La Fiscalía investiga un accidente laboral que silenció el Arzobispado

Una joven cayó al vacío desde un andamio cuyo uso estaba prohibido por sus deficiencias. El inspector de Trabajo reprocha que nadie comunicase el siniestro y revela múltiples fallos.

PABLO MARISCAL. Mes de julio. Siete trabajadores de la empresa Tarma ultiman las labores de restauración de las cresterías y los pináculos de la Capilla Real de Granada ante la inminente visita de Pedro Salmerón, arquitecto encargado del proyecto de recuperación. Una operaria accede a un andamio antiquísimo y "prohibido" para comprobar un llagas de la fachada y pisa sobre un tablón de madera que se parte en dos. La joven cae al vacío desde una altura de ocho metros. Evita el fatal desenlace gracias a sus reflejos, que le permiten agarrarse a la plataforma lo justo para impedir que el impacto sea mortal. A pesar de la suerte, sufre varias fracturas en una pierna, heridas de las que todavía sigue convaleciente.


Se trata, como ha determinado la Inspección de Trabajo, de un accidente laboral ocasionado por la negligencia de la empresa adjudicataria de los trabajos y que el promotor de la obra, el Cabildo catedralicio de Granada, no comunicó. Tampoco lo hicieron la empresa restauradora (Tarma) ni Prevensur, encargada de la supervisión de las medidas de seguridad de la restauración. Prevensur está obligada a anotar la incidencia en el libro correspondiente, tal y como consta en el informe del inspector de Trabajo que investigó los hechos. No lo hizo.

El inspector detalla en su escrito, investigado por la Fiscalía de Granada, que su labor de investigación se vio "condicionada de manera relevante" por el hecho de que la empresa Tarma hubiese "incumplido la obligación legal de comunicar el mismo", irregularidad por la que se le abrió un procedimiento sancionador independiente. El Cabildo catedralicio tampoco informó a la Inspección de Trabajo, según las fuentes consultadas, y el delegado de prevención ni siquiera lo anotó como incidente en el libro donde se refleja cualquier imprevisto. El informe del inspector de Trabajo fue remitido a la Fiscalía, que será la encargada de investigar los hechos y depurar las posibles responsabilidades.

El siniestro. Los detalles del accidente vienen especificados en el informe del inspector de Trabajo, al que ha tenido acceso este periódico. La víctima del siniestro, Sandra Urbano, trabajaba junto a varios compañeros en un andamio situado junto a la entrada de la Capilla Real. Los operarios accedieron desde ahí a un andamio diferente que llevaba instalado en la fachada desde hace "dos o tres años". Se trataba de una estructura antigua que no estaba certificada y que carecía del preceptivo plan de montaje. El inspector revela varias deficiencias en el andamiaje y concluye que su uso estaba "prohibido".

Sandra pasó de un lateral a otro a través de una tabla de madera de las que se usan "para encofrado", otra de las irregularidades detectadas. El tablón se partió y Sandra cayó al vació desde una altura de 8 metros.  En la caída arrastró a otro compañero, que también sufrió contusiones. La peor parada fue Sandra. La restauradora se golpeó contra el suelo y perdió el conocimiento. Según afirmó en su declaración ante la Inspección de Trabajo, ninguno de los compañeros avisó al 112 ni llamó a una ambulancia, pese a que Sandra lo solicitó por el dolor que sufría.

Al contrario, una vez reanimada, la trasladaron en brazos hasta la Gran Vía y esperaron la llegada de Javier Martín Peinado, el encargado y uno de los socios de la empresa. Los compañeros de Sandra la trasladaron en coche hasta Urgencias, donde le diagnosticaron una fisura en la pierna y la mandaron para la casa. A los dos días fue a la mutua. El médico detectó que tenía varias fracturas en la tibia y el peroné y preparó una intervención quirúrgica urgente.

Hoy, cinco meses después, sigue cojeando por las secuelas y se ha quedado sin trabajo ya que la empresa Tarma rescindió su relación laboral en septiembre, mientras la trabajadora estaba de baja "por incapacidad temporal tras el accidente", según reconoce el inspector. Sandra Urbano denunció en el juzgado este despido, que considera improcedente.

El inspector determina que el Cabildo, en su calidad de promotor, redactó el Estudio de Seguridad y designó a un coordinador al efecto. Por eso centra la responsabilidad del incidente sobre este último. El responsable de seguridad de la obra redactó un informe previo en el que prohibía el uso del andamio por sus "numerosas deficiencias".

Pese a la advertencia, la empresa Tarma lo usó al menos el día en que ocurrió el accidente de Sandra. Después se apresuraron a retirarlo en tres días para instalar uno homologado, según certifica el inspector. El funcionario advierte además de las versiones "radicalmente distintas" que ofrecen los trabajadores sobre el siniestro.

La Inspección de Trabajo ha multado con 6.000 euros, más el 30% de recargo, a la empresa Tarma por la utilización del andamio no homologado que causó el accidente de Sandra.