Crisis del sistema, no de las inmobiliarias
Esta es una historia equívoca porque, en primer lugar, se abusa de los efectos de la crisis y se eluden, una y otra vez, las causas que ni siquiera se mencionan y sobre las que no se están tomando medidas, sino al contrario, intentan resolverlo con la mismas políticas que han causado el actual problema y, en segundo lugar, porque la crisis lo es sobre todo para los millones de ciudadanos a los que realmente les toca padecerla y, además, pagarla. La pregunta es: ¿Quién está, realmente, en crisis, desde cuando, porqué y cuál es la causa?. Ni Gobierno, ni oposición ni los medios responden a nada de todo esto.
Resulta que unas promotoras inmobiliarias, que durante años han amasado fortunas, diseñaron a su medida la ley del suelo y un sistema crediticio que ahora entra en problemas cuando no en quiebra. Con toda la Administración a su servicio, acapararon y recalificaron más de 20.000 hectáreas de suelo urbanizable cada año para terminar imponiendo su ley, pero no en el teórico terreno de un "libre mercado" inexistente, sino ante unos compradores atados de pies y manos a un salario que, de un modo o de otro, es condicionado por las propias promotoras y entidades financieras como parte que son del poder político-económico.
Pero, ahora resulta que son las promotoras las que están en crisis, es decir, ya no pueden seguir hinchando su negocio por la sencilla razón de que la acumulación de recursos y de dinero ha vaciado los bolsillos y las posibilidades de los ciudadanos, incluyendo la de hipotecarse de por vida. Estas promotoras han entrado en crisis porque ya no hay clase media a quien vender y porque tanto han apretado a lo que ellos denominan "libre mercado" que lo han asfixiado.
Mientras, millones de españoles de a pie no pueden ni siquiera pensar en comprar o alquilar una vivienda aunque, en cambio, millones también de viviendas permanecen vacías y así continuarán. Semajante despilfarro de recursos no es mayor que la tozudez neoliberal de los políticos del Gobieno. Pero, así las cosas, resulta que la crisis es para el promotor que tiene las viviendas en barbecho y, en cambio, no hay crisis ni problema para quien no tiene vivienda y ni siquiera puede iniciar o mantener su vida familiar.
Sigue siendo crisis para el promotor que no sabe qué hacer con tanto piso vacío que ahora no tiene modo de vender pero, su drama aumenta porque no puede seguir construyendo más y más viviendas, desocupadas, aunque en cambio, para los dos millones y medio de parados -¿Quién se acuerda de ellos?- no hay crisis ni problema porque ni siquiera existen, de hecho, o sólo como pura estadística que España encabeza, y casi duplica, la tasa de paro de la UE, sin mencionar el liderazgo en la precariedad del empleo, los contratos basura, accidentes laborales y un largo etc.
Los promotores inmobiliarios están en crisis de oferta, de abundancia, es decir, han construido a destajo, tienen demasiado y no pueden venderlo; han apilado una fortuna. Pero, sería mejor decir que más bien es una crisis de demanda porque la gente no puede comprar, sin olvidar, además, que están con problemas económicos, o en paro, por causas directas y debidas, precisamente, a esta nefasta política neoliberal.
Así las cosas, al Gobierno, para resolver el problema, opta por subvencionar y solidarizarse con los promotores y abre una línea de crédito de 3.000 millones de euros. Es decir, salvemos a los promotores y ayudemos a las inmobiliarias en su crack de ahora para que puedan seguir construyendo más pisos vacíos que nadie puede comprar. Y, ¿Qué pasa con la crisis social derivada de la inflación, la precariedad, el empleo y los servicios sociales cada vez más escasos y más privatizados?
Siguiendo con el lenguaje neoliberal del Gobierno, si hay saturación de la oferta, si sobran pisos a este precio y en estas condiciones ¿Porqué y para qué subvencionar más a los promotores que nunca han repartido beneficios?. ¿No sería más lógico subvencionar a la demanda que no puede comprar lo que además sobra y está ocioso? Ni siquiera, el gobierno y patronal, se comportan conforme a las leyes de su mercado al que dicen atenerse. Porque, sucede que no hay "libre mercado", ni más falso, ni más artificial que el existente que sobrevive gracias a la coacción y al apoyo de los recursos públicos. Bien sea directamente o mediante una política urbanística, fiscal o económica en perjuicio, y a costa claramente, de los ciudadanos.
Desde los años noventa, el valor astronómico de los terrenos recalificados sumaba, cada año, más del 20% del PIB y más de un tercio de la masa salarial bruta de los españoles. Estas recalificaciones a favor de los promotores las hacía, y las continua haciendo, la Administración (Local, Autonómica o del Estado) de modo que un terreno que no vale nada o casi nada, su valor se multiplica por decenas o centenas por el hecho de poner una firma o "programar" una actuación urbanística que crea una plusvalía absolutamente artificial, ficticia, que es la esencia de la especulación en estado puro. Y, al lado, la corrupción sistemática.
El gravísimo problema es el social, precisamente del que menos se habla, y que es consecuencia directa de esta política económica y fiscal que favoreció el "libre mercado" de la especulación y del dinero fácil. Pero, ahora, la situación se agrava al suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio porque va a contribuir de inmediato a un mayor fraude fiscal que, como fácilmente se adivina, va de la mano de la especulación. Conviene recordar que, aunque la recaudación del impuesto sobre el patrimonio fuera especialmente ridícula, servía al menos, para conocer el patrimonio y su evolución. Ahora ya ni esto.
Pretenden y esperan activar el sector pero, con las medidas que no se toman por ningún lado, continuarán sin resolver nada, salvo el ajuste por quiebra y ruina de los ciudadanos que han de pagar el parón inmobiliario a cambio de nada. A estos precios y en estas condiciones ¿Más pisos para qué, si los que hay no son asequibles y los que se construyan tampoco lo serán?
Nada ha cambiado. La crisis es del sistema y de los políticos del gobierno noeliberal de turno.
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