Los políticos vuelven a sus despachos... y a los juzgados
Granada Hoy
Guillermo Ortega
Hace ya bastantes años que se emopezó a hablar de la judicialización de la vida política, cuando quienes están en la cosa pública empezaron a llevar -o a verse llevados- a los juzgados, las más de las veces por presuntos delitos relacionados con sus cargos, como los cohechos, las prevaricaciones o las injurias. Aunque en realidad lo de insultar no forme parte de sus atribuciones, es de lo más habitual.
Ver a políticos en el banquillo o declarando ante un juez ya no constituye novedad. Sin embargo, esas comparecencias siguen levantando expectación. En Granada, los casos más significativos han llegado a las portadas. Y este nuevo curso político no va a estar falto de noticias que relacionan a políticos y juzgados, porque hay muchos casos pendientes.
Uno de los que más revuelo armó fue el del ex diputado nacional del PP José Luis del Ojo, imputado por una presunta prevaricación administrativa en la adjudicación del pabellón polideportivo y la Casa de la Cultura de Ogíjares, donde fue concejal de Urbanismo. Del Ojo acudirá a declarar el próximo día 24 al juzgado de Instrucción número 5.
También por prevaricación está imputado su compañero de partido Ignacio Fernández, alcalde de Otura. La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo entiende que él y otros cuatro concejales pudieron delinquir al recepcionar obras y licencias de primera ocupación para una urbanización de 50 viviendas sobre la que los técnicos habían informado negativamente en varias ocasiones.
La mencionada Fiscalía de Medio Ambiente también aprecia indicios de delito en la actuación de otro alcalde, pero en este caso del PSOE. Se trata de Víctor Sánchez, regidor de Atarfe y para el que ir a un juzgado tampoco será novedoso: hace poco menos de un año fue absuelto por otro asunto medioambiental, en Raja Santa.
Ahora, la acusación asegura que Sánchez se desentendió del mantenimiento de una depuradora a la que se vertieron de forma incontrolada las aguas residuales de una urbanización y, supuestamente por decisión del alcalde, también de un colegio. El colector terminó por colapsarse y el agua llegó al embalse del río Cubillas.
En cuanto al caso Nevada, seguirá dando que hablar, aunque las últimas noticias no han girado en torno a la posible responsabilidad de los dirigentes de Armilla -gobernada por el PSOE- en la construcción del edificio ahora paralizado, sino sobre el informe patrimonial de los imputados, entre ellos el ahora director de Fermasa, José Antonio Morales, y Gabriel Cañavate. Ese informe, que habría podido determinar un enriquecimiento ilícito, fue rechazado por la Audiencia porque el juez del caso lo recepcionó "de forma ilícita".
Llegados a Granada, hay dos casos que siguen su curso judicial. Uno relaciona a la portavoz provincial del PP, Eva Martín, con el ex jefe superior de la Policía de Andalucía Oriental, Luis de Haro-Rossi. La Audiencia ve indicios de injurias y calumnias en unas declaraciones en las que le acusó de utilizar "una doble vara de medir" en las investigaciones, en función de si los casos se producían en un ayuntamiento gobernado por socialistas o por el PP.
El otro enfrenta a dos diputados provinciales del PP, José Antonio Robles y Antonio Granados, con la ex consejera de Justicia María José López y la eurodiputada Francisca Pleguezuelos, ambas del PSOE. A la primera, Robles la acusó de haberle puesto precio a una vivienda de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Granada (Emuvyssa) cuando era consejera delegada. Una y otra, además, se sintieron injuriadas cuando los diputados hablaron en una rueda de prensa de que podrían haberse beneficiado de sus cargos para acceder "a pisos bien situados y áticos" de una promoción de Emuvyssa.
A ellos se suma el caso del ex gerente de Urbanismo Manuel Lorente, denunciado por la Fiscalía por un presunto cohecho, traducido en que habría beneficiado al promotor urbanístico José Julián Romero. Los dos ya declararon, al igual que el presidente del Granada 74, Carlos Marsá.
