La investigación de bienes del 'clan de Armilla' sigue viva y ahora bajo secreto

Carlos Morán y Quico Chirino

Sigue viva la investigación sobre el supuesto enriquecimiento de los implicados en el 'caso Nevada', aunque todo lo relacionado con esa vertiente del pleito está desde ayer bajo secreto. Hasta aquí la noticia, pero la noticia necesita explicación.

El 'mapa' del 'caso Nevada' es sumamente accidentado y difícil de interpretar. Hay vaivenes que complican cada vez más un asunto que arrancó con la presunta comisión de un atentado urbanístico, cuestión que, a tenor de lo que ha dicho el juez instructor, debe estar ya próxima a dilucidarse en juicio. Salvo sorpresa mayúscula, en el banquillo de los acusados se sentarán, entre otros, José Antonio Morales Cara, ex alcalde socialista de Armilla -en cuyo termino municipal está el Nevada-; Gabriel Cañavate, ex concejal de Urbanismo de dicha población y el multimillonario murciano Tomás Olivo, también implicado en la 'operación Malaya', desarrollada en Marbella contra una trama de presunta corrupción urbanística a gran escala.

La Guardia Civil, siguiendo órdenes del instructor, constató que el patrimonio inmobiliario que habían logrado reunir algunos de los imputados en el 'caso Nevada', caso de Morales Cara y Cañavate, el núcleo central del llamado 'clan de Armilla, no cuadraba con sus ingresos. Es decir, que, a primera vista, los salarios de estas personas no daban para tanto. «Se observan conductas de incrementos patrimoniales inmobiliarios muy llamativos, no concordando ese incremento con los ingresos por rendimientos de trabajo (...) que le constan a los imputados», decía aquel análisis. Con esa información, el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Miguel Ángel del Arco, mandó a los agentes que profundizaran en esa línea de investigación. Así, ordenó a 18 bancos y cajas de ahorro que dieran datos de las cuentas de los denunciados y de sus familiares.

Tomás Olivo se opuso radicalmente a esa decisión con argumentos contundentes: «No tiene la más mínima relación con los hechos objeto de esta causa» o «se vulnera especialmente mi derecho a la intimidad».

El pasado mes de noviembre, la Audiencia Provincial -en su calidad de tribunal de apelación- resolvió que Olivo llevaba razón y advirtió a Del Arco de que no se podía abrir una investigación judicial «para ver qué salía». El resto de los imputados también se benefició de ese acuerdo. Sin embargo, el auto de la Audiencia también dejaba un resquicio abierto para que las pesquisas de la Guardia Civil sobre 'los dineros' del 'clan de Armilla' y Olivo -ocho meses de trabajo- no fueran a la papelera. La Fiscalía se ha colado ahora por esa brecha y ha propuesto al juez que el material recopilado por el instituto armado se convierta en «una pieza separada» -esto es, que un magistrado abra una especie de 'segundo caso Nevada' pero centrado en la vertiente patrimonial-. Según el Ministerio Público, lo actuado hasta ahora debe declararse secreto y tiene que ser remitido al Decanato de los juzgados para su reparto. Del Arco ya ha accedido a decretar el secreto de la investigación por el plazo de un mes.