La Duquesa de Alba contra un jornalero, Diego Cañamero, Secretario General del SOC: Juicio vía penal por una denuncia laboral
La Duquesa de Alba denunció por injurias y calumnias a Cañamero por unas declaraciones que éste realizó en los medios de comunicación, principalmente en Tele 5, por las que le pide una indemnización de 100.000 euros. Esta televisión junto con el dirigente sindical intentaron entrevistar a unos jornaleros que recogían fruta y éstos salieron corriendo para evitar ser identificados o tener que hacer declaraciones relacionadas con su situación, documentación y contrato de trabajo pero, a pesar de la persecución, no fue posible darles alcance.
Cañamero en su comparecencia manifestó repetidamente, en sus declaraciones, la situación y los aspectos tan irregulares en los que se encuentran la casi totalidad de los jornaleros andaluces: el 98% son eventuales, sus contratos laborales son verbales, sólo pueden presentar alguna denuncia los que ya han sido despedidos, nunca los que están trabajando pues ello supondría su despido inmediato. Los contratos verbales no pueden ser controlados y mucho menos teniendo en cuenta que, como declara Cañamero, no cumplen con el convenio, no se pagan kilómetros, ni horas extras ni otros complementos y si a todo ello se añade la condición de que muchos de ellos son inmigrantes sin papeles las irregularidades se acrecientan.
Cañamero declaró que el SOC presentó denuncias ante el Defensor del Pueblo, ante la Inspección de Trabajo, en Gobernación y también en todos los organismos conocidos.
Respondiendo a la jueza Cañamero manifestó que durante los 30 años de existencia del sindicato SOC ha dado 2 o tres ruedas de prensa cada año.
En su declaración final Cañamero retó a que verifiquen la situación laboral de los jornaleros de la finca refiriéndose a una inspección en donde participen todas las partes, sin embargo la jueza, aunque le permitió realizar la declaración, no la consideró pertinente.
El abogado de la acusación se deshizo en elogios sobre la bondad de su representada, la Duquesa de Alba, manifestando que era la persona más preocupada por la situación de los jornaleros, que nunca quiso perjudicar o dañar al SOC y que la Duquesa era una persona que siempre se destacó por su solidaridad y por su participación en obras benéficas pero que estaba muy afectada y dolida por las declaraciones realizadas contra ella y sobre todo por haber empañado su buen nombre cuando afiliados del SOC se manifestaron el 28 de febrero de 2006, día de Andalucía, cuando el Presidente Manual Chaves la condecoraba como "Hija predilecta de Andalucía". Aquél era el día más importante de su vida para la Duquesa, añadió el abogado, y recordó lo impropio de la calumnia y de la injuria vertida contra ella a sus 82 años y el grave perjuicio a su honor, etc.
Como muestra de que la Duquesa no quiere perjudicar al SOC, el abogado afirmó que los 100.000 euros de indemnización pedidos a Cañamero se deben solamente a un "error mecanográfico" porque la acusación nunca ha tenido intención de pedir tal cantidad y por esto modifica la denuncia reduciéndola a 450 euros que es la cantidad mínima que según la ley le permite pedir, es decir, sólo un euro por día de condena, aunque al abogado y a su representada les bastaría con un céntimo por día, o menos si fuera posible.
El representante de la Duquesa también pide a la sala que condene a Cañamero a publicar en los diarios El País, El Mundo, el ABC y en la web del SOC una rectificación pública del contenido de lo denunciado y a manifestar su arrepentimiento. Con esto le bastaría a la Duquesa, finalizó diciendo el abogado después de una larga y repetitiva intervención.
La defensa, de modo escueto, puso en evidencia que es la Duquesa la que ha de probar el contenido de las nóminas, el cumplimiento del convenio y de los compromisos salariales y no Cañamero o el sindicato que representa.
