Los fiscales van a ir a la caza de los funcionarios corruptos en materia urbanística

El Fiscal coordinador de la Red de Fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha comunicado su intención de hacer partícipe al Fiscal General del Estado, de las conclusiones a las que han llegado los fiscales de medio ambiente tras su último encuentro en Fuerteventura.

Uno de los acuerdos de mayor peso de los adoptados en esta reunión, consiste en un intenso control de cada fiscal en sus respectivas demarcaciones respecto a los asuntos urbanísticos que revisen, persiguiendo sin descanso las "regularizaciones" que llevan a cabo los ayuntamientos para legalizar actuaciones ilegales "a posteriori".

Entre las decisiones más punitivas, se encuentra la posibilidad de aplicar a los delitos contra la ordenación del territorio, la agravación de articulo 338 del Código Penal, relativa a los conductas delictivas en materia de Medio Ambiente y Urbanismo, con lo que la pena se agravaría en un grado cuando el delito afecte a un espacio natural protegido. Lo novedoso es que cuando se habla de espacios protegidos, no solo se refieren a los parques naturales, sino a toda la Red Natura 2000, que engloba el 25% del territorio nacional.

Otra puntualización de vital importancia, se hizo al acordar que la tipificación que se empleará para tratar el delito será la vigente en el momento de la realización de la actuación delictiva, con lo que cualquier "regularización" posterior de la situación no sólo no será válida, sino que podrán verse imputados los funcionarios que realicen tales actuaciones, ya sea por los tipos específicos de los artículos 320 y 322 del Código Penal o por los generales de prevaricación.

Los fiscales pretenden además desanimar a los corruptos con la demolición automática de toda obra ilegal, quedando ellos permanentemente a cargo de tal demolición hasta su efectivo cumplimiento.