Almuñécar encabeza las modificaciones puntuales del PGOU en la provincia

La Opinión. P. M

Almuñécar es el municipio de la provincia que ha recurrido en más ocasiones a las modificaciones puntuales del PGOU como herramienta para materializar cambios urbanísticos. El pleno del Ayuntamiento ha aprobado en los últimos años 120 cambios del planeamiento mediante esta fórmula, que permite alterar el uso del suelo sin pasar por el control de la Comisión provincial de Ordenación del Territorio.

La Junta de Andalucía no ha dudado en calificar esta práctica como un "uso excesivo" de un recurso que fue ideado para corregir los errores del planeamiento de forma excepcional, de ahí que incluya en su denominación la palabra ´puntual´. En el caso de Almuñécar, las modificaciones son más usuales que puntuales. El PGOU actual lleva vigente 22 años (desde el año 1987) y la redacción del próximo ha cumplido 8 años de tramitación. Como la revisión global del PGOU siempre ha sido una empresa difícil, Benavides optó por explotar al máximo las posibilidades que ofrecen las modificaciones puntuales del plan general. Ciento veinte en total, de las que prácticamente el 97% se han realizado durante las etapas de Benavides como alcalde.

Los datos de las modificaciones puntuales aprobadas en otros municipios distan mucho de lo que sucede en Almuñécar. Motril, con el doble de habitantes que la localidad sexitana, ha efectuado unos setenta cambios de ese tipo. En municipios costeros como Gualchos-Castell de Ferro se han aprobado una treintena, que es la media de las localidades pequeñas, según han confirmado fuentes de la administración autonómica.

Almuñécar, con 120, lidera en solitario y con gran ventaja la lista de municipios de la provincia que recurren a las modificaciones puntuales. La mayoría de estas localidades las aprueban para corregir fallos o deficiencias detectadas en el PGOU en vigor (cambios de rasante, divisiones, etc) pero recurrir a las modificaciones puntuales para cambiar los usos del suelo "es emplear esta herramienta de forma fraudulenta", según han explicado fuentes de la Junta de Andalucía consultadas por este periódico.

De hecho, la administración autonómica ha mantenido -y mantiene- numerosos litigios contra Almuñécar ya que considera que estas modificaciones son en realidad una "modificación sustancial y encubierta" del Plan General de Ordenación Urbana. Esas palabras han sido asumidas por los magistrados del TSJA que anularon, a principios de 2008, dos acuerdos urbanísticos canalizados a través de esta fórmula con el objetivo de construir hoteles. También es cierto que los tribunales han dado la razón en varias ocasiones a Almuñécar en contra del criterio de la Junta, tal y como ocurrió con la alteración del planeamiento (la número 71) que permitió la construcción del hotel Playa de Cotobro.

Las consecuencias de estas modificaciones en Almuñécar no son un asunto baladí. El fiscal acaba de acusar al alcalde Juan Carlos Benavides y al jefe de Urbanismo Gerardo García de dos delitos, uno de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio por los que solicita una condena a un año de cárcel y 18 de inhabilitación especial. También pide que sean condenados a 9 años de inhabilitación el arquitecto municipal José Luis Rodríguez Passolas y el ex secretario del Ayuntamiento Luis Oliveros, acusados de prevaricación.

El Ministerio Público considera que los cuatro actuaron "de común acuerdo y con la finalidad de favorecer en Almuñécar la construcción de diversos hoteles". Para lograr este objetivo efectuaron catorce modificaciones puntuales del PGOU que afectaban a zonas de equipamiento comunitario para darles un uso exclusivamente hotelero. El fiscal insiste en que los acusados "sabían de la ilegalidad que cometían" al intentar "eludir" el procedimiento establecido para los cambios sustanciales, que es la revisión global del PGOU.

Alteraciones. La diferencia entre un sistema y otro radica en que con la modificación puntual no es necesario someterse al control de la Comisión provincial de Ordenación del Territorio. De esta forma, con las 14 alteraciones de las que habla el fiscal, ocho hoteles de la localidad habrían logrado un incremento de ocupación de 89.590 metros cuadrados. Esta superficie, consolidada gracias a las gestiones urbanísticas de Juan Carlos Benavides y su equipo urbanístico, es similar a nueve campos de fútbol.

El fiscal ha pedido en el escrito de acusación presentado en el Juzgado de Instrucción 2 de Almuñécar la demolición "de todo lo indebidamente construido", tal y como informó ayer este periódico.

Reacciones. El edil de IU Fermín Tejero responsabilizó directamente al alcalde de las consecuencias que se deriven de la petición de demolición del fiscal en relación con los excesos urbanísticos propiciados por "las corruptelas" del equipo de gobierno. Tejero añadió que Benavides emplea estas modificaciones puntuales porque la Junta "no permite las pretensiones de este alcalde de arrasar con todo".

El concejal del PSOE Francisco Prados reconoció que la planta hotelera de Almuñécar quedó muy mermada hace años y que fue necesario liberar terrenos. Prados rechazó, no obstante, "el abuso" del alcalde en relación con las modificaciones puntuales.

Este periódico intentó, de nuevo sin éxito, conocer las explicaciones del alcalde o de algún concejal del equipo de gobierno sobre las acusaciones del fiscal y la petición de demolición parcial de ocho hoteles sexitanos.