En ningún momento Cañamero ha insultado a la Duquesa mientras ésta sí calificó a los trabajadores como "locos y delincuentes" (Aunque condenada por ello a 6.000 euros de multa fue absuelta por la Audiencia quien consideró que no tenía "ánimo de ofender, de injuriar" y que tuvo una "reacción de cortocircuito", con estos argumentos la Sala Séptima revocó la sentencia del Juzgado de Sevilla)
La defensa recordó los derechos que ampara el Art. 21 de la CE acerca de la libertad de expresión y opinión y también diversas sentencias sobre la función de los representantes sindicales en su labor específica de defender y luchar por las garantías laborales y señaló también cuatro sorpresas procesales:
1) Considera que el poder y firmas presentadas por la acusación no son suficientes para representar a la Duquesa, irregularidad que no puede subsanarse dada su ausencia en la sala. 2) El vídeo proyectado no está acreditado y no es más que una copia, por lo que procesalmente no es aceptable y no aporta prueba alguna en contra, a parte de que la defensa acepte su contenido.
3) Se trata de una denuncia capciosa y responde, sin duda, a una venganza derivada de las protestas y críticas tanto por considerar lo inoportuno de la concesión de la medalla de "Hija predilecta", como de las cuantiosas subvenciones recibidas para sus fincas que alcanzan las 34.000 hectáreas. Y, también, por los procesos sufridos cuando descalificó a los trabajadores llamándolos delincuentes lo que le acarreó cuatro juicios de los que perdió dos.
4) No es admisible que la acusación manifieste en esta vista oral que la sanción exigida de 100.000 euros haya sido un "error mecanográfico" cuando en la denuncia figura la cantidad en cifra y en letra, cuando esta cantidad fue ratificada en varias ocasiones y cuando a Cañamero le fue embargado el sueldo y la vivienda por no poder cubrir la fianza impuesta de 3.000 euros.
Concluye la defensa diciendo que el proceso ha sido más que un montaje mediático que un juicio y que la actuación probatoria del vídeo fue propia del salón de cualquier casa.
Proclamar "Audiencia Pública" en el inicio de este juicio oral –como en tantos otros- cuando sólo hay cabida para a penas una docena de ciudadanos y que la prensa tenga que tomar nota de pié durante el proceso, parece que merma y desvirtúa en buena medida la esencia del juicio.
Llama la atención los numerosísimos artículos del Código Penal mencionados en la vista y, que en cambio, ni uno sólo que se refiera al Derecho Laboral que en definitiva era, o debiera haber sido, de lo que se trataba. De hecho, este juicio ha sido la criminalización de una reclamación laboral. Y, aún cabría añadir, que "amenazar" de salida con cien mil euros a un sindicato de jornaleros y trabajadores eventuales constituye y es, sin lugar a dudas, un abuso y un intento de asfixiar a cualquier sindicato que intente cumplir el cometido de defender a sus afiliados.
Llama poderosamente la atención el que las denuncias presentadas por el SOC en tantos organismos y medios de comunicación, en ningún caso, ni la propia fiscalía o el juez instructor haya tenido a bien hacer la más mínima comprobación de los hechos denunciados y no se ha hecho porque sencillamente no se ha presentado prueba alguna en contra a lo largo del juicio. Ni un sólo documento de la Inspección de Trabajo, de Hacienda, de la Seguridad Social, de las cotizaciones, retenciones, etc., con lo fácil que esto hubiera sido. Llama también la atención que con tan inconsistentes pruebas se haya admitido a trámite la denuncia, se haya realizado la instrucción y se haya exigido tan disparatada indemnización que la propia acusación se ha visto obligada a retirar, y de forma tan ridícula.
A la vista de todo el proceso cabría esperar, no sólo la absolución, sino que la acusación, la Duquesa de Alba, fuera condenada en costas y que la fiscalía abriera de oficio una investigación acerca de lo que este proceso, presumiblemente, ha tenido de intimidación y de abuso por parte de la acusación a juzgar por todo lo visto en la sala y por la situación de precariedad de los jornaleros que en ningún momento fue desmentida.
Enlaces relacionados:
Rebelión, 17-07-2008. El SOC acude a Madrid para respaldar a Cañamero en el juicio por injurias a la duquesa de Alba.
José Daniel Fierro. Rebelión, 21-10-2006. Subvencionan con 5.470 euros diarios a seis familias andaluzas. Terratenientes subsidiados.
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