El juez ve "motivos suficientes" para juzgar a Benavides por prevaricación

Granada Hoy

El alcalde de Almuñécar se encuentra a un paso de ir a juicio por haber cerrado y adoptado otras medidas contra el Camping Carambolo, que es propiedad de un concejal de IU y detractor del PGOU

El caso del cierre del Camping Carambolo, la enésima causa judicial de todas las que el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, tiene abiertas, obligará previsiblemente a que el regidor se siente en el banquillo para ser juzgado por un delito penal. Es la consecuencia del auto dictado por una juez de instrucción de la localidad, que encuentra suficientes indicios de prevaricación.

La instructora de la causa ha investigado una denuncia contra el alcalde, el ex concejal de Urbanismo Emilio González Pavesio y un técnico municipal por supuestas actuaciones arbitrarias que iban en contra de la actividad del Camping Carambolo, una instalación en la que se desarrollaban actividades de educación ambiental y que es propiedad del concejal de IU en el Ayuntamiento de Almuñécar, Fermín Tejero Mesa. El edil aseguró ayer que el cierre del establecimiento y otros expedientes abiertos contra él son una represalia por su oposición al nuevo PGOU que promueve Benavides.

La juez ha terminado la investigación y ha pedido a las partes (acusación particular y Fiscalía) que hagan sus peticiones de cara a la apertura de un juicio oral, que debería de celebrarse en un juzgado penal. "De las diligencias practicadas hasta ahora se desprende que, a sabiendas de su injusticia, se promovieron, ejecutaron y dictaron resoluciones administrativas en contra de la entidad de la que el denunciante es representante", expone la juez en su auto de apertura de procedimiento abreviado.

El Camping fue cerrado por el Ayuntamiento de Almuñécar durante el verano de 2005 y actualmente se mantiene en esa situación desde marzo de 2008. El auto destaca que en pocos días, el Consistorio hubiera ordenado hasta cinco inspecciones del establecimiento, que derivaron en un expediente de disciplina urbanística que fue anulado por una sentencia administrativa.