Don José Ávila Rojas: Bien por la justicia
Es de vergüenza. Es para llorar. Delincuentes de guante blanco que siempre caen de pie. Chorizos que cuando el juez o el fiscal no encuentra por dónde meterles mano salen sacando pecho y diciendo que son inocentes. Corruptos que juran por su honor y su decencia escondidos tras una legión de abogados. Esta es la justicia en el capitalismo. Ávila Rojas es sólo un ejemplo. Uno más en esta larga y vomitiva lista.
Ávila Rojas es insolvente. Así lo ha reconocido hace unas semanas el juzgado de lo Mercantil de Málaga donde presentó el concurso voluntario de acreedores, no como empresa, sino como persona física. De este modo, ya no es gestor de sus bienes. Ahora se encarga de ello un administrador nombrado a tal efecto por el juzgado malagueño. El trámite fue presentado y admitido en la capital malagueña debido a que el domicilio oficial del constructor figura en la localidad de Marbella, en la Costa del Sol.
Lo habitual es que el concurso de acreedores sea presentado para que un juez admita la situación de quiebra de las empresas con el objetivo de intentar reflotarlas o poner orden en la prioridad de los acreedores al ahora de cobrar. No obstante, una de las novedades de la ley es que a esta misma medida podían acogerse personas físicas, es decir, a título individual. En la actualidad este tipo de supuestos escasos, si la cifra se compara con la de las empresas. Aunque, según los últimos datos estadísticos del INE, 119 españoles se acogieron a esta medida en el tercer trimestre del año.
En el caso de Ávila Rojas, la presentación del concurso de acreedores como persona física para formalizar su insolvencia ante un juzgado no quiere decir que no tenga dinero. Más bien significa que, con lo que dispone, no puede hacer frente a los pagos que tiene que afrontar a título personal, no como empresa.
Multas millonarias
Según confirmaron fuentes judiciales consultadas por IDEAL, el concurso paraliza, temporalmente, las ejecuciones de sentencias y embargos judiciales que el constructor tenga pendientes. Es el administrador concursal el que decide qué se cobra, cómo y en qué orden.
Por el momento, los pagos a los que tiene y ha tenido que hacer frente el constructor relacionados con procedimientos judiciales contra su persona (no como empresario, sino a título individual) no son exiguos. En el conocido ’caso Malaya’ contra la corrupción Marbellí, el juez le impuso la fianza más alta: 50 millones de euros. Por otro lado, la Audiencia Provincial de Granada lo condenó recientemente a ocho años de prisión por varios delitos de fraude fiscal. Esta sentencia también contemplaba el pago de una multa de más de diez millones de euros. Por el momento, no es firme porque ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo. De confirmarse, el pago quedaría en manos de la administración concursal ya declarada. IDEAL contactó con el abogado del empresario para preguntarle sobre los trámites de su situación de insolvencia personal, pero se negó a realizar ningún tipo de declaración.
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