Los tribunales anulan otros cuatro convenios de gestión firmados por Benavides
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Granada ha dictado el pasado mes de Septiembre 4 Sentencias por las que anulan los Convenios de Gestión de LADERAS DE COTOBRO, CERRO GORDO (ALBOSCASA), MIRADOR BAHÍA DE LA HERRADURA Y RÍO SECO, firmados entre Benavides y los promotores de dichos sectores, por los que el Ayuntamiento cobró más de 300.000 euros.
Según las sentencias “los convenios de gestión impugnados carecen de cobertura con el actual PGOU, tratando de gestionar o ejecutar un planeamiento no aprobado; los convenios de gestión solo pueden suscribirse sobre terrenos que estén incluidos en un planeamiento previamente aprobado”.
El Tribunal rechaza que sean convenios de planeamiento, ya que, si así fuera “los acuerdos económicos actuales y de inmediata efectividad y no futuros o meramente preparatorios serían contrarios al espíritu y finalidad del art. 95, 30 y 57 de la LOUA.”
Finalmente, el Tribunal dice que si fueran convenios de planeamientos, deberían estar aprobado por el Pleno y no por el Alcalde.
Estos convenios firmados por Benavides son perjudiciales para el municipio ya que se está poniendo precio ahora al suelo que el Ayuntamiento obtendrá, si se aprueba cada uno de esos planes en el PGOU, dentro de 8 ó 10 años cuando es de suponer que el precio de esos terrenos valdrá más.
Pero es que, además, si el PGOU que se apruebe definitivamente no contempla esos planes parciales, los promotores que han adelantado esas cantidades querrán recuperarlas.
Estas denuncias las presentó en su día el Partido Popular y casi todas las está perdiendo el ayuntamiento. Las pocas que ha ganado han sido en el Juzgado número 3 con el argumento de que el PP no tiene legitimación para interponerlas, porque no es propietario de suelo en los convenios.
Por fortuna, y por respeto a la letra y al espíritu de la ley, este argumento está siendo rechazado por los demás Juzgados, que estiman que en materia urbanística la acción judicial es pública, y que cualquiera pueda acudir a los tribunales, aunque no sea propietario afectado, y más un partido político, que tiene entre sus funciones la defensa del interés común.
Hasta ahora el Ayuntamiento no ha ganado ni un solo procedimiento en cuanto al fondo del asunto, ya que las Sentencias que desestiman los recursos no entran a valorar si el convenio es legal o no, solamente si un partido puede poner o no los recursos.
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