La Diputación ingresó a Almuñécar el año pasado casi seis millones en 35 anticipos

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El pasado verano Juan Carlos Benavides se enfrentó a la Diputación por la decisión de reemplazar al que durante la última década había sido el encargado de la oficina de recaudación de impuestos de la institución provincial en Almuñécar. El pulso se resolvió por la tangente y el Ayuntamiento sexitano decidió -con los votos de Convergencia Andaluza (CA) y del PP- romper el convenio que existía desde 1992 con Diputación para recaudar los impuestos en el municipio.

Tras un procedimiento no exento de polémica, el pasado 16 de marzo el pleno de Almuñécar adjudicó definitivamente el servicio de recaudación a una unión de empresas, que ha puesto de director en su oficina a la misma persona que tenía la Diputación, Francisco Ledesma, que en la actualidad es concejal del PP en el municipio. Este es el guión del nuevo conflicto.

La Junta recurrió el acuerdo y el juzgado lo ha dejado en suspenso hasta que haya sentencia firme. Esto significa que el Ayuntamiento de Almuñécar tiene básicamente dos caminos: o recaudar los impuestos con sus propios funcionarios o delegar en algún organismo público. El diputado de Economía, José María Aponte, abrió ayer la puerta al Consistorio por si quiere regresar al servicio de la institución provincial: «No vamos a endurecer las condiciones».

Hay otro segundo recurso -presentado por IU y CGT- con similar trasfondo. El sindicato CGT apunta además que la adjudicación del pleno se produjo seis días después de que el juez paralizara el contrato, lo que podría representar un presunto caso de prevaricación. En una línea similar, el diputado provincial Aponte señaló que la nueva oficina abrió el 4 de febrero, mes y medio antes del acuerdo plenario.

Ante una coyuntura tan adversa, la reacción de Benavides fue reunir el jueves a los trabajadores y anunciarles que el Ayuntamiento está poco menos que en bancarrota. Como -según argumenta- no se pueden cobrar impuestos, no habrá dinero para pagar la nómina de abril.

¿Se puede ir a la quiebra un ayuntamiento de la noche a la mañana? Por el escenario que dibuja Benavides esto es lo que ha sucedido. La situación económica del Consistorio sexitano no es buena. Hasta aquí nada distinto a cualquier otro municipio. Pero hay otros elementos más singulares. El Ayuntamiento tiene los presupuestos prorrogados desde 2006 y la última liquidación facilitada a la oposición data de 2005. Entonces, la deuda era ya de 30 millones de euros. Un municipio que ha crecido tanto sigue funcionando con un plan urbanístico de 1987, aunque remendado hasta la saciedad. El gobierno sexitano ha ingresado por anticipado cantidades millonarias de un PGOU que no existe y que probablemente nunca se aprobará tal y como lo concibió inicialmente Benavides. Habrá que devolver ese dinero.

Un dato para reflejar la difícil situación económica por la que atraviesa el Ayuntamiento sexitano. En 2008 -cuando la Diputación era quien recaudaba aún sus impuestos- el Consistorio pidió 35 anticipos, los tres últimos el 24 de noviembre por algo menos de 450.000 euros. En total, la Diputación le ingresó 5.867.540 euros a cuenta de los recibos que preveía recaudar, y que unas veces se cobran y otras acaban en la vía ejecutiva.

Almuñécar solicitó 11 anticipos del IBI rústico, otros tantos de la contribución urbana y del IAE, un ingreso de 700.000 euros a cuenta del impuesto de vehículos y otro de 250.000 por la basura.

El grifo de los adelantos se ha cerrado y eso complica sobremanera el día a día de un Ayuntamiento que se autodeclara en suspensión de pagos. Por esta misma época, entre marzo y abril del año pasado la Diputación le ingresó 1.594.096 euros para hacer frente a gastos ordinarios.

Por otra parte, el vicepresidente tercero de Diputación aseguró ayer que el Ayuntamiento de Almuñécar tiene desde el 19 de diciembre el soporte informático necesario para cobrar 3,4 millones de euros en impuestos.