El fiscal pide cárcel para Benavides por coacciones a la tele municipal

EFE La Fiscalía ha solicitado una pena de dos años y seis meses de prisión para el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, por un delito de coacciones contra la empresa Medios Informativos de la Costa Tropical S.L., adjudicataria de la televisión local cuando ocurrieron los hechos.

El Ministerio Público pide igualmente para Benavides el pago de una multa de 36.000 euros y que en concepto de responsabilidad civil indemnice conjunta y solidariamente con el Ayuntamiento de Almuñécar a la empresa Medios Informativos Costa Tropical en las cantidades dejadas de percibir desde que ocurrieron los hechos y hasta la finalización del contrato de adjudicación.

Está previsto que el juicio por esta causa se celebre el próximo miércoles en el Juzgado de lo Penal 1 de Motril.

Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, un acuerdo de la comisión municipal de gobierno del Ayuntamiento del 7 de abril de 2000 adjudicó por cuatro años a la empresa Medios Informativos Costa Tropical los servicios relativos al desarrollo, producción de programas, tiempo de difusión y publicidad institucional en medios audiovisuales de titularidad municipal.

Para el desarrollo de sus funciones la empresa utilizaba la segunda planta del edificio de la Casa de la Cultura y un cuarto situado en la terraza, así como una caseta en el Rancho de Río Verde, de titularidad municipal, lugares donde se encontraban todas sus instalaciones y material técnico necesario para dicha actividad.

Esta utilización fue concedida desde el primer momento por el Ayuntamiento, que suministraba el servicio de electricidad.

En enero de 2004, siendo alcalde Benavides, éste ordenó el cambio de cerradura de la caseta de emisión situada en Río Verde, así como en los locales de la Casa de la Cultura que utilizaba la empresa adjudicataria, mientras que en la Junta de Gobierno de ese mes se acordó el corte del suministro eléctrico de los locales.

Según el escrito del fiscal, la orden se hizo efectiva con fecha del 16 y 19 de enero, sin que previamente se comunicara ni notificara al representante de la empresa, circunstancia que impidió que ésta pudiera continuar con su actividad, con los consiguientes perjuicios económicos.

Esta circunstancia fue utilizada para acordar, el 21 de enero de ese año en la Junta de gobierno local, que se incoara contra la adjudicataria un expediente sancionador procediendo a la suspensión cautelar del contrato, el cual fue resuelto el 9 de febrero del 2004.