Deportistas fuera de juego (fiscal)
El traslado de residencia a un paraíso fiscal se ha convertido en algo habitual entre los deportistas de élite. En ocasiones en los límites de lo legal, y de dudosa ética, diversas voces se han alzado para denunciar esta práctica.
Son los denominados ‘deportistas off-shore’, el mejor ejemplo de cómo maximizar los beneficios de una carrera corta pero económicamente intensa, aquellos profesionales del deporte que han decidido cambiar su residencia más allá de las fronteras del Estado español con objeto de reducir la presión fiscal. “Se trata de una situación generalizada en algunos deportes profesionales”, afirma Francisco de la Torre, portavoz de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE), colectivo de funcionarios que en 2007 presentó el informe Fraude, Corrupción y Blanqueo de Capitales en España, en el que llamaba la atención sobre esta práctica, cada vez más extendida.
Se trata de profesionales de carrera muy corta, de no más de 15 años, que tratan de exprimir al máximo en lo económico. “La vida del deportista de élite es breve, pero intensa en lo que al dinero se refiere, hecho que provoca que ese mundo se haya convertido en un mercado abierto a intereses mercantiles y especulativos”, afirma Joan Herrera, diputado de Iniciativa per Catalunya (IC), cuyo grupo parlamentario presentó una proposición no de ley el pasado mes de septiembre, para la elaboración de un plan de comprobación de deportistas con residencia en paraísos fiscales.
Competencia internacional
Para hacer un traslado de residencia a un país mucho más generoso fiscalmente “basta con tener una vivienda y contrato de trabajo en el país de residencia y por supuesto, residir efectivamente donde se afirma hacerlo”, confirma De la Torre. No obstante, en el Estado español el deportista cuenta con grandes ventajas fiscales, exigencia histórica de este grupo de privilegiados, al amparo de lo efímero de sus carreras. Exención fiscal a las becas, ampliación de planes de pensiones o cobros en derechos de imagen, sometidos a mucho menor gravamen, son sólo algunos ejemplos.
En la medida que las actividades deportivas tienen un peso cada vez mayor en la economía de los países económicamente más fuertes (en España ya suponen un 7% del PIB), varios estados europeos se han lanzado a una competición encarnizada para tratar de ofrecer las mejores condiciones a las grandes fortunas deportivas. En el Estado español, hace cinco años se aprobó la llamada ley de los ‘impatriados’, que permite tributar a deportistas españoles o extranjeros a un 24% durante seis años (cuando la tributación por IRPF para cualquier persona es del 43% a las rentas que sobrepasen los 53.407 euros anuales), con la única condición de que no haya tenido residencia en el Estado durante los últimos diez años. En el Reino Unido, destino habitual de profesionales del motor, sólo se tiene en cuenta las rentas obtenidas dentro de la isla. Las condiciones son aún más ventajosas en Suiza y Mónaco, paraísos fiscales paradigmáticos en Europa. En Suiza, los residentes que no trabajan allí sólo tributan los gastos. Y en el caso de Mónaco, los impuestos a la persona física son del 0%. No obstante, a pesar de lo grueso de estas cifras, “no se trata de un problema cuantitativo, puesto que la recaudación fiscal no se ve apenas afectada a nivel general”, confirma el portavoz de IHE. Según De la Torre, el problema es más de carácter ético, “supone un pésimo ejemplo para la sociedad, porque son personas que los medios, los políticos, la sociedad en general... consideran como ejemplo a seguir”. De ahí que dicha organización reclamara un endurecimiento del castigo a estos ‘deportistas off-shore’ : “El régimen sancionador debe ser el mismo que el del resto de ciudadanos, con un pequeño matiz, no se debe permitir competir bajo la bandera de España ni recibir subvenciones oficiales a aquellos deportistas que residen en paraísos fiscales o acogidos a regímenes privilegiados de tributación”, afirma el portavoz de dicho colectivo. La proposición no de ley de IC, iba aún más allá al exigir “establecer un censo permanente de deportistas que tributen fuera y hacer pública la información relativa a su residencia fiscal declarada y comprobada”.
El carácter especial del fútbol
En el denominado deporte rey, sus protagonistas deben agudizar el ingenio para tratar de pagar lo menos posible. Al tratarse de una actividad donde no existe la movilidad permanente, el profesional está obligado a tributar en el Estado. No obstante, figuras como los derechos de imagen o la creación de fundaciones representan una manera diferente de reducir el agobio del fisco. Los futbolistas tienen derecho a cobrar hasta un máximo del 15% de su salario en derechos de imagen, que en muchas ocasiones son pagados por el club a una sociedad situada en alguno de los paraísos fiscales existentes. En estos casos, el deportista tributa este porcentaje en esa sociedad, con retenciones máximas del 25%, de la cual no se puede comprobar quién es el titular, al tratarse de Estados demasiado opacos económicamente. Las inversiones inmobiliarias, gran mercado de inversión de los futbolistas en los últimos diez años, han sufrido un parón en los últimos tres años, según la consultora Garrigues.
Legales o no, se trata de prácticas muy extendidas en el deporte profesional, cuyo único objetivo es sacar el máximo rendimiento a una carrera que apenas dura entre 10 y 15 años, al más alto nivel. No obstante, la sombra del fraude las sigue persiguiendo. Según el barómetro fiscal de 2000, elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, “el 92% de los funcionarios de Hacienda cree que hay colectivos que son habitual y sistemáticamente defraudadores, entre los que destaca el de los deportistas”.
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