Nada nuevo bajo el sol

Las quejas contra la Justicia y la Junta de la denominada Asociación de Promotores de Almuñécar no son algo nuevo. Al fin y al cabo, Trinitario Betoret y Germán Ureña no han descubierto nada. Repiten, con total exactitud, el guión ya escrito hace seis años en Marbella. Es bueno recordar la historia y aprender de ella para que no nos engañen ni nos confundan.

JOSÉ MARÍA IRUJO - Marbella - 16/11/2003

Desde el pasado mes de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado una medida excepcional y atípica, la paralización de 30 expedientes de obras que afectan a más de 2.000 viviendas ilegales que ya estaban siendo levantadas. Promotores y constructores aseguran que otros 23.600 apartamentos y hoteles que se están construyendo con licencias concedidas durante la etapa del GIL serán precintados si la Junta de Andalucía continúa remitiendo a la fiscalía denuncias por delitos urbanísticos.

La Consejería de Obras Públicas, que dirige Concepción Gutiérrez del Castillo, ha impugnado 280 licencias de obras, por considerarlas ilegales, durante los últimos tres años. De ellas, 166 corresponden a promociones ya edificadas, 84 a bloques en construcción y 30 a obras suspendidas. "Si continuamos a este ritmo será la hecatombe total y absoluta de Marbella", augura José Prado, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga.

El pasado día 6, el hotel Guadalpin, en Marbella, fue escenario de una reunión en la que se reflejó el temor que el inesperado cambio de actitud de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA -que preside Joaquín García Bernaldo de Quirós- ha provocado en el sector de la construcción marbellí. Y en especial entre los promotores que hicieron oídos sordos a los consejos de sus abogados y aceptaron las licencias presuntamente ilegales que les proporcionó primero Jesús Gil y, tras su inhabilitación judicial, su sucesor Julián Muñoz.

Los ocho promotores que asistieron al encuentro aseguraron que sus empresas sufrirán la paralización de 40 obras (alrededor de 4.000 viviendas), y estimaron que antes de fin de año los tribunales habrán precintado más de 100. "Si no logramos una solución, estimamos que las pérdidas pueden ascender a 1.500 millones de euros", señala uno de los asistentes. Concluyeron que la única solución era un acercamiento a la Junta de Andalucía, cuyas denuncias están parando las grúas.

¿Qué hizo cambiar la postura de los jueces que durante años se negaron a suspender las obras que denunciaba la Junta y permitieron el desarrollo ilegal y desordenado del municipio marbellí? Joaquín García Bernaldo de Quirós, presidente de la Sala de lo Contencioso, responde que lo hicieron cuando tuvieron "la convicción de la realidad que había detrás de los papeles". Cuando vieron "que era prudente para evitar males mayores". María del Rosario Cardenal, ponente del primer auto de suspensión cautelar de una obra en Marbella, lo explicó así en su resolución: "Las licencias aprobadas por el consistorio de Marbella pueden incidir en la transformación del modelo de ciudad o afectar a la gestión del erario público municipal con una repercusión muy negativa para la colectividad".

La sala judicial destacó que todas las obras amparadas por las licencias ilegales concedidas por Jesús Gil se ejecutaban y concluían antes de que los recursos interpuestos por la Junta se resolvieran. Y aventuraba algo que ya ha ocurrido: "Es posible que nos encontremos con que cuando se dicten los pronunciamientos judiciales de tantísimos recursos se haya podido también consumar la ejecución no de un edificio o urbanización, sino de una parte de cierta importancia del municipio".

Los jueces del TSJA reconocen en sus autos que la transformación de los terrenos que implica una obra "es difícilmente reversible" y adelantan que en el supuesto de que lo fuera las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados a los propietarios y constructores afectarían "gravemente" a las arcas del Ayuntamiento. Con éste y otros argumentos están suspendiendo cautelarmente las obras.

Pero la compensación que piden los afectados será difícil de obtener. Después de 12 años de gobierno del GIL, grupo hoy extinguido, el consistorio marbellí está arruinado. Debe 108 millones de euros a la Seguridad Social, 20,7 a Hacienda, 15 a la mancomunidad de municipios y 20 al patronato de recaudación. Unos 400 inmuebles municipales, viviendas sociales, locales de asociaciones y patrimonio histórico están embargados por el impago de un préstamo de 21,6 millones de euros al Banco de Crédito Local. El rosario de acreedores públicos y privados es interminable y crece día a día.

El PP local cifra la deuda municipal en 300 millones de euros y destaca que una de las primeras medidas del nuevo gobierno de tránsfugas que lidera la ex GIL Marisol Yagüe ha sido la subida de los impuestos (Bienes Inmuebles y Construcción), la revisión del catastro y la redacción de un inventario de los bienes municipales, hoy inexistente. "Seguimos como antes. No se ingresa la retención del IRPF de los 3.000 empleados municipales", asegura Ángeles Muñoz, uno de los cuatro concejales del PP.

El grupo Ávila Rojas, propiedad del granadino José Ávila, es uno de los más afectados por las suspensiones judiciales. Jesús Cantal, su director jurídico, augura "un serio problema de empleo". "Las 199 obras impugnadas este año por la Junta, parte de las cuales están siendo paralizadas de forma masiva por el TSJA, están frenando la actividad inmobiliaria de Marbella. Ya hemos visto caer las ventas en otras localidades como Torrox o Benalmádena", dice. En su opinión, la solución nunca será judicial sino política.

La consejera de Obras Públicas se reunió el pasado día 30 con una delegación de empresarios de construcción que lideraba Prado. "Me dijeron que se puede paralizar Marbella porque los jueces les están cerrando las obras. Estaban muy preocupados. Pero sólo hay una solución: que el Ayuntamiento redacte un nuevo plan de acuerdo con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía".