Dame pan y dime tonto

Gil fue el ejemplo perfecto de cómo las urnas y la legalidad pueden llevar caminos distintos. La falta de información, la incultura política, la complicidad con el delito o al menos la comprensión, la opinión de que todos hacen lo mismo, el pago de favores, y un largo etcétera de miserias humanas llevan a que en muchos municipios, individuos denunciados, investigados y condenados sean respaldados por votantes a los que les da igual que se cobren comisiones, que se destruyan las vegas, que se levanten bloques con el triple de la altura permitida o que se sustituyan las zonas verdes por cemento.

Hay veces en que no hay más ciego que el que no quiere ver. Cuando Gil tenía una pierna dentro y otra fuera de la cárcel, cuando era evidente que utilizaba el ayuntamiento y el club de fútbol para hacer negocios privados, cuando era un clamor que contrataba y despedía con absoluto desprecio por la legalidad, cuando salía un día sí y otro no en los periódicos que había cientos de licencias ilegales... cuando ocurría todo eso, Gil seguía contando con el respaldo de la mayoría de los votantes.

El País ha sacado un artículo en el que se relata como decenas de alcaldes imputados y condenados por delitos de todo tipo, casi siempre relacionados con el urbanismo, salen bien parados en la cita con las urnas. En este artículo se habla de Almuñécar, como no podía ser de otra manera:

Los electores andaluces no han castigado a los alcaldes imputados en asuntos judiciales y que se presentaban a la reelección. De los al menos 40 cabezas de lista que concurrían en esta situación, 30 han vuelto a ganar y sólo diez han perdido. Algunos han salido reforzados a pesar de cargar con graves imputaciones. Juan Martín Serón (PP) en Alhaurín el Grande, Juan Vera (independiente) en Tolox o Manuel Morilla (PP) en Morón han ampliado sus mayorías. El regidor de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (CA), con varias causas pendientes, mantiene sus diez ediles. Las imputaciones sí pueden estar detrás de la derrota de pérdida de José Carlos Hernández (PP) en Punta Umbría y Antonia Hierro (PSOE) en Tomares

GRANADA

Atarfe. Víctor Sánchez (PSOE). Imputado de un delito ecológico, debido al vertido ilegal al acuífero de Raja Santa. El PSOE gana un edil y repite como lista más votada.

Almuñécar. Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza). Imputado por alzamiento de bienes; de un delito de prevaricación urbanística por conceder licencia de obras en una zona protegida; de malversación y prevaricación por ejecutar obras, sin contratarlas; de un delito contra la ordenación del territorio por otorgar indebidamente unas licencias; y de un delito de malversación por depositar una fianza con dinero público en una causa privada a su nombre. También está imputado de malversación, prevaricación por asfaltar calles y adjudicar dichas obras dos meses después; y de prevaricación y coacciones por cerrar una televisión sin previo aviso. Y está condenado a pagar tres millones de euros por el caso Tropical Fruit, recurrido ante la Audiencia Provincial de Granada. También por el despido improcedente del equipo redactor del PGOU. Pese a las imputaciones, Benavides mantiene sus diez concejales.