Marbella y que se cobijó bajo el paraguas del único gran partido que aceptó integrarlo, el PP andaluz.

Juárez llegó a La Línea, un pueblo entonces muy castigado socialmente, con promesas de transformarla. Ciertamente, la imagen del pueblo cambió mucho, pero, como en otros sitios donde gobernó el GIL, con métodos democráticamente discutibles, si no directamente ilegales.

Juárez cae ahora como autor de un delito de desobediencia por no atender por cuatro veces las órdenes judiciales de pago a la empresa Palex, suministradora de un centro de diálisis sufragado por las arcas municipales.

Pronto será juzgado por otros casos más graves, primero por el denominado caso de los contratos -114 incorporaciones al Ayuntamiento que el juez instructor considera ilícitas- y más adelante por el caso Roseworld, una oscura operación urbanística.

Por eso esta condena tiene una doble virtualidad: primero, por ser la que le obliga a dejar el cargo -sorprende que Javier Arenas resalte ahora la "coherencia" del condenado, porque ¿le quedaba otra opción que irse aunque tratara de retrasarlo unos meses?- y segundo, por la trascendencia penal que tendrá este fallo, puesto que al haber delinquido previamente y en virtud del Código Penal, podría si

La Opinión. B. G. C. / AGENCIAS

Gobernar en minoría tiene sus inconvenientes, como que veinte minutos antes de la celebración de un pleno extraordinario los partidos de la oposición den ´plantón´ al alcalde. El Ayuntamiento de Almuñécar suspendió el pleno extraordinario previsto ayer a petición de los partidos de la oposición –PSOE, PP, IU y PA– que consideraron que los temas a tratar "no justificaban la celebración de una sesión extraordinaria", según un comunicado del Consistorio.

El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (CA), notificó de este modo la suspensión de la reunión en la que iban a tratarse la concesión para el parque acuático Aquatropic y la aprobación de los pliegos de concesión para la prestación del servicio de limpieza.

Los grupos políticos del PSOE, IU y el PA calificaron la actitud del regidor sexitano de "dictatorial" y "caciquil" y lo acusaron de impedir a la oposición estudiar en profundidad los asuntos que se llevan a debate en las sesiones plenarias.

En un comunicado conjunto, los grupos representados en la corporación, a excepción del PP, manifestaron su "total desacuerdo" con el procedimiento en que se convocan las comisiones y plenos en el Ayuntamiento sexitano.

"El alcalde presidente de la corporación municipal hace caso omiso a la normativa vigente en cuanto a la convocatoria de plenos, no respetando que en los municipios de más de 20.000 habitantes se debe celebrar por ley al menos un pleno ordinario al mes", indicó la oposición, que añadió que Benavides tampoco respeta el acuerdo plenario que fue aprobado por unanimidad, por el cual se acordaba que el tercer lunes de cada mes se celebraría pleno ordinario a las seis de la tarde en temporada de invierno y a las siete de la tarde en temporada de verano.

Para PSOE, PA e IU, la actitud del regidor es "absolutamente antidemocrática", puesto que "boicotea" el trabajo de la oposición "sistemáticamente". A

Sería de gran interés que los hoteleros de Almuñécar leyesen esta noticia y sacaran conclusiones. Sobran los comentarios.

La Asociación Hoteleros de Salobreña, ha acordado en asamblea, no participar en los actos conmemorativos del Día del Turismo, organizados desde el ayuntamiento. Con esta decisión quedan sobradamente claras las diferencias existentes entre este colectivo empresarial y el equipo de gobierno de La Villa, argumentadas por su presidente en que “la corporación municipal ha dado la espaldas a este sector desde que comenzó esta legislatura”.

Según Javier Pérez Prados, “las pruebas son más que justificadas”, refiriéndose a asuntos como el “total abandono” en monumentos tan emblemáticos como el Castillo Árabe, zonas como el Paseo de las Flores, el Museo Lugares y las playas “donde ha sido lamentable la falta de limpieza y la no desinsectación y desinfección”. Otra de las quejas de este colectivo se centra en “no tener abierta en fines de semana y festivos durante todo el verano la oficina de turismo”.

