IU-ICV saca adelante en el Congreso una importante resolución para luchar de manera efectiva contra la corrupción urbanística

IU-ICV ha logrado sacar adelante hoy en el Pleno del Congreso en el que se han votado las propuestas de resolución con el que ha finalizado el debate sobre el estado de la Nación seis de las que había presentado. Entre estas está una que este grupo parlamentario valora como “muy importante y fundamental para los próximos meses” sobre la lucha contra la corrupción urbanística.

A través de esta resolución se logra que antes del final de legislatura llegue a la Cámara un proyecto de ley para reformar el Código Penal y endurecer las penas para toda una batería de delitos relacionados con la corrupción urbanística. Además, se mejorarán los recursos materiales y humanos de todas Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia de las CC.AA encargados de estos delitos, así como reforzar a la Agencia Tributaria para investigar y perseguir los incrementos de patrimonio carentes de justificación.

La resolución aprobada recoge también el próximo envío a la Cámara de un proyecto de ley que endurezca el régimen de incompatibilidad de cargos públicos en toda la Administración, así como otro proyecto de ley para la financiación de las Haciendas Locales que garantice el principio de suficiencia financiera.

Todas estas medidas se acompañan con otras para desarrollar con la mayor urgencia las medidas preventivas contempladas en la nueva Ley del Suelo frente a la especulación y la corrupción, así como para reforzar el Pacto Antitrasfuguismo y velar para que se cumpla el compromiso de que no se formen gobiernos municipales o autonómicos con quienes hayan abandonado sus formaciones.

El texto íntegro y definitivo de la resolución, tras la enmienda aceptada, señala que:

Sobre la lucha contra la corrupción urbanística

Los delitos vinculados a la corrupción urbanística confluyen de modo creciente con la corrupción política, atentan contra el patrimonio público, debilitan la credibilidad de las instituciones democráticas y vulneran derechos fundamentales como el derecho a la vivienda y al medio ambiente.

El Pacto Antitransfuguismo suscrito en su día por los partidos políticos no se aplica con el debido rigor y se ha mostrado insuficiente para evitar la proliferación de candidaturas “independientes” y de “partidos de constructores” que persiguen su acceso a las instituciones para hacer prevalecer los intereses particulares sobre el interés público.

El modelo de crecimiento de nuestro país, especialmente en la última década, se ha asentado de forma creciente y desproporcionada en el sector inmobiliario, propiciando el incremento de los casos de corrupción empresarial y política, todo ello en detrimento de la buena imagen y honradez de la inmensa mayoría de los empresarios y cargos públicos locales.

Todavía queda mucho por hacer para atajar este tipo de delitos. Por ejemplo, en los últimos 15 años de existencia de la Agencia Tributaria el número de efectivos sólo ha crecido un 6% hasta alcanzar un total de 6.000, de los que sólo una parte está asignada al cumplimiento de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal.

Si bien es cierto que en la presente legislatura se han puesto en marcha medidas de prevención y represión de este tipo de delitos –como la nueva ley de Suelo, el robustecimiento de la Fiscalía Anticorrupción y de las Fiscalías especializadas en delitos contra el Medio Ambiente y el Urbanismo- las normas actuales se han revelado insuficientes para contrarrestarlos, para lo que se requiere una batería de medidas urgentes y ejemplares.

En la presente iniciativa se proponen, entre otras, una serie de medidas orientadas al endurecimiento del Código Penal; el fortalecimiento del la Agencia Tributaria; la necesidad de una nueva ley de financiación de las Haciendas Locales; la transparencia de los procedimientos urbanísticos y la participación ciudadana; la aprobación de un Código Ético suscrito por las formaciones políticas para separar de las instituciones a las personas imputadas o condenadas por delitos de corrupción.

Por todo ello,

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a liderar un Pacto de Estado contra la Corrupción que, en particular, contenga las siguientes medidas:

1) Traer con la mayor urgencia al Parlamento un conjunto de reformas legales previamente consensuadas:

a) proyecto de ley de reforma del Código Penal que contenga un endurecimiento adecuado de las penas por delitos contra la ordenación del territorio, malversación de caudales públicos, prevaricación con fines de lucro, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, blanqueo de dinero y otros que concurren en este fenómeno, con el fin de garantizar su efectividad en la lucha contra la corrupción ligada al urbanismo.

b) proyecto de ley de financiación de las Haciendas Locales que garantice el principio de suficiencia financiera.

c) proyecto de ley que endurezca el régimen de incompatibilidad de cargos públicos en las distintas esferas de la Administración que tuvieren relación con la planificación del territorio y de las infraestructuras. En particular, se regulará la incompatibilidad de los altos cargos de gobierno municipales y de los miembros de las Comisiones provinciales y autonómicas de Urbanismo, en relación con responsabilidades empresariales o profesionales de nivel directivo vinculadas a la construcción y el urbanismo.

2) Desarrollar con la mayor urgencia las medidas preventivas contempladas en la nueva ley de Suelo frente a la especulación y la corrupción, con especial atención a la transparencia, información pública y participación ciudadana en los acuerdos e instrumentos de planeamiento urbanístico, incluyendo los convenios municipales

3) Incrementar y mejorar los recursos humanos y materiales de las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, especialmente en aquellas más afectadas por este tipo de delitos

4) Reforzar la Agencia Tributaria, con mayor dedicación de sus efectivos a la aplicación de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, intensificando la investigación y persecución de los incrementos desmesurados del patrimonio carentes de justificación.

5) Reforzar el Pacto Antitransfuguismo y velar por el cumplimiento del compromiso de no formar gobiernos municipales o autonómicos con quienes hayan abandonado sus respectivas formaciones políticas firmantes.

6) Impulsar un “Código Ético” suscrito por las formaciones políticas, que trasladarán a sus respectivos estatutos y recogerá el compromiso de denunciar ante la Fiscalía cualquier dato de corrupción que conozcan y a separar de las instituciones a las personas imputadas o condenadas por delitos de corrupción.”