ECOLOGISTAS EN ACCIÓN PIDE AL FISCAL JEFE QUE REABRA LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PENAL SOBRE LOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES A LA RAMBLA DE MOLVÍZAR

Los motivos aducidos por la Fiscal de Motril para el archivo de estas diligencias no están fundamentados y suponen la aceptación tácita de una situación escandalosa y delictiva. 

A raíz de la denuncia del Grupo Alborán de Ecologistas en Acción sobre vertidos de aguas fecales a la Rambla de Molvízar, de fecha 21 de marzo de 2007, la Fiscal de Motril Dª Cristina Escobar Jiménez incoa Diligencias de Investigación Penal nº 55/07. 

Con fecha 12 de abril de 2007 se procede al archivo de las mismas.

 

Según la Fiscal el Informe del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil reconoce la circulación de aguas fecales a lo largo de 2200 metros por la rambla hasta que se filtra en las arenas. 

 

El informe de la Compañía de Aguas y Servicios de la Costa Tropical dice que en” los tres pozos que poseen en la zona para suministro de consumo humano se realizan analíticas periódicas y no se ha detectado aún contaminación alguna por aguas fecales” –el subrayado es nuestro.

 

Y la guinda la pone el Ayuntamiento de Molvízar que dice  que “los vertidos corresponden a las aguas fecales de la población, que se vierten desde siempre en la rambla, y que la depuradora allí instalada no funciona debido a su alto coste de mantenimiento”.

 

Ante esta situación no comprendemos en absoluto la actuación de la Fiscal, ya que el Código Penal es tajante en cuanto a vertidos y a contaminación de las aguas y por eso hemos pedido al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que intervenga para que se trate el caso como se merece, máxime cuando una reciente sentencia del Tribunal Supremo, condena por hechos similares al alcalde de un pueblo de Barcelona, a seis meses de prisión, multa de ocho meses a razón de diez euros de cuota diaria e inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de alcalde o concejal municipal y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante un año, así como al pago de las costas procesales. 

Claro que en este caso de Cataluña se hizo una investigación en toda regla, con análisis de los vertidos y pruebas periciales.

Como creemos que la ley es única para todos los españoles, no estamos de acuerdo por la manera de llevar las Diligencias de Investigación Penal y solicitamos que se vuelva a investigar el caso como se merece, por la alarma social que puede generar la negligencia manifiesta de cargos públicos y la irresponsabilidad de empresas que deben garantizar la salud pública