El fiscal pide la demolición «total» del Nevada y cárcel para sus impulsores

El Tribunal Supremo sentenció en 2007 que el tamaño no importa cuando se trata de poner coto al urbanismo ilegal. La advertencia estaba incluida en una resolución que condenaba a un ciudadano almeriense a tres meses de prisión y a pagar una multa de 540 euros por invadir 1,82 metros cuadrados de una playa con la construcción de un voladizo ilegal en su casa cueva. También debía demoler el apéndice ilegal, una obra que, además, tenía que pagar de su bolsillo. Era una nimiedad, cierto, pero no por eso dejaba de ser delito.

La Fiscalía de Granada hizo público ayer un escrito de acusación que incorpora la doctrina del Supremo: a la hora de castigar una infracción urbanística, el tamaño es lo de menos. Da lo mismo que la construcción ocupe 1,82 metros cuadrados... o ¡123.000!, que es la superficie sobre la que se asienta el esqueleto de hormigón del futuro Centro Comercial Nevada, ubicado en el término municipal de Armilla.

En una decisión si precedentes en Andalucía y, seguramente, en toda España, el Ministerio Público reclama la «completa, íntegra y total demolición» del Nevada -que se extiende a lo largo y ancho de 123.000 metros cuadrados y «contiene 275.000 metros cuadrados construidos», unas dimensiones mareantes-.

El fiscal entiende que es tal el cúmulo de irregularidades, que no queda otra salida que derribar la mole. «(...) Procederá asimismo, y habida cuenta de la reiterada vulneración de los instrumentos de planeamiento que fueron defraudados, y de la gravísima ilicitud en que incurrieron todos los permisos y autorizaciones otorgadas, y en no menor medida, la insuficiencia de éstas últimas para amparar los sucesivos cambios y alteraciones que sufrió el proyecto inicialmente diseñado, acordar la completa, íntegra y total demolición de lo construido, incluyendo sus accesorios, entendiendo por tales hasta las obras de cimentación soterradas, y plataformas y viales sobre rasante, hasta reponer el terreno edificado o construido en todo su perímetro a su realidad física primigenia», refiere el escrito de acusación de la Fiscalía en el llamado 'caso Nevada'.

El párrafo es largo, pero merecía se reproducido por su nivel de detalle. No deja cabos sueltos. El Ministerio Público aboga por borrar del mapa al Nevada. El pago de 'La Cerraca' -que es como se denomina el paraje sobre el que se asienta la estructura del Nevada- debería quedar como si allí jamás hubiese habido nada. Ni más ni menos.

La descomunal demolición -según el criterio de la Fiscalía- debería ser financiada y ejecutada por el multimillonario murciano Tomás Olivo, a la sazón, promotor y dueño del Nevada.

A Olivo, uno de los principales acusados, el Ministerio Público le imputa la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave. En el supuesto de que el Juzgado de lo Penal que vea el caso -en Granada hay seis-, asuma las tesis del fiscal, Olivo se enfrentaría a 26 meses de cárcel y no podría poner un ladrillo «durante un tiempo de dos años».

El ex alcalde socialista de Armilla, José Antonio Morales Cara -otro de los encausados más conocidos- está acusado de dos delitos contra la ordenación del territorio y otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos. En total, el fiscal reclama para él 16 años de inhabilitación para «el ejercicio de funciones públicas» y dos años de cárcel.

Idénticos son los cargos y la petición de penas del fiscal para Gabriel Cañavate, ex concejal de urbanismo de Armilla y ex vicepresidente de la Diputación.

Junto a ellos, se sentarán en el banquillo otros ocho imputados.