Desde la Asociación Hoteleros de Salobreña, también han querido denunciar que desde el área de Turismo “han obviado toda actividad cultural, de ocio y medioambiental que se organizaba desde la oficina de Turismo y otras concejalías, eliminando de un plumazo las visitas de excusiones que tanto éxito ha tenido otros años, o las Cenas Medievales que este año no se han convocado”.

Por último, Pérez Prados ha insistido en denunciar que “sin embargo en la participación a las diferentes Ferias de Promoción Turísticas si se lleva toda esa información que luego, cuando el cliente llega, a nuestra zona, descubre que no existe, con lo que el daño que se produce es irreparable y hace que el boca a boca llegue a crear un punto negro como destino entre los informadores y agencias turí

Izquierda Unida considera un error estratégico dejar la limpieza del municipio en manos de una empresa privada.

Las últimas declaraciones del alcalde acerca del estado de limpieza del municipio ponen de manifiesto la impotencia del equipo de gobierno para resolver este problema. El alcalde reconoce que el pueblo está bastante sucio pero no sabe qué hacer para mejorar la limpieza.

La única medida que ha tomado ha sido la de multar a un buen número de comercios que, en su opinión, no limpian bien sus terrazas o sacan la basura a deshoras. Aun admitiendo que algunas de estas multas pudieran estar justificadas, el estado lamentable de la limpieza no puede atribuirse sólo a estos incumplimientos. En este sentido, el alcalde ha culpado a la plantilla de la empresa FCC diciendo que parte de los trabajadores no cumplen con su trabajo.

Las declaraciones del alcalde en relación a este tema han ido fluctuando según convenía a sus intenciones. Recordemos que hace dos años, cuando la huelga de la limpieza dejó el pueblo en un estado lamentable, el alcalde tachó a los representantes sindicales de ser un cáncer a extirpar.

Poco después, cuando la empresa adjudicataria del servicio de limpieza cambió de manos, las culpas recayeron sobre la dirección de la empresa a la que acusó de no saber organizar el trabajo. Aquella acusación se concretó en cientos de fotos, expedientes y multas que prepararon el terreno para quitarle la concesión a El Mirlo. Hay que recordar que esa persecución acabó con las rescisión de la concesión a la empresa El Mirlo y facilitó la entrada de FCC como nueva adjudicataria.

Cuando FCC se hizo cargo de la concesión se le encargó una limpieza exhaustiva y extraordinaria para convencer a los ciudadanos de lo mala que era la anterior empresa y lo buena que era la nueva. Ahora, un año después, con el pueblo más sucio que nunca, el alcalde cu

Público. PABLO FRAILE - ALMUÑÉCAR - 28/09/2009 21:00

Una pequeña alberca, de pocos metros cuadrados, llena de pestilente agua verdosa cubierta por espuma. Ese es el recinto de los hipopótamos, el primero que el visitante se encuentra al entrar en el Parque zoológico Peña Escrita en Almuñécar (Granada). Como esta, otras 16 estancias no cumplen la legislación y deberán ser cerradas al público, según una orden de clausura que la Junta de Andalucía emitió en noviembre de 2008, basada en un informe técnico. Pero el Ayuntamiento de la localidad granadina, propietario del zoo, interpuso un recurso que mantiene paralizado el cierre.

Además de estos 17 espacios en cuestión, la Junta apunta deficiencias leves en otros 7, cuya apertura al público queda supeditada a la subsanación de las irregularidades. Tan sólo seis estancias de las 30 existentes, según la Junta, gozan del visto bueno de la Administración andaluza.

Las deficiencias del zoo, gestionado con dinero público, vienen de lejos. Un informe de la Junta elaborado en 2005, al que ha tenido acceso este periódico, ya detectó numerosas infracciones en el parque. El documento apuntaba la falta de salubridad en estancias como la descrita de los hipopótamos, que ya entonces no disponía de "unas condiciones higiénicas óptimas y debía aumentar su espacio".

Los déficits de seguridad de las instalaciones, denunciados también en el informe, son fácilmente comprobables sobre el terreno. La estancia de los camellos, donde tres ejemplares se amontonaban bajo un árbol ante la ausencia de sombras, está protegida por una valla que llega a las rodillas de una persona de estatura media, y puede ser sorteada con facilidad. Es el mismo caso de uno de los recintos que acoge a las cebras.

