Los criterios urbanísticos del ayuntamiento crean problemas a los ciudadanos e inseguridad a los empresarios

La sentencia del Tribunal Supremo declarando ilegal parte del Hotel Bahía Tropical y abriendo la puerta a una posible demolición supone un duro golpe a la actuación del ayuntamiento en materia de urbanismo. Como bien señala la dirección del hotel, ellos han actuado en todo momento de acuerdo a las licencias concedidas por el ayuntamiento, que es el único culpable de la situación.

IU considera tan lamentable como inevitable que, si la demolición llega a producirse, los vecinos tengamos que pagar una importante indemnización a la empresa propietaria del hotel.

El número de sentencias desfavorables al ayuntamiento no deja de crecer y pone de relieve una política totalmente equivocada en lo que se refiere a los criterios que han regido el urbanismo en esta localidad en los últimos veinte años. Es esta actitud del ayuntamiento la que crea inseguridad a los empresarios y problemas a los compradores de viviendas. Tanto unos como otros ven como sus obras o sus casas, con todos los papeles aparentemente en orden, son declaradas ilegales con todos los problemas que ello acarrea.

La solución no está, como piden algunos promotores, en acabar con la paralización cautelar de las obras presuntamente irregulares, sino todo lo contrario, en exigir a la Junta de Andalucía y a la justicia una mayor celeridad en sus actuaciones aunque no podemos olvidar que en muchos casos, la dilación de estos organismos se debe a una actuación premeditada del ayuntamiento que retrasa todo lo que puede el envío de la documentación requerida para que las licencias concedidas se puedan analizar.

El ayuntamiento es consciente de que los criterios urbanísticos utilizados en el municipio durante veinte años son contrarios a la legalidad. Buena prueba de ello es que en septiembre de 2007 fue la propia Junta de Gobierno Local la que acordó cambiarlos de manera radical. Es seguro que el número de licencias irregulares concedidas a partir de esa fecha va a disminuir de manera importante, pero en los próximos años aún nos quedan por ver cientos de sentencias que van a venir en contra del ayuntamiento por las barbaridades aprobadas años atrás.

La actuación de la Junta, contra lo que indican algunos promotores, es áun  más tibia de lo que debería ser ya que, en muchas ocasiones, las irregularidades urbanísticas llegan a los juzgados por iniciativa de ciudadanos particulares que se sienten afectados cuando la Junta tiene medios humanos y técnicos para garantizar y vigilar el cumplimiento de la legalidad.

Debemos comparar esta situación con la del Hotel Medina o el Hotel Mayoral. El primero fue paralizado por Benavides cuando ya estaba la estructura hecha. En aquel caso, el hotel tenía las licencias y los permisos dados de acuerdo a los informes técnicos pero Benavides entendió que los informes no eran correctos. Benavides podría ser acusado, con los argumentos que hoy utilizan los promotores y él mismo, de paralizar el municipio y destruir empleo.

En el caso del hotel Mayoral, fue la Justicia, con el beneplácito de Benavides, la que frenó, antes de que llegara a ponerse un ladrillo, un proyecto que se pretendía realizar en una parcela en la que no se podía construir. También ahí podría acusarse a Benavides de paralizar el crecimiento del sector turístico. Pero sería demagogia hacerlo porque en ambas paralizaciones, Benavides hizo lo correcto.

Donde ya no actuó de manera correcta fue en el caso que nos ocupa, o en el del Hotel Bahía Almuñécar, o en este otro que se pretende construir por el señor Betoret junto al Colegio de la Santa Cruz.

En el caso del Hotel Bahía Tropical, han sido concejales de todos los partidos los responsables de este desaguisado al apoyar con su voto unos proyectos irregulares sobre los que tendrían que dar cuentas tanto ellos como los técnicos que les han dado el visto bueno. Tengamos en cuenta que, según la sentencia, en la parcela donde se hizo el hotel se podían levantar tres plantas como máximo mientras que se dio permiso para levantar hasta siete en algunos sitios, lo cual es un claro incumplimiento de la legalidad que no se debía haber aprobado y ahora no estaríamos ante un problema de esta importancia.

Cualquier grupo político debe estar a favor de que se construyan hoteles, viviendas e infraestructuras de todo tipo, pero respetando la legalidad para evitar problemas a compradores, promotores y trabajadores.

En IU nos parecen perversas la actitud y las últimas declaraciones de Benavides y de sus concejales, ya que en todo momento están aludiendo a que han aprobado licencias y actuaciones urbanísticas con el visto bueno de los técnicos de urbanismo y el departamento jurídico del Ayuntamiento de Almuñécar, en un claro intento de echarle el muerto a los técnicos y lavarse las manos. La formación de izquierdas emplaza a los técnicos del ayuntamiento a que no colaboren con los políticos en la redacción de informes ambiguos, ya que los van a dejar en la estacada, además de que los anima a que denuncien las situaciones ilegales que han detectado pero que no se han atrevido a poner en conocimiento de la justicia.