IU advierte a los responsables de trabajo y de hacienda de que “no palien su notable falta de ideas copiando a la baja iniciativas ya registradas por IU para salir de la crisis”

El responsable de Economía y Trabajo de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio, ha advertido a los responsables de los departamentos de Trabajo, así como de Economía y Hacienda, de que “no busquen paliar su notable falta de propuestas copiando a la baja algunas de las últimas iniciativas de IU para salir de la crisis, desarrolladas en nuestro Plan Económico Alternativo y plasmadas ya desde hace tiempo en iniciativas parlamentarias pendientes de debate en el Congreso”.

Esta reacción de Izquierda Unida se produce tras conocer distintos anuncios públicos hechos por altos responsables del Gobierno –incluidos el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña- en relación a diferentes propuestas que van a tratar de poner en marcha y que, en algún caso, serán estudiadas por el próximo Consejo de Ministros.

García Rubio afirma irónico que “vemos con agrado que el contenido de la carta remitida por Cayo Lara a Rodríguez Zapatero hace casi un mes, que incluía nuestro Plan Económico Alternativo para crear 1,9 millones de empleos en tres años y el ofrecimiento de un encuentro entre ambos dirigentes, está dando ya sus frutos y parece ‘iluminar’ la creatividad de algunos departamentos. Eso sí, todo ello sin que se haya tenido respuesta oficial a la misiva”.

EJEMPLO 1

En primer lugar se encuentra una de las medidas ‘urgentes’ a la que se ha dado más importancia, contenida en la batería de propuestas contra el desempleo que Corbacho presentará para su estudio en Moncloa el próximo viernes, todo ello sin contar con un acuerdo pleno de los agentes sociales tras ser debatidas en el marco del diálogo social con sindicatos y patronal.

Esta medida, anunciada por Trabajo el pasado lunes día 2 de marzo, plantea la reposición de las prestaciones por desempleo en expedientes de suspensión de contratos de trabajo. Sin embargo, el Gobierno establece unos serios límites: hasta un máximo de 120 días para aquellos que hubieran perdido su derecho a prestación en un ERE temporal que acabe siendo de extinción, y de 90 días en aquellos casos de suspensión en los que el trabajador hubiera agotado la prestación.

Cayo Lara presentó el pasado 16 de febrero en rueda de prensa, tras haberla registrado en el Congreso el día 12, una iniciativa parlamentaria en la que, tras una amplia exposición de motivos, se plantea al Gobierno la reposición de “las prestaciones contributivas por desempleo que hubieran consumido los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo de suspensión temporal”.

Esta propuesta de IU no marca las graves limitaciones que incluye la “mala copia” del Gobierno y se enmarca dentro del mantenimiento íntegro de derechos en el cobro de prestaciones que actualmente fija la ley. Además, en su contenido completo reclama también al Gobierno “ampliar la cobertura de la prestación asistencial por desempleo a los desempleados que carecen de responsabilidades familiares y no son mayores de 45 años, y a aquellos que, no teniendo derecho a prestación contributiva, carecen de responsabilidades familiares y no han cotizado un mínimo de 6 meses”.

EJEMPLO 2

Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda, anunció a comienzo de semana que el Gobierno pretende aprobar una ley para rebajar del 7% al 5% el interés de demora y del 5,5% al 4% el interés legal del dinero establecidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2009, dado que son más altos que los que existen en el mercado, ya que el precio del dinero se encuentra desde hace meses en el 2% y con tendencia a la baja.

Esta es una vieja reivindicación de Izquierda Unida que, en coordinación con el colectivo de técnicos de Hacienda (Gestha) lleva planteando ya durante la tramitación de los Presupuestos el año pasado esta rebaja urgente, ya que beneficiará notablemente a particulares y Pymes con problemas con el fisco.

Izquierda Unida ya explicó que “la Agencia Tributaria aplica un tipo de interés del 7%, el doble que el euribor al cierre de 2008, a los contribuyentes que solicitan aplazamientos o fraccionamiento de sus pagos fiscales. Este tipo se reduce al 5,5 sólo en el caso de garantizar la deuda con aval bancario, una posibilidad muy remota dasda las restricciones financieras”.

“La deuda pendiente por aplazamiento de pago a 30 de septiembre de 2008 ascendía a 5.200 millones de euros, por lo que de aplicar los tipos legales vigentes supondría un sobrecoste de intereses para los ciudadanos de 364 millones”, señala IU.

Por todo ello, mientras el Gobierno parece haberse dado cuenta ahora de esta circunstancia, Izquierda Unida a través de su portavoz parlamentario Gaspar Llamazares registró en el Congreso el pasado 29 de enero una iniciativa por la que ya instaba a los responsables económicos del Ejecutivo socialista a “tomar urgentemente las medidas oportunas para flexibilizar los plazos de pago y la reducción de los tipos de interés que abonan los contribuyentes cuando solicitan un aplazamiento de sus deudas tributarias”.