Benavides y Pavesio declaran en el Juzgado

«¿Tú sabes lo que es tener a la Policía en la puerta de tu casa?». El que lanza esta pregunta es el propietario del cámping 'El Carambolo' de Almuñécar, Fermín Tejero, que asegura que él sí que lo sabe perfectamente porque, según cuenta lleva «dos años sufriendo una situación de acoso» por parte del equipo de gobierno sexitano de Convergencia Andaluza.

El motivo es una «venganza» del equipo de gobierno de Juan Carlos Benavides, «por ir en contra de la destrucción de la vega y de la política oficialista del PGOU de este gobierno». O sea que, según Tejero, él estaba molestando y «Benavides me quiso dar un escarmiento».

Según relata Tejero, el Ayuntamiento le envió a su negocio una inspección exhaustiva tras otra, le revisaron hasta el último detalle del cámping y, en cinco días, decretaron el cierre de las instalaciones, sin atender alegaciones.

La mercantil Karanda S.L., que preside Fermín Tejero y que es propietaria del cámping, presentó una querella para denunciar el abuso de poder y el acoso sufrido a raíz de la clara oposición de sus gestores en contra el PGOU.

La querella fue admitida a trámite por el juzgado de Instrucción número 2 de Almuñécar por lo que ayer estaban citados a declarar el alcalde, Juan Carlos Benavides, y el ex concejal de Urbanismo, Emilio González Pavesio al que se extiende dicha citación, según informaron fuentes judiciales. Los querellados declararon durante dos horas ante el juez, pero el alcalde sexitano rehusó hacer declaraciones a la salida del juzgado. 

Fermín Tejero aseguró que la fase de instrucción «seguirá adelante y declarará más gente». Según explicó el abogado del denunciante, que prevé aportar nuevas pruebas en contra del alcalde, Benavides no admitió «ninguna de las acusaciones» por supuesta prevaricación durante su comparecencia ante el juez, en la que abordó el asunto con «generalidades y ambigüedades».

Uno de los motivos que Tejero alega para sostener esta querella es que el Ayuntamiento tomó resoluciones en la Junta de Gobierno sin tener los informes técnicos preceptivos y se precintaron las instalaciones aún antes de dar conocimiento y audiencia a los interesados.

El querellante lamentó también que hayan aparecido denuncias falsas con la intención de incriminar y predisponer a personas ajenas que curiosamente han desaparecido del Ayuntamiento.