Denuncian al ex alcalde de Seseña por aprobar el PAU del "Pocero"

La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado al ex alcalde de Seseña José Luis Martín (PSOE) por prevaricación, cohecho y delito contra la hacienda pública en la aprobación del PAU de El Quiñón de Seseña (Toledo), donde Francisco Hernando, 'Paco el Pocero', prevé la construcción de 13.508 viviendas.

Anticorrupción, que ha investigado la autorización de ese PAU durante dos años a instancias de Izquierda Unida, ha encontrado "unos incrementos patrimoniales injustificados" por parte de Martín, que gobernó en Seseña entre 1999 y 2003, por lo que ha presentado una denuncia ante el juzgado de instrucción de Illescas (Toledo).

El actual alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, de Izquierda Unida, denunció ante la Fiscalía el 14 de julio de 2006 un presunto trato de favor por parte del anterior gobierno municipal y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la tramitación y aprobación del PAU.

La denuncia de la Fiscalía, fechada hoy 9 de julio, sostiene que el alcalde forzó el último día hábil de la legislatura la aprobación de un PAU que iba a quintuplicar la población del municipio a sabiendas de que faltaban informes preceptivos de la Comisión Provincial de Urbanismo o la evaluación ambiental de la Consejería de Agricultura de la comunidad.

Entre 2002 y 2005, Martín realizó sucesivas inversiones y desembolsos de importantes cantidades de dinero, incremento patrimonial que justificó ante la Fiscalía alegando haber cobrado un cupón de la ONCE premiado con 144.000 euros en el año 2000 y las sucesivas reinversiones de ese dinero.

La Fiscalía considera que esas afirmaciones no quedan acreditadas "al no constar declarados los incrementos patrimoniales relacionados con ese u otros ingresos".

Según la denuncia, en 2002 coincidió la presentación por parte de la empresa ONDE 2000 SL, propiedad de Francisco Hernando, del PAU en el Ayuntamiento con la suscripción por parte del Martín de dos fondos de inversión y seguros por importe de 158.000 euros y 1.800 euros, respectivamente.

También adquirió entonces un bien inmueble en Málaga por importe de 9.617 euros a pesar de que su salario entre 2001 y 2005 fue de 27.806 euros brutos, excepto en 2003, cuando, al dejar en junio el Ayuntamiento, sólo percibió 17.074 euros.

El 13 de mayo de 2003, cinco días después del pleno municipal en el que se aprobó el PAU, Martín suscribió tres fondos de inversión a favor de sus hijos por importe de 48.000 euros cada uno (un total de 144.000 euros).

Ese año también firmó fondos de inversión por importe de 20.000 euros a dos de sus hijos, realizó un desembolso en efectivo de 77.208 euros y se subrogó en dos préstamos hipotecarios por importe conjunto de 250.244 euros para comprar dos viviendas de la sociedad Promociones del Saz 2000 SL, empresa vinculada a ONDE 2000 SL, a la que ya se había adjudicado el PAU de El Quiñón.

En 2004, cuando José Luis Martín ya había dejado el Ayuntamiento, adquirió nuevos fondos de inversión por importe de 60.000 euros, mientras que el año siguiente firmó dos fondos de inversión por 15.000 y 110.113 euros, y desembolsó 71.334 euros a Promociones Zapata y Muñoz y 14.921 a Mapfre Mutualidad.

La Fiscalía relata en la denuncia el proceso de autorización del PAU, en el que el alcalde convocó tres plenos extraordinarios en los últimos meses de la legislatura para sacar adelante el proyecto, que aún no contaba con el visto bueno de la Comisión Provincial de Urbanismo ni con el informe ambiental de la Consejería de Agricultura.

Martín ignoró en varias ocasiones las advertencias de la oposición y el PSOE sacó adelante con sus votos el proyecto, aprobación que fue anulada por el Ayuntamiento después de las elecciones, que ganó Manuel Fuentes (IU).

La Fiscalía cierra la investigación con una denuncia que sólo afecta al ex alcalde, a pesar de que IU había pedido que se investigara la actuación de Hernando, la de varios ediles del PSOE y del PP y la del entonces consejero de Obras Públicas, Alejandro Gil, puesto que el informe de Urbanismo salió de la Consejería el mismo 8 de mayo en que se aprobó el PAU.

Asimismo, IU pidió la investigación de la relación del entonces presidente regional, José Bono, con la empresa ONDE 2000, que, según IU, habría realizado trabajos en la Hípica Almenara, de la que era accionista el actual presidente del Congreso.