La Junta de Gobierno se burla de un informe de la Secretaria
El ayuntamiento tiene contratados los servicios de una abogada para tramitar los expedientes sancionadores en materia de urbanismo, algo irregular ya que esta persona está realizando actividades que sólo pueden hacer los empleados públicos.
Al conocer esta situación anómala, la Delegación del Gobierno remitió escrito pidiendo copia del pliego de cláusulas administrativas y un escrito de la secretaria certificando que esta persona no ejerce potestades públicas de acuerdo al Estatuto Básico del Empleado Público.
El informe de la secretaria ha sido claro y terminante. En el mismo se afirma con contundencia que ‘La participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas queda acreditada al versar el contrato administrativo sometido a Informe Jurídico sobre expedientes sancionadores en materia de urbanismo.’. Y añade que ‘deberán ser funcionarios de carrera pertenecientes al Grupo de clasificación profesional A, a los se exige estar en posesión del título universitario de Licenciatura en Derecho para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo los encargados de la tramitación e informe de esta clase de expedientes.’
Con buen criterio, el informe explica que ‘En caso de carencia de personal funcionario con titulación adecuada y suficiente para el asesoramiento urbanístico se puede optar por solicitar asistencia jurídica a la Diputación Provincial’.
En base a este criterio de legalidad, la Secretaria afirma que el contrato de consultoría y asistencia de referencia, por las características propias de estos contratos, ha de afectar a aspectos puntuales, no pudiendo ser objeto de estos contratos los servicios que por su regularidad o permanencia son base y fundamento de una relación funcionarial o laboral. La permanencia dimanante de la relación funcionarial, otorga a éstos una independencia de la que no disfrutan los que se vinculan a la Administración por relaciones inestables y de contenido accidental. Los expedientes han de ser informados por los funcionarios que con carácter regular y permanente prestan servicios. Las asesorías jurídicas externas han de informar sólo aquellos expedientes que, por su naturaleza, dificultad o especiales características, lo requieran y a petición del Alcalde, no pudiendo informar los expedientes con carácter regular, sino exclusivamente aspectos puntuales de los mismos.
Es una práctica habitual de este ayuntamiento encargar, no sólo a esta abogada, sino a otras empresas asesoras, informes completos sobre asuntos que debían ser llevados por funcionarios. Incluso se da la circunstancia de que estas empresas de asesoría sacan expedientes completos del ayuntamiento privando a las personas interesadas del acceso a los mismos, incluso durante meses. Esta forma de proceder es completamente ilegal pues la ley establece que, bajo ningún concepto, deben salir los expedientes del ayuntamiento.
El informe elaborado por la Secretaria proponía a la Junta de Gobierno anular el contrato suscrito con esta abogada porque incumplía la legalidad al encomendarle funciones reservadas a empleados públicos. En concreto, el informe proponía ‘dar trámite de audiencia a la interesada… con carácter previo a la declaración de lesividad para el interés público del contrato’.
Desoyendo estas recomendaciones, la Junta de Gobierno del día 14 de abril acordó ‘modificar el contrato administrativo suscrito de tal forma que la adjudicataria no realice actividades que impliquen de forma directa o indirecta el ejercicio de potestades públicas’.
El acuerdo tomado supone una burla a la legalidad, a la Secretaria y a la Delegación del Gobierno, porque es imposible trabajar en ese ámbito de los expedientes urbanísticos sin asumir potestades públicas. Asimismo, IU avisa que todos los expedientes informados y resueltos por esta abogada o por alguna empresa de asesoría jurídica externa pueden ser nulos de pleno derecho al haberse resuelto en fraude de ley.
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luisa -