El blanqueo continúa

Ignacio Martínez

Si Gil levantara la cabeza, estaría contento. No se va a tirar ni una de las 30.000 viviendas ilegales que dejó construir y a sus cómplices les van a hacer una iguala y les van a evitar 80 juicios. La Justicia se dispone a tratar a la banda de gilistas con guante blanco. Los pobres no se acuerdan de hechos tan lejanos, cuando firmaban los convenios urbanísticos en los capós de los coches. Bueno, son pobres, pero conducen Porsches, tienen chalés de lujo y les representan abogados caros, que se desplazan desde Madrid o Granada. En todo caso, les van a hacer una oferta de condena, de rebajas de enero, para que en vez de suponerle a un Julián Muñoz, es un poner, 160 años de cárcel, se le queden en seis añitos, al pobre.

Quienes ahora ponen tanto celo en evitar la molestia y el gasto en tantos juicios inútiles son los mismos que debieron investigar y perseguir en su día actuaciones escandalosas, que creaban una evidente alarma social. Por ejemplo, con escuchas telefónicas como las que encargó el juez instructor del caso Malaya. Pero no. En el 95, 96 o 97, la Fiscalía pedía sistemáticamente el archivo para todas las denuncias contra abusivos convenios, firmados en barras de bar, capós de cochazos o clubes de alterne. Todo ocurría ante la desidia de la administración de justicia. Los fiscales no estaban entonces por la labor de trabajar en exceso y ahora tampoco. Por eso han ideado un ofertón.

Durante el imperio gilista, los escándalos eran ostentóreos, aportación a la lengua española del famoso prócer marbellero, con la contracción de ostentoso y estentóreo. O sea, digno de verse y ruidoso. Aquel prohombre, Jesús Gil y Gil, no concebía la vida discreta, ni para sus negocios, ni para sus delitos. Todos eran ruidosos y magníficos. Pero los escándalos siguen en Marbella. Manuel Chaves dijo el pasado miércoles, en una visita a Málaga, que esperaba sentencias judiciales con sanciones ejemplares. Lo contrario, en su opinión, provocaría alarma social.

Personalmente, me declaro ya alarmado por las conversaciones de la Fiscalía con los abogados de los cómplices de Gil. En estos contactos no se ha contado con todas las partes. Y aunque se pacten penas de cárcel menores, no deberían ser objeto de trato alguno multas o responsabilidades civiles. El Gobierno socialista andaluz tardó en reaccionar ante los desmanes de Gil, pero hoy es el Ayuntamiento popular el que se resiste a cumplir las sentencias. No quiere demoler las casas ilegales; argumenta que se está redactando una revisión del plan de ordenación urbana. Pero con el lápiz no se puede legalizar una vivienda sobre la que hay sentencia firme de derribo: es contrario a la doctrina del Supremo. No llama la atención, porque en Marbella, en la actualidad, los escándalos son de baja intensidad. Pero si Gil levantara la cabeza, sonreiría satisfecho. El blanqueo continúa, ahora con su obra y su gente.