Paradójicamente, en ambos casos

IDEAL

IDEAL

Acabado a primeros de septiembre el plazo que aprobó el pleno para comprar plazas en los aparcamientos de Velilla y San Cristóbal, el resultado de la operación no puede ser más catastrófico. Según los datos facilitados por el ayuntamiento, cuando se rescató la concesión a principios de verano quedaban 273 plazas por vender en San Cristóbal y 197 en Velilla. Pues de esas 470 plazas, sólo se han vendido 108, lo que supone un 22%.

Después de una campaña desmedida en la que se ha mentido a la opinión pública una y otra vez diciendo que la venta iba a buen ritmo y que las plazas estaban casi vendidas, nos encontramos con que la gran mayoría de las plazas siguen sin venderse, algo que resulta totalmente lógico ya que el pliego que aprobó el Ayuntamiento no refleja un precio real de las cocheras. Esta circunstancia está siendo determinante en la negativa de muchos posibles compradores. No se entiende, al menos en IU no lo entendemos, que una obra con su presupuesto hecho pueda venderse en estas condiciones de inseguridad para el comprador. En este sentido, nos sorprende la abstención del PSOE y del PP cuando se ha votado sobre esta alegación que IU había presentado ya que el único sentido de la alegación era dar seguridad a los compradores. Por este motivo, IU ha presentado una denuncia en Consumo.

El número de nuevos compradores habría sido aún más pequeño si el alcalde no hubiese presionado a decenas de empresarios. Aparte de la reunión que a modo de encerrona organizó en su despacho con los empresarios de cada una de las zonas, el alcalde ha mantenido conversaciones perfectamente imaginables con todos aquellos empresarios que tienen contratos con el ayuntamiento. El resultado de estas conversaciones es que una buena parte de estas plazas han sido adquiridas por empresarios que dependen del ayuntamiento para el funcionamiento de sus empresas. La lista se puede consultar en la página web del ayuntamiento. Es sorprendente que todos estos e

La Opinión de Granada

BALTASAR G. CANO

El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (CA), reconoció ayer, durante un pleno extraordinario, que el precio de adjudicación de las plazas de los parking de Velilla y San Cristóbal "puede variar", una circunstancia que –matizó– "está registrada en los contratos que han firmado los usuarios".

El regidor sexitano destacó "la transparencia" con la que se está procediendo al rescate de las obras de los aparcamientos municipales, que han tenido que superar múltiples contratiempos, entre ellos, la quiebra de varias de las empresas que iban a realizar la obra gestionada por el sistema de cooperativas. Asimismo, recordó que el precio de salida de las plazas "está basado en un estudio técnico" y que el valor real sólo se sabrá cuando acaben los trabajos.

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Fermín Tejero, acusó al equipo de gobierno de Convergencia Andaluza de ofrecer publicidad engañosa, ya que el precio al que se ofertaban las plazas vacantes "subirá cuando concluyan las obras".

Benavides culpó al edil de la oposición de intentar reventar la solución propuesta por el Consistorio para desbloquear los dos aparcamientos y defendió la transparencia del proceso administrativo, del rescate de las concesiones públicas y de la adjudicación de las obras a nuevas empresas "que han avalado que pueden terminar los aparcamientos subterráneos". Asimismo, resaltó que "no habrá beneficios empresariales" con la promoción de estas obras y que el Ayuntamiento ejecuta la construcción de los aparcamientos sin financiación externa, "por lo que no hay gastos".

El precio de las plazas de parking es de 15.686 euros en Velilla y 17.429 en San Cristóbal, lo que supone un coste mensual medio de unos 55 euros, un precio algo inferior al alquiler de cualquier plaza de aparcamiento del entorno de sendas playas, en el que, además, el aparcamiento público disponible está reg

Izquierda Unida considera un acto de propaganda sin sentido el celebrar el Día del Turismo en un año en que la actividad del ayuntamiento se ha centrado en poner obstáculos al desarrollo del mismo.

