Un juzgado imputa a Benavides un delito de prevaricación

La Opinión

La juez ve indicios de arbitrariedad en el cierre del camping y del centro ambiental de la empresa Karanda. El alcalde prefiere esperar a que los tribunales aclaren los hechos

NOELIA M. ESTEBANÉ

El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza), suma una nueva causa judicial a su lista de acusaciones. Ahora ha sido la magistrada sustituta del juzgado sexitano de Primera Instancia e Instrucción número 2 la que observa indicios de un presunto delito de prevaricación por parte del regidor, el ex concejal de Urbanismo, Emilio González Pavesio, y el administrativo del Ayuntamiento Francisco Onofre.

Los hechos investigados se remontan al año 2005, cuando el gobierno local de Almuñécar dictó, en una junta extraordinaria, un expediente de disciplina urbanística que obligaba al cierre del camping Carambolo y el centro de Educación Ambiental Karanda, de los que es representante legal el concejal de IU en el Ayuntamiento, Fermín Tejero.

El auto judicial (que responde a la querella presentada por Tejero en 2006) considera, no obstante, que la resolución administrativa en contra de la empresa Karanda S. L. se dictó "a sabiendas de su injusticia, según se desprende de las diligencias practicadas".

Los argumentos aducidos en la resolución judicial se basan en un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y en una sentencia del juzgado contencioso-administrativo número 3 de Granada que anulaba "por indefensión" los efectos del expediente disciplinario con efectos retroactivos. "Puede considerarse ´a prima facie´ que existen indicios de la perpetración de un posible delito de prevaricación por parte de los imputados", recoge la resolución.

Según Tejero, la actuación del grupo político de Benavides se produjo "como represalia por denunciar el urbanismo salvaje del Ayuntamiento", pues IU rechazó el planeamiento urbanístico proyectado por el Ayuntamiento y se opuso a que los terrenos donde se ubica el camping y el centro ambiental fuesen declarados de máxima edificabilidad. Es más, el querellante asegura que tras esta confrontación política, el equipo de gobierno envió hasta cuatro inspecciones en un mismo día y ordenó, tres días más tarde, el precinto de las instalaciones "sin causa justificada".

"Los únicos delitos de Karanda S. L. son instalar dos cabañas de madera legalizadas y autorizadas por la Delegación de Turismo desde 1995. Realmente, lo único que ha hecho la empresa es que yo formo parte de ella", declaró Tejero, quien alega que las inspecciones no se produjeron de forma arbitraria, pues "el resto de campings de Almuñécar no se investigó, a pesar de que muchos de ellos no tienen ni licencia".

Junto a esto, el edil de IU añadió que en la sentencia que anulaba el expediente disciplinario se obligaba al Ayuntamiento a concretar qué anomalías sufría el camping y las aulas ambientales para que pudieran ser subsanadas por la empresa gestora, sin que a día de hoy se haya pronunciado el gobierno local al respecto. "El equipo de gobierno no nos ha contestado a nada, toda la tramitación es una chapuza, los expedientes están perdidos, no tienen índices, se quitan los papeles que no interesan y no hemos conocido las actas", denunció Tejero, quien confirma que contra esta práctica se han presentado hasta seis denuncias ante el Contencioso-administrativo.

Asimismo, el concejal de IU señala que en enero de 2008 el Ayuntamiento volvió a cerrar las instalaciones motivando, en esta ocasión, un "falso" cambio de actividad de la empresa, contra lo que se interpuso un recurso de reposición que han tardado un año en contestar.

El alcalde no responde. Benavides no quiso, por su parte, hacer declaraciones al respecto y prefirió que sea la justicia la que determine la existencia o no del delito de prevaricación.

Sí se pronunció el coordinador provincial de IU, Manuel Morales, quien mostró su satisfacción ante la resolución judicial. "Esperamos que este caso prospere junto a las otras muchas causas que están abiertas", apostilló.

Supuesta falsificación. En este sentido, Tejero recordó que también acudió a la vía penal contra el Ayuntamiento de Almuñécar por un supuesto delito de falsificación de firma, que se encuentra en proceso de investigación, como consecuencia de "la presión administrativa y el acoso por parte del gobierno local". Según acusa el querellante, el equipo de gobierno usó su firma de forma fraudulenta para formular una denuncia contra un vecino.