El Consejo Consultivo considera que el ayuntamiento fue el responsable del problema surgido en la Ayuda a Domicilio

Una vez conocido el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía en relación con el contrato entre Adhara y el Ayuntamiento, IU quiere manifestar que las declaraciones realizadas hace unos días por el ayuntamiento ocultan la realidad. En una grosera manipulación del dictamen, el equipo de gobierno tiene la desfachatez de afirmar que el Consejo Consultivo da la razón al ayuntamiento.

El dictamen del Consejo Consultivo considera responsable de todo el conflicto que se ha vivido en la ayuda a domicilio al ayuntamiento y, por esta razón, le niega el derecho a incautar la fianza de 1.574,42 euros que la empresa tenía depositada. Dice textualmente el Consejo Consultivo que:

En el presente caso, habida cuenta de que la actuación previa del Ayuntamiento ha sido irregular, en la medida en que ha permitido la prestación de servicios que no formaban parte del objeto y que carecían de consignación presupuestaria, y que dicha actuación ha sido, en cierta medida, la génesis de la posterior decisión de la contratista, no procede la incautación de la garantía definitiva.”

El Consejo Consultivo da por resuelto el contrato, pero esta no era una pretensión del ayuntamiento sino de ambas partes, ya que Adhara había abandonado de hecho el servicio en vista de que llevaba ocho meses sin cobrar.

Pero es más, el Consejo Consultivo afirma con rotundidad que tanto el ayuntamiento como la empresa han actuado de manera ilegal al ampliar el contrato que tenían firmado. El ayuntamiento no debía haber solicitado más servicios que los que tenían contratados y la empresa no debía haberlos realizado. Textualmente, el Consejo Consultivo afirma que:

Dejando al margen la ilegalidad de la situación, y la consiguiente nulidad del “contrato” prestado por la adjudicataria, al margen del contrato que le fue adjudicado, imputable tanto a la Administración como a la contratista, pues ambas partes han de saber que la contratación administrativa exige y requiere una serie de formalidades insoslayables, entre las que no es la menos importante la existencia de crédito, lo cierto es que la adjudicataria ha paralizado unilateralmente la ejecución del contrato, acordando su resolución, lo que, desde luego, resulta inadmisible.

Es decir, el ayuntamiento actuó de forma ilegal al ampliar de hecho el contrato que tenía con Adhara. El ayuntamiento provocó la huelga y la ruina de Adhara al exigir estos nuevos servicios y no pagarlos. Esto es lo que dice el Consejo Consultivo. La interpretación sesgada que ha hecho el portavoz del ayuntamiento no hace sino ocultar la realidad de los hechos y es que también en esta ocasión el ayuntamiento ha puesto en la ruina a una pequeña empresa local al obligarla a aceptar unos servicios que no estaban en el contrato inicial y que debían haber salido a concurso para que se los quedara esa misma empresa u otra, pero con un pliego de contratación legal.

Esa actuación ilegal del ayuntamiento se ha continuado con el despido de hecho de las empleadas de Adhara. A pesar de los comentarios aburguesados y rancios del alcalde cuando el portavoz de IU ha pedido la gestión pública de algunos servicios, el ayuntamiento ha preferido municipalizar el servicio en esta ocasión, pero dejando en la calle a las empleadas de Adhara. El alcalde decidió castigar a las empleadas que llevaban durante varios años la ayuda a domicilio, y que han tenido la osadía de convocar una huelga porque llevaban varios meses sin cobrar. Para poder dejarlas en la calle ha rechazado la propuesta de IU de crear una empresa municipal de ayuda a domicilio, que es la fórmula legal para haber dejado a esas trabajadoras. El carácter vengativo del alcalde se ha vuelto a imponer sobre lo que debía haber sido la salida razonable del conflicto.

Ilegalidades de ese tipo las comete a diario el ayuntamiento estirando y achicando los contratos como le da la gana de tal manera que una empresa puede llegar a facturar el doble de lo que estaba previsto en la concesión. Estas ilegalidades no son denunciadas porque convienen a ambas partes. En este caso de Adhara, la cuerda se rompió porque el impago del ayuntamiento acabó con la empresa, pero si no hubiera sido así, es presumible que esta empresa habría seguido el tiempo que hubiera hecho falta realizando unos servicios que no tenía adjudicados.

Lo lamentable de esta situación es que los ancianos y minusválidos que recibían la ayuda a domicilio han sufrido durante meses la no prestación de la asistencia que tienen concedida por Ley sin que la Junta de Andalucía prestara la más mínima atención. Es bochornosa la actuación negligente de los responsables de la Delegación de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía. En un tema tan delicado como éste, en vez de velar por la legalidad en las actuaciones de los ayuntamientos, pasa olímpicamente de sus atribuciones y deja cometer, una tras otra, irregularidades como ésta.