IU critica este acto al que considera un lavado de cara. Ahora se van a entregar unos premios, habrá charlas, placas y palmaditas, pero la realidad es que el municipio ha padecido un verano malo a nivel turístico con un pueblo sucio, unas playas abandonadas y unos turistas molestos por la política salvaje de zona azul, eso por no hablar de los dos aparcamientos que otro año más han vuelto a tener los más grandes paseos del municipio intransitables. Ni siquiera han tenido la deferencia de colocar unas pasarelas, que suponen un gasto ridículo, y ahora nos hablan del día del turismo.

Es injusto que en un año de crisis, en el que se está diciendo a las asociaciones que no se les puede pagar la subvención del año pasado, se organice un acto de este tipo para derrochar otros miles de euros en propaganda y autobombo. Ese dinero podía destinarse en todo caso, y sin salirnos del campo del turismo, a organizar unas jornadas profesionales de análisis del turismo en las que participaran empresarios, trabajadores y técnicos de los distintos sectores porque hay muchas deficiencias que mejorar y muchas iniciativas que tomar y eso no se arregla con unas placas y unos discursos sino sentándose con los representantes políticos del municipio y los empresarios del sector. En este sentido, es lamentable el poco respeto que manifiesta el alcalde hacia un Patronato de Turismo al que no convoca más que cuando le resulta inevitable porque hay que aprobar los presupuestos.

En esas jornadas habría que hablar de la limpieza del municipio, de la oferta desmesurada de paquetes todo incluido que nada aportan a la localidad o de la actividad cultural recreativa y deportiva. También sería conveniente hablar del servicio que se presta al turista, lo que obligaría a reflexionar sobre las condiciones de trabajo, la preparaci&

Según informó el ayuntamiento, se suspendían en el mes de agosto todas las actividades previstas en el Majuelo porque iban a comenzar de inmediato unas obras que no podían esperar ya que tenían que estar listas antes de acabar el año.

Las obras en cuestión son la reforma del escenario creando una nueva estructura. Se trata de contrato 52/09 denominado “Obras para ejecución de Palapa en Parque el Majuelo”. Estas obras se van a ejecutar con cargo al dinero destinado al municipio por el Plan Estatal de Inversión Local y tienen un presupuesto de 406.000 euros, es decir, casi setenta millones de pesetas.

Las obras fueron adjudicadas en la Junta de Gobierno Local del 6 de junio a la empresa EIFFAGE ENERGÍA S.L.U y tienen un plazo de ejecución de seis meses. Esta urgencia de terminar antes de fin de año fue la que utilizó el alcalde como justificación para cancelar todas las actividades que habitualmente se organizan en agosto en el Majuelo. De hecho, en las actas de la Junta de Gobierno de junio y julio se pueden encontrar un buen número de actividades que no se han podido realizar en el Parque del Majuelo. Junto a las organizadas habitualmente por el ayuntamiento, hay actividades organizadas por Adalh, la Peña El Niño del Cerval, la Asociación Solidaria Sonk Al Kadim o la Asociación de Músicos de Almuñécar, que se han tenido que cambiar de emplazamiento o suspender.

Teniendo en cuenta la afluencia de turistas en este mes, no parecía muy acertado iniciar las obras en agosto y privar al municipio de esa o

Izquierda Unida denuncia el lamentable estado de abandono que tiene la página web del ayuntamiento. Esta página venía siendo visitada diariamente por miles de personas que quieren informarse acerca de nuestra ciudad, sus hoteles o su oferta turística. Aunque ahora ha desaparecido el contador de visitas, suponemos que seguirá habiendo cientos de personas que busquen Almuñécar en la página oficial del ayuntamiento como sucede en casi todos los municipios turísticos que se precian de serlo.  Es indudable que un ayuntamiento preocupado por el turismo debería dar máxima importancia a esta forma de poner a los ciudadanos en contacto con la realidad del municipio.

Sin embargo, cuando abrimos la página web del ayuntamiento nos encontramos con una serie de informaciones desfasadas que en nada sirven al ciudadano. Como muestra de los intereses del equipo de gobierno, podemos contemplar que desde hace unos días ocupa un lugar preferente la oferta de plazas en venta de los parkings de Velilla y San Cristóbal. Quizá sea esta una de las escasas actualizaciones de esta página.

