El fiscal pide cárcel para Benavides por fingir su separación para no pagar una millonaria condena
Solicita dos años y medio de prisión para el alcalde, uno de sus hombres de confianza y sus mujeres por maquinar en «connivencia» su ruptura con «finalidad defraudatoria» La Fiscalía entiende que redujeron su patrimonio para eludir la sentencia de ’Tropical Fruit’
A finales de los años ochenta el Ayuntamiento de Almuñécar -gobernado con mayoría absoluta por Juan Carlos Benavides, entonces en el PA- creó la empresa ’Tropical Fruit’ para promocionar los preciados frutos de la zona. La sociedad -con capital mayoritario municipal- empezó a funcionar en 1989 con un importante desembolso. En 1991, y contra todo pronóstico, el PSOE ganó las elecciones municipales y con ello cogió también el mando del consejo de administración de ’Tropical Fruit’.
En tan sólo dos años la empresa había acumulado unas pérdidas abultadas. Rodeados por los embargos promovidos por los acreedores, los socialistas liquidaron la sociedad. El nuevo consejo de administración puso además un contencioso en los juzgados de Motril para que se investigara el agujero económico. Según la demanda, ’Tropical Fruit’ compraba a los productores a precios que estaban por encima del mercado y después los comercializaba mucho más baratos. Este peculiar técnica derivó irremediablemente en cuantiosas pérdidas.
La demanda se presentó en 1992. En noviembre de 2003 el juzgado de Primera Instancia número 3 de Motril condenó a Benavides y al resto de miembros que formaban el consejo de administración a pagar solidariamente 1.414.897 euros -235 millones de las antiguas pesetas-.
Esta sentencia fue revocada en julio de 2007 por la Audiencia Provincial, entre otros curiosos argumentos porque los libros contables de ’Tropical Fruit’ habían desaparecido en un robo y no había elementos suficientes para probar las sustanciales pérdidas. El pleito está recurrido en el Supremo.
Son los antecedentes que han dado origen a otro procedimiento, este de índole penal, por el que Benavides, uno de sus más estrechos colaboradores y sus respectivas mujeres se enfrentan a una petición fiscal de dos años y medio de cárcel por un supuesto delito de alzamiento de bienes -manipular su patrimonio para eludir un embargo-.
Los que habían ganado el contencioso de ’Tropical Fruit’ decidieron ejecutar la sentencia aunque no era firme. Ni lo era entonces ni lo es ahora. El 25 de octubre de 2006 el juez dio 10 días de plazo a Benavides y a otros diez condenados para que entregasen su relación de bienes y empezar a cobrar el multimillonario fallo. Las cantidades eran desorbitadas: a los 1,4 millones de euros de principal había que sumar otro millón de intereses desde que se interpuso la demanda, 228.680 euros de intereses moratorios y otros 801.970 de intereses y costas de la ejecución. En total 3.476.771 euros.
Pero para esas fechas el alcalde de Almuñécar y uno de sus hombres de confianza, Rafael Contreras -actual secretario local del partido que fundó Benavides-, habían urdido en «connivencia» un plan para «eludir las responsabilidades civiles», según el relato del fiscal.
En un escrito de acusación fechado el 16 de febrero, el Ministerio Público entiende que tanto Benavides como Contreras -ambos condenados por el caso ’Tropical Fruit’- y sus respectivas mujeres «actuaron de mutuo acuerdo» y el mismo día, el 22 de julio de 2005, presentaron demanda de separación en los juzgados de Almuñécar.
Pensión para los hijos
Aunque los hijos de ambos matrimonios eran «mayores de edad, estaban emancipados, vivían de forma independiente y poseían recursos económicos suficientes» en las dos demandas se establecía la necesidad de pasar una pensión alimenticia. En el caso del matrimonio de Contreras y A. F. R. era de 500 euros por vástago -1.000 en total- y en el de Benavides y su mujer de 1.150 por hijo -2.300 euros-. El fiscal entiende que estos trámites tenían en los dos casos «finalidad defraudatoria».
A los dos meses de producirse la sentencia en la que se acordaba la separación, los abogados de las dos ex mujeres pidieron también el mismo día -el 9 de diciembre- que se retuviera judicialmente la prestación alimenticia acordada. En ambos casos se acordó la suspensión del procedimiento por «prejudicialidad penal». Se abrieron diligencias previas para investigar el supuesto alzamiento de bienes.
«Inembargable»
El escrito de acusación de la Fiscalía considera que los dos políticos condenados por el caso ’Tropical Fruit’ actuaron en «connivencia con sus respectivos cónyuges» y establecieron una «pensión de forma ficticia». Acto seguido, las esposas «solicitaron la retención en origen de los emolumentos que percibían y su ingreso en una cuenta bancaria» con la finalidad -entiende el fiscal- de «detraer la referida cantidad mensual de las responsabilidades civiles a que estaban obligados, generando así nuevas obligaciones inembargables para impedir la eficacia de un procedimiento ejecutivo de previsible iniciación».
Es decir, Benavides y Contreras establecieron una pensión tan alta que su patrimonio se vio reducido a la mínima expresión, tan poco que no se podía embargar si alguien decidía reclamar los cerca de 3,5 millones de ’Tropical Fruit’. De aquí surgió la leyenda popularizada de que los bienes de Benavides se limitaban a una vespino.
El fiscal solicita la apertura de juicio oral y pide para los cuatro acusados dos años y seis meses de prisión por un supuesto delito de alzamiento de bienes -el Código Penal prevé entre uno y cuatro años-, una multa de 27.000 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena.
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