Reforma electoral

Juan Francisco Martín Seco

Parece claro que el actual sistema electoral no resulta demasiado satisfactorio. Son muchos, cada vez más, los que piensan que con estas reglas de juego es inútil votar. El resultado electoral siempre viene enmarcado por una de estas opciones, a cual peor: o bien uno de los dos grandes partidos obtiene mayoría absoluta, con lo que tendrá la tentación de gobernar de forma autocrática, o por el contrario no llega a controlar la mitad más uno de la Cámara y necesitará el apoyo de otros partidos minoritarios, que sólo pueden ser los nacionalistas, que prestarán su voto a cambio de privilegios para sus Autonomías y, como todo privilegio, en contra de las demás.

Aquí es donde se halla el verdadero quid de la cuestión: en que los únicos partidos minoritarios viables en nuestro sistema electoral son los nacionalistas o regionalistas, que a la hora de actuar como bisagra lo harán exclusivamente en clave territorial. No hay nada de malo en los gobiernos de coalición o en los gobiernos en minoría, obligados a concesiones o acuerdos con otras formaciones políticas para poder gobernar; todo lo contrario, favorecen el equilibrio y el consenso. El problema radica, como ya se ha indicado, en que los únicos partidos minoritarios que el sistema permite son los nacionalistas, y su apoyo al Gobierno no está condicionado a la adopción de determinadas medidas en consonancia con sus planteamientos ideológicos, sino a la concesión de prebendas para sus respectivas regiones, lo que termina resultando una injusticia para las restantes.

En el programa electoral del PP para la próxima legislatura se propone la reforma de la ley electoral. Pero no parece que pongan la diana en el sitio adecuado. Claman por un sistema mayoritario, que sin duda puede convenir a esta formación política, pero desde el punto de vista del saneamiento democrático del sistema, empeoraría la situación al primar aún más a los partidos mayoritarios y potenciar mayorías absolutas que se traducen en gobiernos autocráticos. La solución hay que buscarla en dirección contraria, adoptando un sistema rigurosamente proporcional.

Ante el discurso del PP han surgido voces manteniendo tesis opuestas o mostrando con datos que la actual ley electoral no perjudica al PP ni beneficia a los partidos nacionalistas. Tomando como base los votos de los últimos comicios generales, los del 2004, y simulando un método estrictamente proporcional, los resultados indican claramente que los beneficiarios del actual sistema son los dos partidos mayoritarios —el PP y el PSOE, que habrían obtenido 16 y 15 escaños menos, respectivamente—; los partidos nacionalistas, con pequeñas variaciones, se quedarían con los escaños actuales, e IU habría pasado de 5 a 17 diputados.

Sin duda, este análisis es correcto, pero podríamos decir que es estático, pues considera un año concreto, en este caso el 2004, para simular los resultados de un sistema proporcional. Cabe otro enfoque llamémosle dinámico. Imaginar cuál sería el escenario político después de aplicar en varios procesos electorales una proporcionalidad estricta. Quizás el CDS no habría desaparecido, y podría haberse consolidado alguna que otra formación política que no ha podido nacer. IU tal vez fuese muy distinta de lo que es en la actualidad, porque en aquellos años en que llegó a conseguir 21 escaños, con un sistema proporcional se hubiesen convertido en 50 o 60, y a un partido con ese número de diputados difícilmente se le puede anatematizar o condenar al ostracismo. El propio comportamiento interno de esa formación política no habría sido el mismo y la atracción de apoyos y militantes, mucho mayor.

Incluso en este nuevo escenario el funcionamiento interno de todos los partidos tendría que haber sido muy distinto y mucho más democrático, porque la escisión aparecería como algo posible y no como en la actualidad, condenada irremisiblemente al fracaso.

Desde esta perspectiva, sí se puede decir que la actual ley electoral, aunque sea de forma indirecta, beneficia a los partidos nacionalistas al concederles un protagonismo que no les corresponde y que desaparecería tan pronto como dejasen de ser las únicas bisagras posibles en un Gobierno minoritario. Es más, podríamos preguntarnos si los partidos nacionalistas obtendrían hoy igual número de votos si a lo largo de todos estos años no hubiesen tenido el papel estelar que se les ha concedido.

Los mayores beneficiarios del actual sistema electoral son los dos grandes partidos mayoritarios (quizás por eso se mantiene), e indirectamente los partidos nacionalistas, únicos a los que el sistema permite actuar como bisagra. Los más perjudicados, los ciudadanos, que ven cómo se estrecha el abanico electoral y las opciones que pueden votar, y la sociedad en su conjunto que se encuentra condenada a sufrir gobiernos autocráticos o al chantaje permanente de los nacionalistas.