Prueba del escaso interés por actualizar la página es que aún figuran como concejales Iván Sánchez y Rocío Palacios, o que si pinchamos en el enlace de Peña Escrita sólo se nos abre una página web de propaganda de una empresa denominada PClandia, pero estos fallos no tienen más valor que el anecdótico. Más importante resulta, desde su punto de vista, que la amplia oferta de servicios y de actividades culturales que los hipotéticos visitantes podrían conocer desde sus ciudades de origen esté completamente desfasada.

Si alguien quiere visitar Almuñécar por sus bonitos paseos, su patrimonio cultural y paisajístico o sus posibilidades de negocio, la página web no le va a servir para nada absolutamente. Baste decir que el programa de senderismo que podemos estudiar en esta página es el de 2006, así que difícilmente podremos utilizar este instrumento para

Se solicita a los defensores en Madrid y en Sevilla que obliguen a la Ministra de Medio Ambiente a que responda a una pregunta realizada en el mes de febrero sobre para qué y para quién es el agua que se quiere sacar del Castril

Según la Ley 27/2006 de 18 de julio sobre el acceso a la información ambiental -Ley que no hemos hecho los ecologistas- la ministra tenía un plazo de 30 días para responder.

Hasta la fecha no lo ha hecho y creemos muy importante que la gente de Baza, de Cortes de Baza y de Castril, sepan exactamente el destino de ese agua, ya que la excusa presentada como "obras de emergencia"   para abastecimiento humano a las poblaciones de Baza, Zújar y Caniles, se cae por su peso, al demostrarse el despilfarro de agua en estas poblaciones, sus planes futuros y que no tienen restricciones. (*)

Esta negativa a responder esconde a nuestro juicio la falta de legitimidad de las obras y un desprecio a los ciudadanos, que se están enfrentando entre ellos sin tener datos concretos, sólo la convicción de que se va a destrozar un río emblemático por intereses sospechosos, con la aquiescencia de una administración que está para defender el buen estado ambiental de las aguas y que con su comportamiento, quasi fascista (ordeno y mando y a callar), está lejos de cualquier normativa europea sobre la transparencia en la información y la participación ciudadana.

Una vez más, la Directiva Marco del Agua y la tan cacareada sostenibilidad, es papel mojado en las manos de nuestros políticos, que tan bien representan el beneficio para los de siempre a costa del bien común.

En las últimas semanas estamos observando cómo el equipo de gobierno intenta trasladar a la opinión pública una imagen falsa de ayuntamiento inversor preocupado por la calidad de vida de los vecinos.

Las últimas visitas del alcalde a determinadas obras se han acompañado del comunicado oficial en el que se habla de obras municipales sin hacer mención alguna a que todas ellas han sido financiadas íntegramente por otras administraciones.

En el caso de la reforma de diversas calles del municipio, la inversión corre a cargo del gobierno central en su totalidad. Lo mismo ocurre en el desvío de la acequia de Torrecuevas. En este caso, además, con el agravante de que esta obra habría sido innecesaria si el alcalde hubiese respetado en su momento a los propietarios de la acequia y no la hubiera modificado sin su consentimiento. Ahora han sido los tribunales los que han obligado al alcalde a llevar a cabo esta obra que ha consumido una cantidad de dinero importante que podría haberse destinado a otros menesteres.

En el caso del arreglo de los caminos rurales de Río Seco, Gelibra y Río Jate, la inversión corresponde en su totalidad a la Diputación Provincial por lo que no se justifica ese empeño del equipo de gobierno en hablar de obras municipales.

En el colmo de la manipulación informativa, el concejal de Hacienda sale ahora diciendo que el ayuntamiento invierte veinticinco millones de euros para reactivar la economía local. De esos veinticinco millones, dieciséis corresponden a los aparcamientos de Velilla y San Cristóbal, que van a ser financiados en su totalidad por los compradores de las plazas de aparcamiento, es decir, que el ayuntamiento no va a invertir un solo euro en teoría en esas obras. El resto corresponden a los fondos especiales de lucha contra la crisis aprobados para todos los municipios por la Junta de Andalucía y el Gobierno Central.

