La corrupción en Marbella deja un 'agujero' de 253 millones de euros

Nada menos que 253,5 millones de euros, más de 40.000 millones de las antiguas pesetas, en tan sólo cuatro años. Ése es el agujero que dejó la corrupción en Marbella entre 2002 y 2006, de acuerdo al informe aprobado por el Tribunal de Cuentas y que fue hecho público ayer.

El órgano fiscalizador hace un dibujo desolador del Consistorio bajo los gobiernos de los entonces alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe y la sombra del todopoderoso asesor de Urbanismo por aquellos años, Juan Antonio Roca: el saqueo fue continuado, con un Ayuntamiento que pagaba sin problemas obras inexistentes, que cobraba lo que quería por las licencias o que adjudicaba a dedo los concursos. Y todo ello, sin respetar las más mínimas normas administrativas.

El tribunal fiscalizador asegura que esos más de 250 millones de euros desaparecieron en las cuentas de las 31 sociedades mercantiles creadas por el Ayuntamiento y se convirtieron en la gran herramienta de los corruptos. Un turbio entramado empresarial, se afirma en el informe fiscalizador, para crear una administración paralela sin ningún tipo de «control financiero». Nadie «exigía la justificación del empleo dado a las transferencias o las deudas asumidas» por esas empresas del consistorio.

Todo era descontrol, según el estudio del tribunal. Los responsables de esas empresas municipales no tenían problemas para pagar, sin que constara en libro de contabilidad alguno, «con talones al portador o en metálico importes elevados» a supuestos prestadores de servicios. Incluso, se agrega, «las sociedades municipales aceptaban facturas de proveedores por obras en las que no constaban presupuestos ni proyectos técnicos».

La trama tejida por los herederos políticos de Jesús Gil se encargó de que nadie fuera de sus acólitos pudiera saber lo que estaba pasando. Durante los últimos años de la corrupción en Marbella, «el Pleno del Ayuntamiento no tuvo información ni ejerció ningún control sobre la gestión económica de las actividades municipales en general y de la sociedades mercantiles en particular», apunta tajante el organismo fiscalizador. Y aunque la oposición hubiese tenido oportunidad, tampoco hubiera podido enterarse de nada. Los equipos de Muñoz y Yagüe, como sus antecesores, trabajaban sin «presupuestos específicos».

No había presupuestos, por lo que tampoco había que ajustar las cuentas. Las partidas, a través de las empresas del Ayuntamiento, salían de las arcas municipales sin fiscalización alguna. Bastaba con coger el dinero y hacer una anotación en el registro: «A justificar». El tribunal concluye que «con carácter general se utilizó el procedimiento 'a justificar' para atender todo tipo de operaciones sin que existieran condicionantes objetivos que impidiesen su tramitación ordinaria».

No se controlaban los gastos, pero, aunque sorprenda, tampoco los ingresos. En la recaudación de las tasas municipales intervenían, cómo no, las empresas ligadas al Ayuntamiento. El Tribunal de Cuentas dice haber localizado todo tipo de irregularidades en los cobros: tarifas «excesivas» por licencia de construcción, obra o apertura de establecimientos; falta de ingresos por «cánones de concesiones» y dinero desaparecido de las multas de tráfico, entre otras muchas irregularidades detectadas.

Los chanchullos también se extendían a la contratación de personal. «El Ayuntamiento contrató trabajadores fuera de la plantilla sin realizar convocatorias públicas y sin una selección objetiva con base en procedimientos formalmente instituidos», relata el tribunal. Hubo incrementos de sueldos que «contravenían el régimen de la función pública», el Ayuntamiento pagó horas extras a sus funcionarios que superaban con mucho los límites legales establecidos y los regidores pusieron sueldos a simples trabajadores de hasta 100.000 euros.

Otro agujero negro de la corrupción marbellí se abrió en las obras y en los suministros. En esa partida contable cabía todo. La comisión de gobierno municipal no tuvo empacho en aprobar «proyectos y presupuestos inexistentes».

Tampoco había, subraya el informe del Tribunal de Cuentas, «ni controles técnicos» ni «controles financieros». El Ayuntamiento de la localidad costasoleña encargó proyectos a empresas constructoras «sin acudir a ningún procedimiento objetivo de selección» e incluso, en ocasiones, dio obras a compañías con objeto social que nada tenía que ver con el trabajo que se encargaba.

El Consistorio decía 'sí' a cualquier factura que viniera de las empresas consideradas 'amigas' Se aceptaron pagos por obras o suministros «no ejecutados o por un volumen superior a lo realmente ejecutado», se facturaron trabajos con precios mucho mayores que los existentes en el mercado y se aceptaron operaciones que superaban con mucho el presupuesto inicialmente acordado.

El descontrol también se apoderó de los convenios urbanísticos. Durante los cuatro años objeto de análisis del tribunal se aprobaron en total 98 planes, con el objetivo «habitual» de «recalificar terrenos». Sólo 48 de este casi centenar de convenios urbanísticos recibieron luz verde de la comisión de gobierno.

El urbanismo en Marbella fue convertido en una cuestión privada, en un negocio. «La planificación urbanística municipal fue sustituida por la firma de convenios particulares», denuncia el Tribunal de Cuentas en su informe. Este documento, explicaron fuentes judiciales, será uno de los ejes de las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción en el 'caso Malaya'.