Izquierda Unida exige la adjudicación inmediata de las 14 viviendas de VPO de Citalsol

Desde hace varios meses, las catorce viviendas de protección oficial de Citalsol, construidas junto al polígono industrial, están terminadas y cerradas sin que el ayuntamiento las adjudique. Es una lástima que habiendo cientos de personas que necesitan una vivienda de ese tipo, permanezcan cerradas.

 

 

La dilación en adjudicar estas viviendas tiene su origen en un intento de los propietarios para conseguir, con la complicidad del ayuntamiento, quitarles a las viviendas el calificativo de vpo y así poder venderlas como libres. El tema llegó a estar casi listo porque incluso se estudió en comisión para ir a Pleno, pero a última hora, Benavides decidió sacarlo del orden del día porque encontraría algún problema que desconocemos.

La excusa que utiliza el arquitecto municipal es que ha habido un error en el expediente y que, en realidad, nunca debió poner vpo en los documentos. Esta afirmación de Passolas es sorprendente. Desde el principio, en todos los documentos e informes se establece con claridad que allí se van a construir viviendas de protección oficial. No se trata de un error aislado sino de un dato repetido en todos y cada uno de los documentos: informe de Contratación, informe de Urbanismo, acta del Pleno de aprobación del Pliego de cláusulas, acta del pleno de adjudicación de la parcela, escrito de la empresa pidiendo licencia de obras, acta de la Junta de Gobierno concediendo licencia de obras...

Hay que tener mucha cara y pocos escrúpulos para decir que eso es un error. Estamos hablando de un auténtico pelotazo porque en el informe del señor Passolas, fechado el 16 de julio de 2004, se dice textualmente que Las viviendas a construir sobre las parcelas de las que se trata serán necesariamente acogidas a cualquier régimen de protección oficial de los existentes siendo su precio máximo de venta el correspondiente al módulo oficial vigente para dicha protección oficial, de ahí que los valores de estas fincas contemplen esta situación y condiciones’.

El señor Passolas, en su informe, habla siempre, y sin ninguna ambigüedad, de protección oficial. El mismo título del informe es elocuente: Informe que se emite en relación con la valoración económica de las parcelas en Citalsol al objeto de que sobre las mismas se desarrollen actuaciones de construcción de viviendas de protección oficial’.

Passolas justifica el bajo precio de las parcelas ’Considerando las circunstancias especialísimas del destino de esta finca -construcción de viviendas acogidas a régimen de protección oficial-...’  En base a esos informes, el Pleno del 15 de noviembre de 2004 adjudica a Comarex las parcelas (que miden un total de 2.528 m2) por un precio ridículo: 34.858 €. más los gastos de urbanización.

La misma empresa, después de haber conocido los informes y los acuerdos del Pleno, pide licencia para construir viviendas de protección oficial. Entonces, cómo se puede argumentar que hay un error. Lo que hay es un auténtico escándalo que comienza el 27 de julio de 2007, tres años después de comenzar el proceso. Ese día, Comarex presenta un escrito diciendo: ’existe indefinición en el contrato acerca del régimen al que deben acogerse las viviendas a construir en dichas parcelas... solicito a ese organismo se sirva concretar y aclarar este último punto’.

En esa fecha, las viviendas están ya prácticamente terminadas, por lo que sorprende que sea ahora cuando se dan cuenta de esa supuesta indefinición. Pero en todos los documentos: informes, actas y contrato se escribe y se firma textualmente VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL.

Con posterioridad a ese escrito, se suceden en cascada, con una celeridad inusitada, los informes técnicos y los acuerdos de la Junta de Gobierno tendentes a ir dando la vuelta a la tortilla para permitir pasar de VPO a lo que ellos llaman protección pública, pero no necesariamente protección oficial.

De este modo, el 29 de octubre de 2007, la JGL acuerda que ’el régimen de la protección al que se acogen las viviendas en parcelas en ’Citalsol’ es el de protección pública sin necesidad de que sea de Protección Oficial ’.

El 29 de noviembre hay un escrito de Comarex en el que argumenta que:

A consecuencia del acuerdo adoptado por la JGL de 29-10-07, se ha de modificar el acuerdo de concesión de la licencia de obras en los siguientes términos: “Comarex solicita licencia de obras para el Proyecto de construcción de 14 viviendas y garajes en Urb. Citalsol...”.  

Pero Comarex se lo piensa mejor y va más allá. Así, el 6 de febrero de 2008, hay un nuevo escrito de la empresa en el que ponen 2007 en vez de 2008 (esto sí parece ser un error). El escrito ya no se anda por las ramas: ’se insta a ese Ayuntamiento a rectificar el error material existente en el Contrato... eliminando cualquier referencia a régimen de protección oficial’.

A la vista de esta maniobra, IU presentó una denuncia ante la Fiscalía del TSJA pidiendo que no se autorice este cambio y que sea sancionado el arquitecto municipal. El escrito de denuncia presentado en Fiscalía dice textualmente que .

La concatenación de escritos de la empresa, informes y acuerdos de la Junta de Gobierno tiene toda la impresión de formar parte de una operación bien orquestada para alterar un acuerdo tomado en 2004. La alteración del acuerdo supondría, además de una burla a la legalidad, un perjuicio evidente para los ciudadanos de Almuñécar y un beneficio espectacular para la empresa promotora de las viviendas al alterarse el precio de las mismas de manera significativa.

Entendemos que los hechos denunciados pueden ser tipificados como delitos previstos en el Código Penal, especialmente el de maquinación para alterar el precio de las cosas.

Consideramos especialmente grave la actuación del arquitecto municipal que aún continúa ejerciendo como tal a pesar de haber sido inhabilitado por el Colegio Profesional de Arquitectos. Sus informes contradictorios parecen hechos por encargo, cuestión esta que debería investigarse de manera especial a nuestro juicio.

En espera de que la Fiscalía evite este robo al pueblo de Almuñécar, IU va a seguir luchando para que las viviendas sean adjudicadas a los almuñequeros que las necesiten de acuerdo a lo que se aprobó en su día: Viviendas de protección oficial siendo su precio máximo de venta el correspondiente al módulo oficial vigente para dicha protección oficial.