En realidad, poco importa quién financie una obra porque al final, todo el dinero sale de

Granada Hoy

De los treinta recintos analizados en el informe realizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en el que se recomendaba el cierre del parque zoológico de Peña Escrita, tan sólo siete cumplían con la normativa de seguridad.

Así lo admitió ayer su delegado en Granada, Francisco Javier Aragón, en una visita al Acuario de Almuñécar organizada para dar la bienvenida a ocho tortugas bobas.

Aragón explicó que, en estos momentos, en Sevilla se está estudiando un recurso que el Ayuntamiento de Almuñécar presentó al informe en el que técnicos de su departamento analizaron las medidas de seguridad de Peña Escrita, y cuyo resultado se envió a la Dirección de Medio Ambiente en la capital andaluza ahora hace un año.

El delegado, sin querer entrar en valorar si el informe fue positivo o negativo, detalló las carencias que observaron los técnicos: "De los treinta recintos analizados, sólo siete cumplían con la normativa, mientras que, en 17 casos, el ayuntamiento era requeridos para que pusieran remedio a las distintas deficiencias".

En este caso, los técnicos apreciaron que no se respetaban las medidas de seguridad hacia los visitantes del parque y el estado de conservación de los animales. A la vista de estas deficiencias, trasladaron a la Dirección General de Gestión del Medio Natural, dependiente de la Junta de Andalucia, que emitiera un requerimiento al zoo para que paliara estas deficiencias.

De todo esto dejan constancia las manifestaciones de los residentes del almuñequero paseo de Velilla, que sin ir más lejos, el pasado viernes se concentraron ante el Ayuntamiento para exigir, entre otras cuestiones, mejoras en el servicio de limpieza.

El Ayuntamiento del municipio gaditano de Rota ha abierto un expediente de infracción urbanística contra el Ministerio de Defensa por las obras que ha realizado la base naval en plena playa de la localidad. Los trabajos comenzaron sobre el 25 de julio y consistían en la instalación de una valla que separara la playa del Chorillo, muy frecuentada por los veraneantes, con la del Almirante, situada en terrenos de la base militar.

El grupo municipal de IU denuncia públicamente el estado de suciedad y abandono en que se encuentra el municipio sexitano. A lo largo de todo el verano se está comprobando como las manchas en el suelo, las latas y papeles son el principal atractivo turístico de nuestras calles y playas, sin olvidar los excrementos de perro.

Aunque una cantidad importante de la suciedad del municipio hay que achacarla al aumento de las conductas incívicas de una parte de los ciudadanos, es evidente la dejación de funciones en esta tarea por parte del ayuntamiento. La escasez de papeleras y contenedores por todas partes es manifiesta. Por otro lado, en verano es inevitable aumentar de manera significativa los medios humanos y materiales para mantener limpias las playas y los paseos en los que conviven miles de turistas cada día y cada noche.

El Paseo del Altillo, lugar concurrido donde los haya y por el que pasan miles de personas cada día, se limpia muy tarde, de modo que cuando la gente pasa para la playa se encuentra los restos del botellón de la noche anterior en toda la explanada inferior, en la arena colindante o en el césped de las palmeras. El abandono de este paseo se suma al deterioro de la obra, que en pocos años ha pasado a tener parterres deteriorados, lozas caídas, barandillas destrozadas, humedades que se filtran desde las jardineras y manchan toda la pared, etc.

En numerosos lugares, las duchas no funcionan correctamente; en algunos emplazamientos han sustituido los palets por planchas pero sin arreglarlas. Asimismo, los parques infantiles de las playas también están deteriorándose hace meses sin que se reparen.

La dejadez del ayuntamiento es tan patente que una semana después de haber terminado el ferial, el Paseo Blas Infante sigue tal y como acabó, sin haber recibido un baldeo en condiciones y un barrido a fondo. Los asistentes al mercadillo del viernes han tenido que soportar los olores y las suciedades propias de una semana de feria porque aún están en el pavimento las manchas de orina y bebidas así como otros restos sólidos de los que tanto abundan en e

Los propietarios de las viviendas exigen que se presten más servicios y se garantice la salubridad. El equipo de gobierno declina hacer declaraciones y se mantiene al margen

La Opinión

DOMINIQUE BERTHOLET Varios centenares de vecinos de la playa de Velilla se concentraron ayer por la mañana ante las puertas del Consistorio sexitano para protestar por el estado "tercermundista" en que, según defienden, se encuentra esta zona del litoral granadino.