Por lo demás, no se puede hablar de relación entre juzgados y alcaldes sin mencionar al de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, que dirige un Ayuntamiento que gasta más en abogados que en limpieza. Son tres los convenios urbanísticos que los jueces han dejado sin validez y hay una sentencia del TSJA que le obliga a tirar parte de la urbanización Marina del Este por exceso de edificación. Pese a estar en un sinfín de causas, sigue en su puesto.
Ver a políticos en el banquillo o declarando ante un juez ya no constituye novedad. Sin embargo, esas comparecencias siguen levantando expectación. En Granada, los casos más significativos han llegado a las portadas. Y este nuevo curso político no va a estar falto de noticias que relacionan a políticos y juzgados, porque hay muchos casos pendientes.
Uno de los que más revuelo armó fue el del ex diputado nacional del PP José Luis del Ojo, imputado por una presunta prevaricación administrativa en la adjudicación del pabellón polideportivo y la Casa de la Cultura de Ogíjares, donde fue concejal de Urbanismo. Del Ojo acudirá a declarar el próximo día 24 al juzgado de Instrucción número 5.
También por prevaricación está imputado su compañero de partido Ignacio Fernández, alcalde de Otura. La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo entiende que él y otros cuatro concejales pudieron delinquir al recepcionar obras y licencias de primera ocupación para una urbanización de 50 viviendas sobre la que los técnicos habían informado negativamente en varias ocasiones.
La mencionada Fiscalía de Medio Ambiente también aprecia indicios de delito en la actuación de otro alcalde, pero en este caso del PSOE. Se trata de Víctor Sánchez, regidor de Atarfe y para el que ir a un juzgado tampoco será novedoso: hace poco menos de un año fue absuelto por otro asunto medioambiental, en Raja Santa.
Ahora, la acusación asegura que Sánchez se desentendió del mantenimiento de una depuradora a la que se vertieron de forma incontrolada las aguas residuales de una urbanización y, supuestamente por decisión del alcalde, también de un colegio. El colector terminó por colapsarse y el agua llegó al embalse del río Cubillas.
En cuanto al caso Nevada, seguirá dando que hablar, aunque las últimas noticias no han girado en torno a la posible responsabilidad de los dirigentes de Armilla -gobernada por el PSOE- en la construcción del edificio ahora paralizado, sino sobre el informe patrimonial de los imputados, entre ellos el ahora director de Fermasa, José Antonio Morales, y Gabriel Cañavate. Ese informe, que habría podido determinar un enriquecimiento ilícito, fue rechazado por la Audiencia porque el juez del caso lo recepcionó "de forma ilícita".
Llegados a Granada, hay dos casos que siguen su curso judicial. Uno relaciona a la portavoz provincial del PP, Eva Martín, con el ex jefe superior de la Policía de Andalucía Oriental, Luis de Haro-Rossi. La Audiencia ve indicios de injurias y calumnias en unas declaraciones en las que le acusó de utilizar "una doble vara de medir" en las investigaciones, en función de si los casos se producían en un ayuntamiento gobernado por socialistas o por el PP.
El otro enfrenta a dos diputados provinciales del PP, José Antonio Robles y Antonio Granados, con la ex consejera de Justicia María José López y la eurodiputada Francisca Pleguezuelos, ambas del PSOE. A la primera, Robles la acusó de haberle puesto precio a una vivienda de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Granada (Emuvyssa) cuando era consejera delegada. Una y otra, además, se sintieron injuriadas cuando los diputados hablaron en una rueda de prensa de que podrían haberse beneficiado de sus cargos para acceder "a pisos bien situados y áticos" de una promoción de Emuvyssa.
A ellos se suma el caso del ex gerente de Urbanismo Manuel Lorente, denunciado por la Fiscalía por un presunto cohecho, traducido en que habría beneficiado al promotor urbanístico José Julián Romero. Los dos ya declararon, al igual que el presidente del Granada 74, Carlos Marsá.
Por lo demás, no se puede hablar de relación entre juzgados y alcaldes sin mencionar al de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, que dirige un Ayuntamiento que gasta más en abogados que en limpieza. Son tres los convenios urbanísticos que los jueces han dejado sin validez y hay una sentencia del TSJA que le obliga a tirar parte de la urbanización Marina del Este por exceso de edificación. Pese a estar en un sinfín de causas, sigue en su puesto.
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