Bajo el lema ´Benavides escucha, Velilla está en lucha´, los propietarios mostraron su malestar con pancartas, megáfonos y mucha indignación. En este sentido, el presidente de la Asociación de Propietarios y Vecinos de Velilla, Francisco Regidor, señaló que "no nos molestan las obras, estamos aquí para luchar por una playa digna y limpia".

Las familias que se unieron a la protesta son, en su mayoría, propietarias de una segunda vivienda en Almuñécar, una residencia que sólo habitan durante uno o dos meses pero por la que pagan impuestos durante todo del año. Los motivos que han originado la concentración son, según varios vecinos, "lo descuidada que está la playa, que sólo limpian las papeleras una vez a la semana, el camión de la basura no pasa, hay gatos muertos debajo de las barcas en la arena y no somos animales. Esto parece tercermundista".

El objetivo de la reunión era ser recibidos, si no por el alcalde, por alguno de los concejales "responsables de esta situación", según señalaba otro de los vecinos. A lo largo de, aproximadamente, sesenta minutos, se oyeron cánticos como "Benavides da la cara" o "Menos impuestos y más servicios". El portavoz de los propietarios recordó que el 30 de junio la concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana de la antigua Sexi, María Dolores Sánchez, los recibió para llegar a un acuerdo. "Nosotros queríamos colaborar para que todo fuera más fácil e intentar que las obras –que cuando esté

Infocosta

Denuncian que “las aceras no están limpias, las papeleras no se vacían con la frecuencia que deberían, y hay numerosos excrementos de perro en la vía pública”. Así mismo piden “se habilite un acceso hasta la playa”.

En torno a un centenar de vecinos de diversas urbanizaciones de Velilla se han concentrado hoy a las puertas del Ayuntamiento de Almuñécar, para protestar por el “abandono" que dicen sufrir en esta zona de la localidad. Los afectados, en su mayoría residentes de verano, sostienen que “las aceras no están limpias, las papeleras no se vacían con la frecuencia que deberían, y hay numerosos excrementos de perro en la vía pública”.

Por ello, exigen ser recibidos por algún miembro del equipo de gobierno municipal, para pedirles que intervenga "de inmediato, y nos garanticen la salubridad de la zona, además de pedirles que se lleven a cabo mejoras en los servicios de limpieza y la accesibilidad a la playa”.

En este sentido, los vecinos de Velilla insisten en pedir la instalación de una pasarela de acceso hasta la playa “que evite el peligro que corremos cada vez que tenemos que acceder a la playa, pues, con las obras del aparcamiento subterráneo, nos vemos obligados a atravesar una zona de entrada y salida de camiones peligrosa”.

Granada Hoy

Vecinos de diversas urbanizaciones de la playa de Velilla tienen previsto concentrarse este viernes por la mañana frente al Ayuntamiento de Almuñécar para reivindicar la mejora de servicios en esta zona del litoral sexitano.

Entre otras cuestiones, los residentes y demás usuarios de los edificios solicitan al Consistorio que coloque una pasarela de acceso a la playa que evite atravesar las obras del aparcamiento subterráneo.

La concentración tendrá lugar a las 10.30 de la mañana, con la finalidad de que los representantes vecinales sean recibidos por el alcalde Juan Carlos Benavides. De conseguirlo, le solicitarán una mejora de la limpieza del paseo marítimo, así como de los restantes servicios de playa, tales como duchas, pasarelas y baños públicos. No se descarta, naturalmente, que accedan a hablar del asunto con otro concejal del equipo de gobierno, si se ofrece a ello.

Si bien las obras del aparcamiento subterráneo de Velilla ya se han retomado, los vecinos piden más seguridad, pues se quejan de que actualmente deben acceder a la playa "por el mismo vial donde pasan los camiones de las obras".

Tras señalar que la concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana "prometió diversas mejoras, como la instalación un paso peatonal, la mejora de la iluminación y medidas para impedir que los coches se suban a la acera, lo cierto es que el tiempo ha pasado y no ha solucionado nada".